Con motivo del Día Mundial de la Salud, el Frente planificó una radio abierta y otros actos con el objetivo de repudiar el desfinanciamiento de los hospitales públicos y la expulsión de numerosos trabajadores durante los últimos meses.
Manifestó que apoyará un paro nacional, anunciado por la Confederación General del Trabajo y otras centrales sindicales para el miércoles y jueves de esta semana.
Por otra parte, expresó su rechazo a la decisión del Ejecutivo de Javier Milei de salir de la Organización Mundial de la Salud (OMS), medida fuertemente cuestionada por agrupaciones políticas, sociales y sindicales que alertan sobre las consecuencias negativas de la misma.
En un comunicado conjunto, la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) y la CTA-Autónoma advirtieron sobre el vaciamiento e inviabilidad operativa de centros paradigmáticos como el Hospital Nacional de Salud Mental Laura Bonaparte, donde fueron despedidas más de 200 personas y no se renovaron más de mil contratos.
En similar situación se encuentran el Posadas y el pediátrico Garrahan.
Se renunció a la producción de medicamentos con el cierre de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos en medio de un aumento desmedido y salvaje del costo de los mismos, señala el texto.
Además, cuestiona el desmantelamiento o reducción de fondos de programas de atención a pacientes de cáncer, tuberculosis, hepatitis B y C y el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), entre otros.
En el marco de una avanzada discursiva homofóbica y antifeminista, se descontinuó la provisión de insumos y anticonceptivos para el programa de Salud Sexual y Reproductiva, se desactivó el de prevención del embarazo adolescente, y otros dispositivos de cuidado y atención de mujeres y diversidades, añade.
También indica que son foco de particular crueldad las políticas para personas con discapacidad, pues se prevé la baja de casi 200 mil pensiones en el presupuesto 2025 y una reducción de un tercio de lo asignado a la agencia que atiende a esos ciudadanos.
Puede decirse, sin dudar, que este proceso de abandono del Estado en su rol de garante del derecho a la salud, se vincula con las ideas y el proceso de la privatización para dejarla en manos de las empresas y el negocio de la enfermedad, indica el documento.
No sólo repudiamos y resistimos este nuevo embate, sino que denunciamos y alertamos sobre el costo en vidas que dicho proceso desencadena. Nos comprometemos a impulsar la movilización unitaria para enfrentarlo, apoyando las luchas de trabajadores, usuarios, organizaciones científicas y sociales, concluye.
