Edurne Batanero (Unidad y Lucha).— El pasado domingo 9 de marzo fue asesinada Belén Cortés en un centro de menores con medidas judiciales en Badajoz, mientras trabajaba. Mucho se ha dicho desde entonces, desde que era cuidadora a cambiar el tipo de centro donde ocurrió, muestra del desconocimiento del sector social. Pero poco se ha oído de las demandas del sector y sobre la responsabilidad primera de la empresa responsable del concierto, y en última instancia de la administración, responsable de los menores y del centro. Las manifestaciones se sucedieron en la semana posterior bajo el lema “Que trabajar no nos cueste la vida: la precariedad laboral en el Tercer Sector mata”
Sabemos que este suceso puede ser usado por la derecha y extrema derecha contra los menores, que en este caso no han podido sacar la carta contra los menores migrantes, y los recursos públicos. Por eso es necesario hablar de cuál es la situación de este sector y sus reivindicaciones, para no permitir el ataque de la extrema derecha a todos los menores en riesgo de exclusión social ni a los recursos de cuidados; un ataque también a los servicios públicos y a quienes excluye este capitalismo caníbal. En este caso, hemos podido ver cómo salían testimonios de una izquierda caritativa, que narraba situaciones sufridas por parte de menores o jóvenes en riesgo de exclusión social, ya sea desde recursos así, voluntariado o educación, siempre responsabilizando al usuario, que tantas veces han sufrido violencia llegando a la muerte, como la del joven de 21 años en el centro de acogida de Alcalá de Henares, o agresiones sexuales como las denunciadas hace poco en el centro de menores de Casa de Campo. Nunca a la empresa, o una sociedad que ha creado guetos y sigue dejando a generaciones sin futuro, sin una vida digna posible. Casos así, requieren procesos de justicia, claro, pero no podemos desviar la atención hacia la responsabilidad de que lleguen a ocurrir, y retirarla de la precariedad, caldo de cultivo de estas agresiones.
Estas situaciones son responsabilidad de un sistema criminal, y no podemos acercarnos hacia ellas como voluntarios o profesionales caritativos con quienes más aísla el capitalismo, quienes desarrollamos esta profesión no podemos dejar el análisis de clase de lado y querer salvar individuos, la única posibilidad para esta juventud en riesgo está fuera del capitalismo, la única forma de desarrollar esta labor de una forma digna para menores y trabajadores pasa por un cambio que puede empezar con un aumento de presupuestos, pero requiere un cambio de paradigma.
Denunciamos que el Estado español deja de velar por la seguridad de usuarios y profesionales a través de los conciertos que realiza de sus recursos, no realiza el seguimiento ni auditorías de las entidades que ganan los pliegos.
El Sistema de Servicios Sociales está privatizado (aunque lo oculten con el nombre de “externalizar”). Esto implica que las condiciones laborales empeoren, con salarios bajos, falta de prevención de riesgos laborales y altos ratios, cuando no llegando a la sobreocupación de los recursos, lo cual implica peor atención a los usuarios y situaciones de riesgo para todas las partes. También, dentro de la propuesta hacia este sector, queremos un sistema 100 % público de intervención con menores donde se les ponga en el centro, reciban una intervención que garantice su protección frente a la vulnerabilidad, una intervención con protocolos que den una solución real al riesgo de estos centros, que no pase únicamente por un cambio de personal social por personal de seguridad, donde, en la actual situación de servicios privatizados, las administraciones continúan admitiendo pliegos sin incluirlo, que implican, de forma inadmisible, que haya trabajadores solos en el turno de noche, o como reivindicaban las compañeras de la Plataforma de atención a la violencia de género de Madrid, cada vez con más requisitos para ser contratada y con peores condiciones, causando bajas por salud física y mental, y alta rotación laboral.
Bajo un sistema de atención 100 % público, debe revisarse la ratio de personal, las medidas de seguridad, los protocolos y recursos adecuados para trabajar con menores con perfiles más complejos, y garantizar unas condiciones laborales dignas y adecuadas.
Es necesario que esto no vuelva a ocurrir, que toda la movilización trascienda este momento concreto, se movilice desde los centros de trabajo, se canalicen las ideas en exigencias, para dotar de los recursos mínimos de una atención digna a todos los recursos del sector social, unas condiciones de trabajo, y de forma organizada presionar a la administración pública bajo la movilización para que esta necesidad social tan esencial deje de estar bajo manos privadas y alejada de un enfoque caritativo.
