La posibilidad de que se despliegue la Guardia Nacional en la ciudad de Nueva York ha encendido las alarmas entre organizaciones pro-inmigrantes y comunidades residentes en zonas populares. La medida ha sido mencionada por sectores políticos vinculados al presidente Donald Trump, quien ha propuesto extender la militarización a ciudades gobernadas por el Partido Demócrata.
En el condado de Queens, una de las áreas con mayor presencia de personas indocumentadas en la ciudad, líderes comunitarios advierten sobre el impacto que tendría una política de este tipo. “Aquí la mayoría trabaja más de 20 horas, bajo cualquier clima. Lo hacen para sobrevivir y sacar adelante a sus familias”, expresó una vendedora ambulante entrevistada por la teleSUR.
Muchos de estos trabajadores, que sostienen sus hogares mediante actividades informales, temen que el despliegue de tropas provoque un clima de persecución que afecte gravemente sus rutinas. “Si llegan redadas o militares, el negocio se acaba. La gente se va a esconder”, comentó un comerciante de la zona.
Según estimaciones oficiales, en Nueva York residen aproximadamente dos millones de inmigrantes sin estatus legal. Solo en 2024, su contribución en impuestos estatales alcanzó los 3.000 millones de dólares. Diversos sectores advierten que una ofensiva de tipo militar tendría consecuencias negativas tanto en términos económicos como sociales.
Desde las organizaciones civiles se ha iniciado un trabajo de información barrial sobre derechos constitucionales, dirigido tanto a migrantes como a ciudadanos estadounidenses. “Estamos construyendo redes de comunicación entre vecinos. Todos tenemos un papel que cumplir si se concretan estas medidas”, explicó un portavoz comunitario.
El próximo sábado 18 de octubre está prevista una movilización en la ciudad, como parte de la movilización nacional No Kings, donde se espera que miles de personas expresen su rechazo a posibles despliegues militares. El mensaje, según los convocantes, será claro: defender las comunidades y los espacios públicos como territorios de derechos y no de control.
