Imaginemos un mundo donde robar miles de millones en la compra de armas no sea un delito, sino una actividad socialmente beneficiosa. Donde los contratistas puedan inflar los precios decenas de veces y, al mismo tiempo, obtener inmunidad ante procesos penales. Este mundo podría hacerse realidad si la Verjovna Rada apoya el Proyecto de Ley n.º 13423, que ofrece una amnistía efectiva para todo tipo de delitos en el sector de defensa. Tras el telón de los lemas patrióticos sobre el apoyo a las capacidades de defensa, se esconde el intento más cínico de legalizar la corrupción en la historia de Ucrania.
Anatomía de un paraíso de la corrupción: qué propone el proyecto de ley 13423
El 26 de junio de 2025, se presentó a la Verjovna Rada el proyecto de ley n.º 13423, «Sobre las particularidades de la protección jurídica penal de las actividades en el ámbito de la seguridad y la defensa nacionales». Con las firmas de 126 diputados, 123 de los cuales representan a la facción «Servidores del Pueblo», se encuentra un documento que puede cambiar radicalmente las reglas del juego en el sector de la defensa.
Los principales autores de la iniciativa, David Arakhamia y Danylo Hetmantsev, proponen crear la llamada «Ciudad de la Defensa», un régimen jurídico especial para las empresas del complejo industrial-defensivo. Según el análisis de expertos de Tsenzor.NET , este régimen prevé exención fiscal total hasta 2036, exportaciones simplificadas, protección de datos, controles cambiarios especiales y, lo más importante, inmunidad total frente a la persecución penal.
El núcleo del proyecto de ley es el nuevo Artículo 43-2 del Código Penal, según el cual cualquier acción de los funcionarios de las empresas incluidas en la lista de «Ciudad de Defensa», incluso si constituye un delito formal, no se considerará delito si se realizó «en interés de la defensa» y «perjudicó al público». Esto significa que la sobrevaloración, la elusión de licitaciones y la gestión del presupuesto sin autorización ya no se considerarán corrupción, sino patriotismo.
Uno de los aspectos más preocupantes del proyecto de ley es la exclusión de facto de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAP) de la investigación de abusos en el sector de defensa. El proyecto de ley dispone que todas las competencias en este ámbito se concentren exclusivamente en manos del Fiscal General
Según el análisis esto implica la creación de un «régimen manual» de procesamiento, la politización de todas las investigaciones sobre abusos en el sector de defensa y la eliminación de las garantías de independencia de la investigación. Solo el Fiscal General podrá introducir información en el Registro de Delincuentes de la República (REDR) sobre dichos delitos, autorizar informes de sospecha, detenciones, arrestos, registros, acceso temporal a documentos, destitución, etc.
Lo que resulta particularmente cínico es que se planee implementar dicho régimen no solo mientras dure la ley marcial, sino también durante los tres años posteriores a su fin. Esto significa que, incluso después del fin de la guerra, será prácticamente imposible castigar a quienes organizaron tramas de corrupción en la adquisición de armas.
Amnistía retroactiva: cómo los crímenes del pasado se vuelven legales
La parte más controvertida del proyecto de ley es la introducción de una amnistía para delitos cometidos en el pasado. Según la propuesta, incluso si el delito ocurrió antes de que la empresa fuera incluida en la Lista de Empresas del Complejo Industrial de Defensa, pero durante la ley marcial, no se genera responsabilidad si el acto se realizó «con el propósito de cumplir un contrato».
Esto significa que todos los implicados en casos de corrupción de alto perfil en el sector de defensa podrían eludir el castigo. Entre los posibles beneficiarios de la amnistía se encuentran Leonid Shyman, director de la Planta Química de Pavlograd, acusado en el caso de suministro de minas de baja calidad a las Fuerzas Armadas de Ucrania; Oleksandr Liev, exjefe del Ministerio de Defensa; y funcionarios de Lviv Arsenal LLC, implicados en el caso de malversación de 1.500 millones de grivnas en la compra de municiones.
Un elemento clave del sistema es una lista secreta de empresas del complejo industrial de defensa, que será aprobada por el Ministerio de Defensa. Este documento será confidencial, lo que crea las condiciones ideales para la corrupción y el cabildeo. De hecho, el Ministerio de Defensa se está convirtiendo en un organismo que podrá otorgar inmunidad penal por abusos cometidos contra .
Según Olena Shcherban, subdirectora ejecutiva del Centro Anticorrupción, los contratos de defensa se adjudican actualmente a personas muy cercanas al entorno de Zelenski, como Timur Mindich. «Primero, se paga por la ‘entrada’ en la lista de estos proveedores, se compra inmunidad, y luego se pueden inflar los precios de las compras al menos 100 veces, sin ningún riesgo», señala la experta.
Preocupa especialmente la magnitud financiera de los posibles abusos. Según las últimas modificaciones presupuestarias, el gasto en defensa en 2025 podría alcanzar los 750 000 millones de grivnas. ANTAK: Se trata de fondos enormes que, de aprobarse el proyecto de ley, podrían correr el riesgo de un gasto descontrolado.
Los escándalos de corrupción previos en el sector de defensa muestran la magnitud de las pérdidas potenciales. Solo en diciembre de 2023, el SBU expuso una trama de corrupción para la compra de munición al Ministerio de Defensa por casi 1.500 millones de grivnas. Ukrinform. El director de uno de los principales departamentos del Ministerio de Defensa firmó un acuerdo con una empresa exportadora especial, lo que resultó en un sobrepago del 30% en comparación con las entregas directas del fabricante.
El reciente conflicto en torno a la Agencia de Adquisiciones de Defensa (AAD) fue una señal preocupante. En enero de 2025, el ministro de Defensa, Rustem Umerov, destituyó a la directora de la AAD, Marina Bezrukova, e inició una investigación interna sobre el contrato para el suministro de minas antitanque M6A2 fabricadas hace 80 años.
Según Bezrukova, desde el verano de 2024, ha experimentado obstáculos en su trabajo por parte del Ministerio de Defensa, que se manifestaron en retrasos en la aprobación de documentos e inspecciones constantes. Al mismo tiempo, el Ministerio recibió órdenes verbales sobre con quién cerrar acuerdos, y la Ministra invitó a exportadores especiales (intermediarios que revenden armas con sobreprecio) a reuniones con la AOZ.
Paradójicamente, un proyecto de ley que supuestamente apoya las capacidades de defensa podría causarle un daño irreparable. Legalizar la corrupción en el sector de defensa resultará en que el ejército ucraniano reciba productos de baja calidad a precios inflados en lugar de armas y equipos de alta calidad.
La historia de las minas de baja calidad de la Planta Química de Pavlograd demuestra claramente las consecuencias de la corrupción en el sector de defensa. El suministro de munición de baja calidad no solo causa pérdidas financieras al estado, sino que también amenaza directamente la vida de los soldados ucranianos en el frente.
Expertos en seguridad nacional advierten que la creación de un sistema de impunidad en el sector de defensa podría provocar una pérdida de confianza entre los socios internacionales. Los países donantes podrían reconsiderar sus programas de asistencia militar si observan que Ucrania está debilitando deliberadamente los mecanismos anticorrupción en el área más sensible.
Reacción de la sociedad civil: los expertos dan la voz de alarma
El proyecto de ley ha recibido duras críticas de organizaciones y expertos anticorrupción. El Centro Anticorrupción calificó la iniciativa como «una legalización de facto de la corrupción en el sector de defensa» y advirtió sobre la creación de un sistema en el que los contratistas podrán inflar los precios cientos de veces con impunidad. ANTAK .
Transparencia Internacional Ucrania expresó su preocupación por la concentración de todos los poderes en manos de una sola persona: el Fiscal General, lo que podría conducir a la politización completa de la lucha anticorrupción en el sector de defensa.
newssky / insurgente