El panel de jueces, de mayoría conservadora, concedieron una solicitud de emergencia presentada por el gobierno, que busca revocar una política introducida durante el gobierno de Joe Biden (2021-2025) que permitía marcar con una “X” el género; sin embargo, con el fallo de este jueves se limitará al sexo asignado al nacer.
“Mostrar el sexo asignado al nacer de los titulares del pasaporte no viola los principios de igualdad ante la ley más que mostrar su país de nacimiento; en ambos casos, el gobierno simplemente da fe de un hecho histórico sin someter a nadie a un trato discriminatorio”, consideró la corte en una orden sin firma.
Sin embargo, las tres magistradas liberales del tribunal disintieron de la conclusión, porque “el Gobierno pretende imponer de inmediato una nueva política de dudosa legalidad, pero no ofrece pruebas de que sufrirá daño alguno si se le impide hacerlo temporalmente”, escribió la jueza Ketanji Brown Jackson.
En un voto particular disidente, Brown subrayó que “los demandantes estarán expuestos a un perjuicio inminente y concreto si la política entra en vigor”.
Desde 1992, el Departamento de Estado permitió que, en determinadas circunstancias, las personas elijan un marcador de género masculino o femenino que no corresponda a su sexo asignado al nacer.
Pero en 2021, la administración Biden introdujo la opción ‘X’ facilitando el proceso para las personas transgénero al eliminar la necesidad de motrar evidencias médicas de transición de género.
Ahora la política de Trump implicará en la práctica que los transgénero, incluso si ya completaron su transición y cuentan con sus registros médicos como prueba, no podrán tener marcadores de género que correspondan a su identidad.
Al asumir el cargo en enero, Trump anunció la derogación de la norma de Biden y también afirmó que son dos sexos, masculino y femenino, y que las personas deben tener pasaportes que reflejen el asignado al nacer.
La política de Trump la impugnaron varias personas transgénero, quienes argumentaron que viola su derecho a la igualdad ante la ley, amparado, en especial, por la Quinta Enmienda de la Constitución.
