Lo que mostraba el pasado artículo de El País sobre los pagos de la Comunidad de Madrid (CAM) a Quirónsalud —empresa vinculada al círculo íntimo de Isabel Díaz Ayuso— no es solo un caso aislado de mala gestión, sino la punta del iceberg de un modelo sistemático de privatización. Bajo la retórica de “regularizar deudas” y “eficiencia privada”, se esconde un mecanismo perfectamente engrasado de transferencia de fondos públicos a manos privadas, precarización laboral y deterioro del servicio público. Este escándalo, lejos de ser una anomalía, ejemplifica la connivencia entre el gobierno del PP madrileño y los grandes grupos sanitarios privados, en lo que constituye una contrarreforma sanitaria progresiva y calculada.
La deuda es usada como una herramienta de lucro para que el capital financiero se alimente de lo público. Los datos desnudan esta realidad.
Según fuentes oficiales, el 50% de la deuda se ha venido pagando con 2 años de retraso (Cámara de Cuentas de 2022), el 30% de la deuda con 1 año (Portal de Transparencia de la CAM) y el 20% de la deuda con más de 3 años de retraso, según se confirma en sentencias judiciales, como la del hospital Rey Juan Carlos de Móstoles o la del Hospital General de Villalba. Esto supone que, teniendo en cuenta que el interés de demora que se ha venido aplicando es del 6% y del 8% y teniendo en cuenta las deudas anuales de entre 2017 y 2024, que suman un total de 4.107 millones de euros, en 7 años la CAM ha pagado a Quirón entre 500 y 650 millones de euros en intereses, fruto de retrasos estratégicos en el pago de facturas. ¡Esta cifra equivale al presupuesto anual de dos hospitales públicos de tamaño medio!
Además, existen unos sobrecostes sistemáticos que oscilan entre el 30% y el 94% en los precios de los servicios básicos (Cámara de Cuentas de 2023) que provocan que los madrileños paguemos mediante impuestos más por el mismo servicio al recurrir la Comunidad de Madrid a Quirónsalud en lugar de reforzar la sanidad pública. En la siguiente tabla comparativa se puede comprobar lo que la clase obrera madrileña paga en demasía por los servicios:
| Servicio | Coste Público (€) | Coste Quirón (€) | Diferencia | Explicación Técnica |
| Parto sin complicaciones | 1.800 | 3.500 | +94% | Quirón cobra casi el doble por el mismo servicio |
| Cirugía de cadera | 6.200 | 9.800 | +58% | Incluye “costes de gestión” adicionales |
| Consulta traumatología | 120 | 220 | +83% | Tarifa por “priorización en agenda” (no mejora tiempos reales) |
| Resonancia magnética | 250 | 450 | +80% | La CAM paga casi el doble |
| 6 sesiones de quimioterapia | 8.000 | 14.000 | +75% | Margen de beneficio del 35% sobre coste real |
| Cirugía cataratas | 1.500 | 2.700 | +80% | Mismo equipo, coste mayor |
Otra cuestión vinculada es la deuda deliberadamente inflada. Entre 2019-2021, la deuda con Quirón superó los 1.000 millones, alcanzando un récord de 1.248 millones en 2020, coincidiendo con el inicio del mandato de Ayuso. La Ley 3/2004 de Lucha contra la Morosidad establece que las administraciones públicas deben pagar a los proveedores en un plazo máximo de 30 días (o 60 si está justificado), y el incumplimiento genera intereses de demora automáticos. El Informe de Fiscalización de la Cámara de Cuentas de 2022 criticó la gestión negligente de deudas de la Comunidad de Madrid con hospitales privados (incluido Quirónsalud) donde se evidenció que la CAM acumuló deudas con hospitales privados entre 1 y 4 años sin justificación técnica válida, que no existían protocolos para priorizar pagos a proveedores críticos (como hospitales) a pesar de que la Ley de Morosidad obliga a liquidar en 30-60 días, y que la CAM no desglosaba en sus presupuestos los intereses por morosidad, sino que los incluía en partidas genéricas como “gastos financieros”. Y como añadido, también se descubrió que algunos contratos con Quirón incluían cláusulas de intereses de demora del 8% anual, muy superiores al interés legal del dinero que es en torno al 5%. Entonces, ¿por qué se firmaron?
Esta morosidad no es incompetencia, sino una política de clase consciente que cumple tres objetivos:
- Transferencia de plusvalía desde lo público hacia los accionistas de Fresenius (multinacional alemana propietaria de Quirón), a través de intereses usurarios (hasta 8% anual, muy por encima del interés legal del dinero).
- Erosión planificada de la sanidad pública, creando la falsa narrativa de “ineficiencia” para justificar más privatizaciones.
- Precariedad laboral, al someter a los trabajadores sanitarios a peores condiciones para maximizar beneficios.
Como denunciaba Lenin en El Estado y la revolución, el Estado burgués no es neutral sino que actúa como “un comité que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa”. El gobierno de Ayuso ejemplifica esta tesis, funcionando como un brazo ejecutivo de los intereses de Quirón/Fresenius.
¿El entramado Ayuso-Quirón forma parte de la corrupción estructural?
Las conexiones entre el poder político y Quirón son obscenas. Alberto González Amador, pareja de Díaz Ayuso, trabajó para Quirónprevención (filial del grupo) mientras su empresa recibía contratos de esta misma subsidiaria. A eso se le suma que en 2022 hubo pagos acelerados a Quirón del gobierno de Ayuso de 1.278 millones, un pago masivo que redujo la deuda con Quirón en un 60% en solo 6 meses coincidiendo con la investigación judicial por el caso de las mascarillas (contrato a una empresa vinculada al hermano de Ayuso) y la publicación de informes críticos de la Cámara de Cuentas sobre la deuda entre la CAM y Quirón.
Jurídicamente hablando, el adelanto de pagos de deuda podría tener implicaciones legales estratégicas y podría servir como atenuante de “reparación de daño” (Art. 21.5 Código Penal) si la CAM demostrara que fueron por errores burocráticos, y también podría servir para debilitar una posible acusación de corrupción al mostrar “voluntad de regularizar” y evitar agravantes por el daño continuado al erario público (Art. 433 CP). En 2019, el Tribunal Supremo absolvió a un ayuntamiento por retrasos en pagos al demostrar que fueron “involuntarios” y se regularizaron. Entonces, ¿el pago masivo del 60% en 2022 responde a una buena gestión financiera, como nos intenta convencer El País en su artículo, o más bien a una estrategia judicial del gobierno de Ayuso al estar en el punto de mira?
Todo esto evidencia que el Estado burgués (la CAM) no “regula” a los monopolios, sino que está al servicio de ellos, creando un circuito de enriquecimiento ilegítimo a costa de los trabajadores y los servicios públicos, donde:
- Las privatizaciones no responden a criterios de eficiencia, sino a circuitos de enriquecimiento empresarial.
- El Estado es capturado por intereses particulares, como demuestra que el 13% de la deuda global de Fresenius provenga solo de la CAM.
- Se crea una burguesía parasitaria que no innova ni invierte, sino que extrae rentas de lo público.
¿Cómo afecta todo esto a la clase trabajadora?
El modelo privatizador multiplica la tasa de explotación con reducciones de salarios, condiciones draconianas, más inestabilidad e intensificación del trabajo, lo que supone también una disminución de la calidad de la atención sanitaria.
En enfermería, el salario medio en Quirón es de 1.980€ frente a los 2.450€ en la pública, una diferencia del 19% que se traduce directamente en mayor plusvalía para el empresario. Los médicos residentes (MIR) en Quirón cobran 1.550€ frente a los 1.950€ de la pública (datos CESM 2024). El 32% de los trabajadores de Quirón en Madrid son temporales frente al 8% en la sanidad pública con contratos basura que imposibilitan la planificación vital. La ratio paciente/enfermera es 1:12 en Quirón frente a 1:8 en la pública, suponiendo un 50% más de carga laboral, provocando como consecuencia directa un 23% más de errores de medicación (Informe de Seguridad del Paciente, 2023), donde encima el 18% de las horas extra no son pagadas (denuncias de SATSE, 2023). Quirón recurre a subcontratación a través de empresas como Templo S.L. (ETT), que pagan un 30% menos que el convenio público y los falsos autónomos son una constante, con 89 fisioterapeutas identificados como falsos autónomos en una sentencia del TSJM de 2023. Y también invierten menos en formación, siendo una media de 120€ por trabajador en Quirón y 580€ en la pública.
Según costes reales de la Cámara de Cuentas de la CAM (2023) de servicios sanitarios, incluyendo atención a pacientes, procedimientos, etc., y según las tablas salariales de los convenios laborales, siguiendo la fórmula “Tasa de plusvalía = Plusvalía / Capital variable (salarios) x 100”, en el área de enfermería se comprueba que en la pública por cada 100€ de salarios se generan 89€ de plusvalía y en Quirón los mismos 100€ generan 142€ de plusvalía. ¿Dónde va ese 53% extra de Quirón, en beneficio de los pacientes?, porque en mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores ya hemos visto que no: Fresenius repartió 1.200 millones en 2023 a sus accionistas, el CEO de Quirón cobró 2,3 millones en 2023, gastos de 4,7 millones en “relaciones institucionales” (el tráfico de influencias de toda la vida).
Todo esto tiene consecuencias directas para la clase obrera, con un encarecimiento de los servicios sanitarios que pagamos a base de los impuestos que la CAM regala a Quirón y con un empeoramiento de las condiciones laborales de los empleados del sector sanitario y del servicio que recibimos como pacientes, porque pasamos de ser pacientes a ser clientes, como ha quedado demostrado en los párrafos anteriores. Aun siendo evidente esta realidad, hay quien se empeña en deformarla para ocultarla.
¿Cuál es el papel de los medios de comunicación como El País en todo esto?
El País —que ha recibido 295.000€ en subvenciones directas en 2022, y entre 2021 y 2023 1,2 millones € en contratos de publicidad institucional de la CAM— oculta deliberadamente los vínculos corruptos Ayuso-Quirón; que los sobrecostes no mejoran el servicio ni condiciones laborales, sino que financian dividendos; el sabotaje planificado a lo público para justificar más privatizaciones; el aumento de la precariedad laboral y las condiciones de vida de la clase trabajadora; y que las deudas de la CAM con Quirón no son errores burocráticos, sino favores institucionales.
Como enseñaba Rosa Luxemburgo, la prensa burguesa es “un instrumento de dominación ideológica”. Su silencio y tergiversación sobre la explotación y robo de dinero público en Quirón lo confirma.
Una vez desglosada toda la problemática y sus causas, podríamos pensar que la solución pasaría por medidas como 1) anulación de la deuda de la CAM con Quirón por ilegítima, fruto de jugar con la vida de la población al hacer negocio de la salud; 2) expropiación sin indemnización de Quirón y toda empresa privada del sector sanitario y reintegración a la red pública, para garantizar que el objetivo sea cubrir necesidades, no lucrarse a costa de ellas; 3) prohibición de la especulación con la salud eliminando la posibilidad de crear empresas privadas en el sector sanitario para garantizar su gestión de calidad y universal; 4) ilegalización de todas las ETTs, las cuales se lucran de la inestabilidad laboral.
Ahora bien, ¿es posible que estas medidas básicas sean llevadas a cabo por los partidos integrados en el Estado español bajo el marco legal de una economía de mercado, cuyo objetivo es convertir todo en mercancía y darle un valor de cambio en lugar de un valor de uso?, ¿o eso es más bien una utopía ya que la soberanía de nuestro país está secuestrada por quien es propietaria de los medios de producción, de las fábricas, minas, transporte, telecomunicaciones, etc., en detrimento de la clase obrera que es quien produce dicha riqueza con el valor que genera con su fuerza de trabajo?
La postura de la Ministra de Sanidad Mónica García, que antes denunciaba la privatización y ahora defiende alianzas público-privadas, ejemplifica los límites de la política institucional.
Deberíamos preguntarnos: ¿en qué momento de la historia unas elecciones han derrotado al capital privado y han reinvertido la riqueza creada por la clase obrera en su beneficio? La historia demuestra que las mayorías electorales bajo Estados burgueses chocan con límites violentos: en la España del 36, el Frente Popular —pese a su programa reformista— no pudo evitar el golpe fascista, y las expropiaciones de tierras (como en Extremadura) o industrias fueron impulsadas por las bases obreras y campesinas organizadas en milicias, no por decreto gubernamental. En 1973 en Chile, Allende —elegido en urnas— fue derrocado y asesinado al nacionalizar el cobre y avanzar en reformas agrarias. Ambos casos muestran que, sin ruptura con el sistema, la salud seguirá siendo mercancía, al igual que la vivienda, la educación, la electricidad, etc.
Es hora de tomar partido.
La conciencia de clase no es una abstracción, nace cuando los trabajadores reconocen su lugar en la cadena de explotación, cuando comprenden que sus intereses son irreconciliables con los de la burguesía, y cuando asumen que ninguna mejora real es posible dentro del capitalismo.
Nuestra tarea es clara, 1) desenmascarar el sistema que convierte la salud en mercancía y a los trabajadores en piezas reemplazables; 2) organizar la resistencia en centros de trabajo, barrios, hospitales, etc., construyendo poder obrero frente a la patronal y sus cómplices políticos, luchando codo con codo para generar conciencia de clase; y 3) luchar contra las ilusiones reformistas y avanzando en la dirección revolucionaria, por el derrocamiento del sistema capitalista imperante hoy y por la construcción del Socialismo como única salida para la clase obrera.
No nos faltan razones, sino organización.
¡La salud es un derecho, no un negocio!
¡Romper con el sistema o seguir siendo sus víctimas!
¡Solo la lucha de clases cambiará esta realidad!
¡Organízate en el PCOE!
Partido Comunista Obrero Español (PCOE) – Célula Stalin, Madrid
