El PCT expresó en un comunicado al que tuvo acceso Prensa Latina que ese hecho, además de una nueva agresión contra Caracas, constituye una grave violación de la soberanía nacional de República Dominicana.
En ese sentido, la fuerza política presidida por Manuel Salazar instó al presidente Luis Abinader a dar una explicación al pueblo sobre la incautación del avión presidencial en el territorio nacional.
«Estamos ante una violación de la Constitución Dominicana que consagra el respeto a la soberanía de los Estados, la no injerencia en sus asuntos internos o prestar nuestro territorio para agredir a terceros países», señaló el documento suscrito por el Secretariado del Comité Central del PCT.
El partido advirtió que la posición «servil» hacia Estados Unidos merece la condena de todos los sectores nacionales de vocación democrática antiimperialista.
Anoche el canciller dominicano, Roberto Álvarez, desvinculó al Gobierno y al Ministerio Público de la investigación emprendida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que concluyó con la confiscación de un avión oficial de Venezuela.
El funcionario manifestó ante la prensa que el artefacto se encontraba aquí para fines de mantenimiento.
Sostuvo que el Ministerio Público entregó a Washington el avión tras recibir una orden judicial que así lo indicaba, en respuesta a una petición del Departamento de Justicia del país norteño que desde mayo pasado pidió la paralización de la nave «con el fin de realizar registros de evidencias y objetos vinculados a actividades de fraude y contrabando…».
Ante el hecho ocurrido este lunes, el Ministerio de Exteriores venezolano acusó a Estados Unidos de usar su “poderío económico y militar para amedrentar y presionar a Estados como el de República Dominicana, para que sirvan de cómplices en sus actos delincuenciales”.
Caracas calificó el suceso como parte de una escalada de acciones ilegales contra el gobierno de Nicolás Maduro.
Advirtió que «se reserva el derecho de emprender cualquier acción legal para reparar este daño a la nación, así como todos los otros perjuicios causados por la política criminal» de la Casa Blanca.