En un comunicado, el Departamento de Derechos Humanos y Sociedad Civil de la OLP consideró que esa decisión representa “una flagrante y deliberada violación de las normas más básicas del derecho internacional humanitario”.
El anuncio del Ejército ocupante es una peligrosa escalada en la política de castigo colectivo y limpieza étnica contra nuestro pueblo, subrayó.
Las directrices del liderazgo palestino son claras: es necesario adoptar medidas en todos los niveles políticos, jurídicos y humanitarios para detener esta renovada agresión, que amenaza con desplazar a cientos de familias palestinas, agregó el texto.
Las Fuerzas Armadas israelíes (FDI) notificaron anoche la ola de demoliciones en un plazo de 24 horas.
Los militares divulgaron mapas que mostraban en rojo las viviendas a ser destruidas y otorgaron a sus habitantes un día para evacuar sus pertenencias.
El gobernador de Tulkarem, Abdullah Kamil, condenó la medida y llamó al mundo a detener las acciones del primer ministro Benjamin Netanyahu.
Desde mediados de enero, las FDI desarrollan una amplia ofensiva castrense contra el norte de Cisjordania, en especial en torno a las ciudades de Jenin y Tulkarem y sus respectivos campamentos de refugiados.
Decenas de miles de palestinos huyeron de sus hogares como resultado de la campaña bélica, que destruyó la infraestructura de esas zonas, incluidos calles, viviendas, negocios y redes de agua y electricidad.
