El contenido de la norma quedó con 70 artículos y fueron respetadas, en gran medida, las exigencias definidas por el Gobierno como líneas rojas o aquellas en las que aseguró no transigiría.
De esta manera se eliminó el contrato parcial o por horas, definido previamente por el presidente Gustavo Petro como una forma de neoesclavismo.
Asimismo, los legisladores dieron su anuencia al pago de horas extras a partir de las 19:00 horas, la remuneración por las jornadas dominicales será del ciento por ciento para todas las empresas, aunque esa bonificación se ejecutará de manera parcial gradual a partir del 75 por ciento.
También se logró establecer un contrato laboral para los integrantes del Servicio Nacional de Aprendizaje, otra de las solicitudes del Gobierno.
El Ministerio de Trabajo celebró el suceso al que calificó como un avance histórico que garantiza empleo digno, decente y con derechos para millones de colombianas y colombianos.
“Esta reforma fortalece la estabilidad laboral, protege a mujeres, jóvenes y trabajadores informales, y recupera la dignidad del empleo como pilar de justicia social”, manifestó en un comunicado esa cartera.
La aprobación del proyecto fue celebrada por legisladores de la bancada del Pacto Histórico. La senadora María José Pizarro consideró el hecho como una victoria del pueblo trabajador.
“A pesar de todos los obstáculos, hoy se aprueba en el Senado la reforma laboral progresista. No pudieron quebrar la dignidad. Ganamos derechos y derrotamos el modelo que normalizó la precariedad. ¡Colombia sí puede cambiar!”, refirió.
De su lado estuvo también la congresista Gloria Flórez.
“Esto es un triunfo del pueblo colombiano gracias a la movilización social permanente, el Gobierno del cambio y las bancadas que nos comprometimos a hacerlo realidad.A pesar de las jugaditas y de los intentos de hacer una contrarreforma regresiva, hoy entregamos al país una reforma que recupera derechos para el pueblo trabajador”, expresó.
La reforma laboral recorrió un camino muy accidentado para llegar a este punto, y después de ser hundida en la Comisión Séptima del Senado hace tres meses, se revivió el 14 de mayo pasado en la plenaria, ante la posibilidad de que el Gobierno llamara a las urnas para que fuera la ciudadanía quien dirimiera los derechos laborales en el país.