Tras el fin de la conferencia climática COP29, celebrada en Bakú, el ambiente es fúnebre. Casi una semana entera de conversaciones y reuniones interminables no parece haber sido suficiente para alcanzar un consenso razonable sobre una serie de medidas prácticas sobre las que había expectativas.
El debate sobre la financiación de las políticas climáticas ha fracasado. Los países emergentes esperaban una política de donaciones anuales de poco más de un billón de dólares para políticas destinadas a la transición energética, pero sólo se transferirán 300.000 millones por año. Pero esos 300.000 millones no necesariamente constituirán donaciones, sino que también podrán realizarse a través de préstamos y otras formas de financiación.
En otras palabras, la financiación climática quiere convertirse en un negocio para los países ricos y un lastre para los demás, con más deudas y más intereses a pagar.
India denunció el resultado final de la cumbre, con el aplauso de Bolivia, Cuba y Nigeria, como una enorme farsa y un insulto de los países desarrollados a los emergentes.
El debate sobre la financiación queda ahora para la próxima COP30, que se celebrará en Brasil el año que viene. El problema es que las posibilidades de que la COP30 avance lo que la COP29 no logró son muy bajas.
Las paranoias climáticas ya no cuelan, entre otras cosas porque los artículos seudocientíficos son cada vez más ridículos y, sobre todo, porque en medio de la crisis económica, es cada vez más difícil avanzar con la transición energética y las políticas descarbonizadoras.
Alemania, por ejemplo, fue uno de los principales impulsores de la histeria climática en el mundo, llegando incluso a cerrar sus centrales nucleares por motivos medioambientales. Afectada ahora por una crisis energética generada por las sanciones a Rusia y la destrucción de NordStream, está reabriendo sus plantas de carbón.
Por su parte, Suecia, que siempre ha estado a la vanguardia de las políticas ambientales, ha comenzado a dar marcha atrás a la mayoría de ellas. El Ministerio de Medio Ambiente ha sido desmantelado y el gobierno ha empezado a priorizar los combustibles convencionales.
En Reino Unido el anterior gobierno de Rishi Sunak ha levantado la prohibición de venta de coches diésel, además de dejar de promover la sustitución de las calefacciones de gas.
Podríamos seguir dando ejemplos de otros países.
Las sanciones a Rusia y la destrucción del NordStream han complicado la situación energética europea, aumentando el coste de la vida, hasta el punto de convencer a los gobiernos europeos de eliminar algunas -al menos- de sus medidas seudoecologistas.
Los países desarrollados construyeron su riqueza saqueando intensivamente los recursos naturales de todo el mundo y contaminando el planeta. Ahora no quieren que otros hagan lo propio y predican restricciones ambientales para limitar el crecimiento de las economías emergentes. A menudo esas imposiciones dañan sectores estratégicos, como la exploración de petróleo y gas, la minería y la agroindustria, que son fundamentales para el desarrollo económico.
Asistimos a la crisis de las políticas verdes, que han dominado la política mundial desde hace algunos años. No obstante, algunos países parecen no haber entendido todavía que solo eran nuevas estrategias del capital para la acumulación y la imposición de formas de control social.
Tras el fin de la conferencia Ambiente fúnebre tras el fracaso de la COP29
Tras el fin de la conferencia climática COP29, celebrada en Bakú, el ambiente es fúnebre. Casi una semana entera de conversaciones y reuniones interminables no parece haber sido suficiente para alcanzar un consenso razonable sobre una serie de medidas prácticas sobre las que había expectativas.
El debate sobre la financiación de las políticas climáticas ha fracasado. Los países emergentes esperaban una política de donaciones anuales de poco más de un billón de dólares para políticas destinadas a la transición energética, pero sólo se transferirán 300.000 millones por año. Pero esos 300.000 millones no necesariamente constituirán donaciones, sino que también podrán realizarse a través de préstamos y otras formas de financiación.
En otras palabras, la financiación climática quiere convertirse en un negocio para los países ricos y un lastre para los demás, con más deudas y más intereses a pagar.
India denunció el resultado final de la cumbre, con el aplauso de Bolivia, Cuba y Nigeria, como una enorme farsa y un insulto de los países desarrollados a los emergentes.
El debate sobre la financiación queda ahora para la próxima COP30, que se celebrará en Brasil el año que viene. El problema es que las posibilidades de que la COP30 avance lo que la COP29 no logró son muy bajas.
Las paranoias climáticas ya no cuelan, entre otras cosas porque los artículos seudocientíficos son cada vez más ridículos y, sobre todo, porque en medio de la crisis económica, es cada vez más difícil avanzar con la transición energética y las políticas descarbonizadoras.
Alemania, por ejemplo, fue uno de los principales impulsores de la histeria climática en el mundo, llegando incluso a cerrar sus centrales nucleares por motivos medioambientales. Afectada ahora por una crisis energética generada por las sanciones a Rusia y la destrucción de NordStream, está reabriendo sus plantas de carbón.
Por su parte, Suecia, que siempre ha estado a la vanguardia de las políticas ambientales, ha comenzado a dar marcha atrás a la mayoría de ellas. El Ministerio de Medio Ambiente ha sido desmantelado y el gobierno ha empezado a priorizar los combustibles convencionales.
En Reino Unido el anterior gobierno de Rishi Sunak ha levantado la prohibición de venta de coches diésel, además de dejar de promover la sustitución de las calefacciones de gas.
Podríamos seguir dando ejemplos de otros países.
Las sanciones a Rusia y la destrucción del NordStream han complicado la situación energética europea, aumentando el coste de la vida, hasta el punto de convencer a los gobiernos europeos de eliminar algunas -al menos- de sus medidas seudoecologistas.
Los países desarrollados construyeron su riqueza saqueando intensivamente los recursos naturales de todo el mundo y contaminando el planeta. Ahora no quieren que otros hagan lo propio y predican restricciones ambientales para limitar el crecimiento de las economías emergentes. A menudo esas imposiciones dañan sectores estratégicos, como la exploración de petróleo y gas, la minería y la agroindustria, que son fundamentales para el desarrollo económico.
Asistimos a la crisis de las políticas verdes, que han dominado la política mundial desde hace algunos años. No obstante, algunos países parecen no haber entendido todavía que solo eran nuevas estrategias del capital para la acumulación y la imposición de formas de control social. COP29, celebrada en Bakú, el ambiente es fúnebre. Casi una semana entera de conversaciones y reuniones interminables no parece haber sido suficiente para alcanzar un consenso razonable sobre una serie de medidas prácticas sobre las que había expectativas.
El debate sobre la financiación de las políticas climáticas ha fracasado. Los países emergentes esperaban una política de donaciones anuales de poco más de un billón de dólares para políticas destinadas a la transición energética, pero sólo se transferirán 300.000 millones por año. Pero esos 300.000 millones no necesariamente constituirán donaciones, sino que también podrán realizarse a través de préstamos y otras formas de financiación.
En otras palabras, la financiación climática quiere convertirse en un negocio para los países ricos y un lastre para los demás, con más deudas y más intereses a pagar.
India denunció el resultado final de la cumbre, con el aplauso de Bolivia, Cuba y Nigeria, como una enorme farsa y un insulto de los países desarrollados a los emergentes.
El debate sobre la financiación queda ahora para la próxima COP30, que se celebrará en Brasil el año que viene. El problema es que las posibilidades de que la COP30 avance lo que la COP29 no logró son muy bajas.
Las paranoias climáticas ya no cuelan, entre otras cosas porque los artículos seudocientíficos son cada vez más ridículos y, sobre todo, porque en medio de la crisis económica, es cada vez más difícil avanzar con la transición energética y las políticas descarbonizadoras.
Alemania, por ejemplo, fue uno de los principales impulsores de la histeria climática en el mundo, llegando incluso a cerrar sus centrales nucleares por motivos medioambientales. Afectada ahora por una crisis energética generada por las sanciones a Rusia y la destrucción de NordStream, está reabriendo sus plantas de carbón.
Por su parte, Suecia, que siempre ha estado a la vanguardia de las políticas ambientales, ha comenzado a dar marcha atrás a la mayoría de ellas. El Ministerio de Medio Ambiente ha sido desmantelado y el gobierno ha empezado a priorizar los combustibles convencionales.
En Reino Unido el anterior gobierno de Rishi Sunak ha levantado la prohibición de venta de coches diésel, además de dejar de promover la sustitución de las calefacciones de gas.
Podríamos seguir dando ejemplos de otros países.
Las sanciones a Rusia y la destrucción del NordStream han complicado la situación energética europea, aumentando el coste de la vida, hasta el punto de convencer a los gobiernos europeos de eliminar algunas -al menos- de sus medidas seudoecologistas.
Los países desarrollados construyeron su riqueza saqueando intensivamente los recursos naturales de todo el mundo y contaminando el planeta. Ahora no quieren que otros hagan lo propio y predican restricciones ambientales para limitar el crecimiento de las economías emergentes. A menudo esas imposiciones dañan sectores estratégicos, como la exploración de petróleo y gas, la minería y la agroindustria, que son fundamentales para el desarrollo económico.
Asistimos a la crisis de las políticas verdes, que han dominado la política mundial desde hace algunos años. No obstante, algunos países parecen no haber entendido todavía que solo eran nuevas estrategias del capital para la acumulación y la imposición de formas de control social.
