Los profesores aseveraron que mantendrán este tipo de protesta al igual que una huelga indefinida comenzada el pasado 23 de abril, desoyendo a la ministra de Educación, Lucy Molinar, quien aseveró que esta semana se retomarían las clases en centros públicos.
En la movilización de este lunes participaron diversos sectores, entre ellos grupos indígenas y constructores.
Según Yadira Pino, representante de la Federación de Trabajadores de la Educación, mantendrán este tipo de caminatas, cadenas humanas, mitines, vigilias y asambleas de padres de familia, además de presentar recursos legales como denuncias penales, demandas y querellas por los abusos de funcionarios contra quienes ejercen su legítimo derecho a huelga.
De otra parte, se conoció que la Alianza Pueblo Unido por la Vida convocó para mañana martes a una marcha nacional que partirá desde el emblemático parque Belisario Porras, en esa capital, también hasta el Legislativo.
El miércoles 28 de mayo, el Frente de Gremios Profesionales, Técnicos y Administrativos del Sector Salud también saldrá a las calles en una movilización que seguirá la misma ruta, exigiendo que se revierta la norma que, según los manifestantes, no resuelve la crisis de la CSS.
Estas movilizaciones se dan en un clima de creciente descontento social, en medio de llamados al diálogo, al que se opone el presidente de la República, José Raúl Mulino.
Abdiel Becerra, de la Asociación de Profesores de Panamá indicó que las protestas también rechazan un memorando suscrito por el Gobierno con Estados Unidos en abril último que permite el uso del territorio nacional para el establecimiento de bases militares.
Otro de los reclamos al Ejecutivo es que respete el fallo de la Corte Suprema de Justicia de noviembre de 2023 que indicó el cierre de operaciones en la mina de cobre de Donoso(Colón), en medio de un creciente rechazo a la minería metálica a cielo abierto.
En la jornada un grupo de aboga indos independientes emitió un comunicado titulado «Pronunciamiento al país: Estado constitucional de derecho y garantías fundamentales» para recordar que la democracia debe atender las necesidades sociales, económicas, políticas y culturales de la población.
El mensaje advirtió que el uso del derecho penal como herramienta para reprimir la protesta social representa una amenaza grave a la libertad de expresión y a las garantías democráticas, haciendo un llamado al jefe de Estado a respetar estos derechos y a no fomentar un clima de violencia y exclusión.
En los últimos días arrestaron y mantienen en cárceles de máxima seguridad a dirigentes del sindicato de la construcción como Jaime Caballero y Genaro López, mientras el líder de ese gremio, Saúl Méndez, buscó refugio en la embajada de Bolivia, que le ofreció protección temporal, debido a amenazas para su vida.
