Ayer la policía de Mali detuvo a cuatro dirigentes de la empresa canadiense Barrick Gold. La medida legal refuerza la presión ejercida por el gobierno de Bamako sobre las empresas extranjeras que saquean los recursos del país. El director general del grupo, Mark Bristow, intentó calmar la situación recordando su voluntad de dialogar con las autoridades, pero sus argumentos no convencieron a Bamako, que mantuvo sus exigencias tributarias.
El nuevo gobierno de Mali exige cantidades considerables a las empresas mineras, tras el descubrimiento de irregularidades fiscales. Una auditoría del sector del oro realizada el año pasado puso de relieve pérdidas importantes para la hacienda pública maliense.
El enfrentamiento con Barrick Gold ha alcanzado proporciones considerables. El gobierno africano exige a la empresa canadiense 500 millones de dólares, de los que ya ha pagado 85 millones, un suma considerada insuficiente por el Bamako.
La reciente experiencia de Resolute Mining, obligada a pagar 160 millones de dólares para obtener la liberación de sus directivos, demuestra la determinación del gobierno.
La política del nuevo gobierno no deja lugar a dudas respecto al sector minero. En octubre del año pasado aprobó una legislación minera que incrementa considerablemente las obligaciones de las empresas extranjeras. La reforma modificó las reglas tributarias para garantizar una mejor redistribución de la riqueza procedente de la minería de oro, lo que colocó al capital extranjero frente a nuevas limitaciones financieras y operativas.
Las detenciones no son las primeras para Barrick Gold, que ya había visto detenidos a cuatro de sus dirigentes en septiembre. Luego negociaron un memorando de entendimiento entre la empresa y el gobierno.
Sin embargo, el gobierno maliense acusa ahora a la empresa canadiense de no respetar sus compromisos.
