En conferencia de prensa, el secretario de organización del Sindicato Único Nacional de los Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), Yamir Córdoba, indicó que Méndez es víctima de la persecución e intención manifiesta del presidente del país, José Raúl Mulino, de acabar con la organización que lidera protestas populares en defensa de justicia social.
Mulino, en sus habituales conversatorios con medios de comunicación, dijo, se ha referido a los constructores y sus dirigentes como mafiosos, terroristas y maleantes, en total irrespeto, además de acusarlos de desarrollar una agenda oculta que busca desestabilizar el país.
Córdoba explicó que desde la anterior administración de Laurentino Cortizo (2019-2024) el Gobierno ordenó de manera arbitraria el cierre de cuentas bancarias en la Caja de Ahorro.
Esa medida se ha arreciado con el actual Ejecutivo que además ordenó y por primera vez comunicó mediante rueda de prensa la cancelación de la personería jurídica de la Cooperativa de Servicios Múltiples Suntracs, RL, con el argumento de que hay al menos hallazgos que evidencian el presunto incumplimiento de controles o medidas de prevención del blanqueo de capitales.
También han allanado locales de Suntracs, como el de Chiriquí y mantienen en prisión a dirigentes como Jaime Caballero quien permanece en el centro penitenciario La Joya, indicó, al tiempo que responsabilizó al Gobierno de la integridad física del también secretario de relaciones internacionales del gremio.
De otra parte, llamó a la solidaridad de otras organizaciones en el istmo que de oponerse a las políticas públicas como la Ley 462 de la Caja de Seguro Social, al acuerdo suscrito con Estados Unidos que atenta contra la soberanía nacional y la intención de reabrir la mina de cobre de Donoso(Colón), podrían ser objeto de similares medidas de represión.
En la primera reacción del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá luego de emitir un comunicado informando de la llegada de Méndez a la sede diplomática de Bolivia en esta capital, donde recibe protección temporal, el canciller Javier Martínez-Acha aseveró que el líder sindical no es un perseguido político.
Desde el pasado 23 de abril, el istmo es escenario de una huelga indefinida de docentes y constructores, a quienes se han sumado trabajadores del sector bananero en Bocas del Toro y pueblos originarios en rechazo a la norma que regula seguridad social.
Las protestas, las más grandes desde las masivas manifestaciones de octubre y noviembre de 2023 contra la minería metálica a cielo abierto, han obligado a diputados a solicitarle al jefe de Estado una apertura al diálogo, vía que niega de manera constante.
Según el Encargado de Negocios a.i., de la embajada boliviana, Carlos Suárez, la solicitud de asilo político hecha por Méndez será analizada por el Consejo Nacional de Refugiados en La Paz, Bolivia, que determinará si califica para el otorgamiento de ese beneficio.
