El ministro de Asuntos Exteriores británico, David Lamy, ha visitado Túnez como si fuera Papá Noel: con un paquete de “regalos” bajo el brazo para mejorar el empleo de los tunecinos.
El norte de África se ha puesto de moda. La visita sigue a una serie de llegadas de dirigentes europeos y de presiones para que haga concesiones en la cuestión de los emigrantes, a cambio de dinero, camuflado como “ayudas” a la seguridad, sanidad, descarbonización, educación, energía…
La embajada británica en Túnez dijo que la visita de Lamy incluye apoyo a Túnez en la “lucha contra la emigración”, incluso mediante el suministro de drones y equipos de visión nocturna.
Los datos más recientes indican la presencia de más de 50.000 emigrantes en territorio tunecino. De ellos, 7.250 han sido repatriados voluntariamente a sus países de origen a través de programas de retorno en colaboración con la Organización Internacional para las Migraciones.
El objetivo es que Túnez haga lo que Europa no puede: convertirse en el guardián de la frontera sur. Su papel será detener a los emigrantes, encerrarlos en campos de concentración y devolverlos a sus países de origen.
En los últimos años, Túnez se ha convertido en una importante zona de tránsito para miles de migrantes que llegan por tierra a través de las fronteras con los vecinos del sur. Hasta ahora la policía tunecina los expulsaba a Libia… después de maltratarlos sistemáticamente.
El gobierno tunecino siempre había rechazado cualquier intento de asentar a los emigrantes en su territorio, pero el dinero lo cambia todo. Han empezado pensar en organizar su residencia y la mesa del Parlamento tunecino no va a remitir a la comisión competente el proyecto de ley que regula la expulsión de emigrantes.
Los indicios apuntan a la existencia un acuerdo no oficial entre el gobierno tunecino y la Unión Europea para ejercer de gendarmes de la frontera sur. Las últimas estadísticas muestran una disminución del 80 por cien en el flujo de emigrantes africanos que llegan a Europa.
La participación de Túnez en el “proceso de Roma”, que comenzó en julio de 2023, se acordó tras un acuerdo firmado entre Túnez e Italia para establecer un marco jurídico para la emigración.
