La comunidad Mapuche Pillañ Mawiza, Corcovado, Chubut, emitió un comunicado denunciando que el Gobierno del presidente argentino Javier Milei emprende una «perversa y criminal» campaña con el objetivo de arrebatarles sus territorios ancestrales e «introducir en ellos los tentáculos extractivistas de empresas pertenecientes al sionismo internacional».
Para justificar esta acción, el Gobierno estaría utilizando el aparato propagandístico del Ministerio de Seguridad, financiado con fondos públicos, para difundir la «mentira» de que el pueblo mapuche es una amenaza terrorista.
La misiva recuerda que «desde su nacimiento el Estado Argentino ha cometido genocidio y ocupación violenta de nuestros territorios», criminalizando continuamente las demandas territoriales y los derechos a la salud ancestral y la educación intercultural.
Estas políticas de odio, implementadas en los ámbitos judicial, legislativo y social, son calificadas como «profundamente racistas» y un «adoctrinamiento de la casta que históricamente se ha beneficiado del genocidio».
Adicionalmente, aseguran sufrir una persecución política con características similares a las de la última dictadura militar. Detallan vigilancia constante con vehículos sin identificación, drones, personas de civil cerca de sus domicilios, intervención telefónica, cierre de cuentas bancarias, retirada de programas sociales y amenazas de muerte.
Ante estos hechos, la comunidad Mapuche-Tehuelche afirma que el Estado está diagramando un «apartheid en la Patagonia», cuyo proyecto de muerte no solo busca el desalojo, sino el exterminio del pueblo indígena.
El Lof Mapuche Pillañ Mawiza interpela directamente a la sociedad civil argentina, cuestionando su «silencio cómplice» y preguntando si las acciones llevadas a cabo con el dinero de los contribuyentes cuentan con el apoyo social para configurar un «estado de excepción» contra su pueblo.
Las denuncias mapuches de persecución se enmarcan en un contexto de violencia estatal contra los pueblos originarios en Argentina. Recientemente, la Defensoría Pública del Chaco relevó que al menos 85 integrantes de la comunidad Qom de Villa Río Bermejito terminaron heridos tras una represión policial desatada durante una protesta pacífica que buscaba la restitución de beneficios sociales, como pensiones y la Asignación Universal por Hijo.
La defensora adjunta del Chaco, Gisela Gauna Wirz, reportó que los heridos, muchos con lesiones graves, mostraron temor a denunciar las agresiones. El Comité contra la Tortura del Chaco condenó el incidente y afirmó que «la represión a una protesta social pacífica constituye un hecho de extrema gravedad«, demandando el respeto a los principios de necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza estatal.