Por Álvaro Verzi Rangel/CLAE/Sur y Sur.
Según el diario estadounidense The New York Times, la administración Trump sopesa planes para llevar a cabo ataques contra objetivos militares y tomar los campos petrolíferos venezolanos. Mientras el papa León XIV exhortó al diálogo entre Estados Unidos y Venezuela, los líderes de la Caribe Oriental reclamaron «paz, diálogo y seguridad», en el marco del amplio despliegue militar de Estados Unidos.
El Senado de Estados Unidos debatió y votó una resolución bipartidista que limita la posibilidad de ordenar acciones militares contra Venezuela sin autorización del Congreso. El texto —impulsado por senadores de ambos partidos— busca reafirmar las prerrogativas legislativas frente a un Ejecutivo que ha combinado señales de fuerza en el Caribe con justificaciones legales ambiguas. El movimiento del Senado apunta a delimitar la discrecionalidad presidencial en un escenario de alta tensión. Incluso con matices y resistencias internas, la señal es clara: toda escalada bélica hacia Venezuela debe pasar por el Capitolio.
En términos de gobernanza, es un recordatorio de que la política exterior estadounidense no es unipersonal, especialmente cuando conlleva costos estratégicos, financieros y humanitarios. La resolución no “ata las manos” del presidente frente a incidentes concretos en el mar Caribe —por ejemplo, operaciones contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico—, pero sí eleva el umbral político y legal para cualquier acción directa en territorio venezolano. En la práctica, encarece una intervención: demanda consensos, votos y exposición pública de la justificación estratégica.
La resolución bipartidista significa una desescalada relativa: reduce el margen para operaciones unilaterales de alto perfil y empuja a Washington a gestionar alianzas y narrativas antes de usar la fuerza. Significa una ventana diplomática (actores regionales como Caricom, Brasil, México, ganan espacio para mediaciones y garantías), mientras al bajar la probabilidad de conflicto abierto, mejora el ánimo de corto plazo, aunque persisten primas de riesgo por la volatilidad política.
¿Preparados para un ataque?
“Un avión de transporte militar ruso Il-76 aterrizó en Caracas en medio de rumores de un ataque estadounidense contra Venezuela”, indica el diario ruso Pravda. «Rusia podría suministrar sus misiles hipersónicos más avanzados a Venezuela”, según el británico The Telegraph.
Asimismo, el presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva señaló que la cumbre de la Celac ‘no tiene sentido’ si no habla de los ataques de EEUU, y Kaja Kallas, portavoz de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, dijo que “solo se puede usar fuerza contra otro país en defensa propia o con resolución ONU”. Mientras, China “se opone a cualquier intento de socavar la paz y la estabilidad en América Latina y el Caribe,”, informó el diario estadounidense Miami Herald.
Maricori y la defensa de la nación
El más reciente Monitor País de la encuestadora Hinterlaces, correspondiente a octubre de 2025, muestra que una amplia mayoría de los venezolanos mantiene una postura firme frente a posibles amenazas externas. El 83% de los participantes manifestó que estaría dispuesto a enfrentar una invasión militar extranjera. Solo seis por ciento dijo que no lo haría, mientras que 11% prefirió no responder.
Estos datos reflejan una marcada disposición a la defensa nacional y un sentimiento patriótico que trasciende las diferencias políticas o ideológicas.
El 89% de los encuestados considera que dicha acción tendría como propósito derrocar al presidente Nicolás Maduro para apoderarse del petróleo, mientras que apenas 6% cree que se justificaría bajo el argumento de combatir el narcotráfico.
Asimismo, el 91% de los consultados tiene una opinión desfavorable sobre la dirigente opositora María Corina Machado. Este sondeo, que incluyó 1.200 entrevistas y reportó un margen de error de 3%, sitúa a Machado las más impopular, con una tasa de rechazo significativamente superior al resto de líderes políticos del país.
En abril del 2002, durante el golpe de Estado empresarial patrocinado por Estados Unidos en contra del presidente Hugo Chávez, Machado fue la cara visible de varios de esos escenarios. Ahora, Machado recibió el Premio Nobel de la Paz en medio de las amenazas de Estados Unidos a Venezuela. También un artículo de The Washington Post señala que el sector de oposición encabezado por María Corina Machado celebra el hundimiento de barcos y las amenazas de intervención.
Conocida por sus llamados constantes a una intervención militar por parte de Estados Unidos a Venezuela, hasta hace poco cuando Estados Unidos lanzó el ostentoso ataque contra instalaciones del programa nuclear iraní, descargando catorce súperbombas antibúnker le Machado dijo a Donald Trump que Caracas estaba más cerca que Teherán, lo que se interpreta como la exposición de Venezuela como un objetivo militar para una potencia extranjera.
Este hallazgo revela una percepción extendida de que las motivaciones detrás de una agresión extranjera serían fundamentalmente económicas y geopolíticas, más que humanitarias o vinculadas a la seguridad regional. Los resultados de las encuestas de octubre 2025 confirman una tendencia constante en la opinión pública venezolana: una fuerte identidad nacional, unida al rechazo a las intervenciones externas y la defensa de la soberanía y los recursos naturales del país.
Venezolanos sin protección temporal en EEUU
Un reciente reportaje de la agencia estadounidense Bloomberg, titulado “Qué quiere Trump realmente de Venezuela”, sostiene que su objetivo central son las reservas de petróleo y los intereses geopolíticos asociados. Según la revista TIME, el presidente estadounidense aún no ha decidido qué estrategia empleará para alcanzar esos objetivos.
El portal OSINT Defender señala que el portaaviones Gerald Ford detuvo su desplazamiento hacia el Caribe, luego de que se informara que Trump está reconsiderando sus planes sobre Venezuela. Mientras el ministro venezolano del Interior, Diosdado Cabello, reiteró que en Venezuela no se produce droga y que el tránsito de estupefacientes por su territorio es marginal. En la misma línea, un informe de Military señala que Venezuela no es fuente de fentanilo ni un punto clave en tránsito de drogas.
El canciller Yván Gil criticó que “el imperialismo no envíe barcos para reparar los daños del cambio climático, sino para asediar a países soberanos”,
Por su parte, el dirigente opositor Henrique Capriles pidió a Estados Unidos rectificar la decisión de revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos. Cientos de miles de venezolanos perdieron su protección frente a deportaciones en Estados Unidos por decisión del gobijrno de Donald Trump y un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Mientras, llegaron a Caracas 200 migrantes repatriados desde Estados Unidos, entre ellos trece niños.
En 2021, el Gobierno de Joe Biden designó a Venezuela en el TPS, un programa temporal que permitía a inmigrantes venezolanos vivir y trabajar temporalmente en Estados Unidos , con el excusa de la inestabilidad y violencia en sus país. Este beneficio fue extendido en 2023. Sin embargo, el Gobierno de Trump consideró este año que “aunque ciertas condiciones puedan continuar”, hubo “notables mejoras en varias áreas”. Por tanto, a principios de 2025, la secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, decidió poner fin al TPS.
*Sociólogo y analista internacional, Codirector del Observatorio en Comunicación y Democracia y analista seniordel Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
Fuente: https://www.surysur.net/venezuela-y-el-despligue-belico-de-estados-unidos/
El Petróleo de Venezuela y la Política Mafiosa de EE.UU.
Por Jeffrey D. Sachs* y Sybil Fares**/Sur y Sur.
El endeble pretexto moral hoy en día es la lucha contra los narcóticos, pero el objetivo real es derrocar a un gobierno soberano, y el daño colateral es el sufrimiento del pueblo venezolano. Si esto le suena familiar, es porque lo es.
Los Estados Unidos están desempolvando su vieja estrategia de cambio de régimen en Venezuela. Aunque el eslogan ha pasado de “restaurar la democracia” a “luchar contra los narcoterroristas”, el objetivo sigue siendo el mismo: controlar el petróleo venezolano.
Los métodos utilizados por los Estados Unidos son los de siempre: sanciones que estrangulan la economía, amenazas de uso de la fuerza y una recompensa de 50 millones de dólares por la cabeza del presidente venezolano Nicolás Maduro, como si se tratara del Salvaje Oeste.
Estados Unidos es adicto a la guerra. Con el cambio de nombre del Departamento de Guerra, un presupuesto propuesto por el Pentágono de 1,01 billones de dólares y más de 750 bases militares en unos 80 países, no se trata de una nación que busque la paz.
Durante las últimas dos décadas, Venezuela ha sido un objetivo persistente del cambio de régimen por parte de Estados Unidos. El motivo, claramente expuesto por el presidente Donald Trump, son los aproximadamente 300.000 millones de barriles de reservas de petróleo que se encuentran bajo el cinturón del Orinoco, las mayores reservas de petróleo del planeta.
En 2023, Trump declaró abiertamente: «Cuando me fui, Venezuela estaba a punto de colapsar. La habríamos tomado, habríamos conseguido todo ese petróleo… pero ahora estamos comprando petróleo a Venezuela, por lo que estamos enriqueciendo a un dictador» .
Sus palabras revelan la lógica subyacente de la política exterior estadounidense, que desprecia por completo la soberanía y, en cambio, favorece la apropiación de los recursos de otros países. Lo que está ocurriendo hoy en día es una típica operación de cambio de régimen liderada por Estados Unidos y disfrazada de lucha contra el narcotráfico.
Estados Unidos ha acumulado miles de soldados, buques de guerra y aviones en el mar Caribe y el océano Pacífico. El presidente ha autorizado a la CIA a llevar a cabo operaciones encubiertas dentro de Venezuela. Los llamamientos del Gobierno estadounidense a la escalada reflejan un desprecio temerario por la soberanía de Venezuela, el derecho internacional y la vida humana.
El 26 de octubre de 2025, el senador Lindsey Graham(republicano por Carolina del Sur) apareció en la televisión nacional para defender los recientes ataque militares estadounidenses contra buques venezolanos y para decir que los ataques terrestres dentro de Venezuela y Colomnbia son una “posibilidad real”. El senador de Florida Rick Scott, en el mismo ciclo de noticias, reflexionó que si él fuera Nicolás Maduro, “se dirigiría a Rusia o China ahora mismo”.
Estos senadores pretenden normalizar la idea de que Washington decide quién gobierna Venezuela y qué ocurre con su petróleo. Recuerden que Graham defiende de manera similar que Estados Unidos luche contra Rusia en Ucrania para asegurarse los 10 billones de dólares de riqueza mineral que Graham afirma frívolamente que están a disposición de Estados Unidos.
Las medidas de Trump tampoco son una novedad en lo que respecta a Venezuela.
Durante más de 20 años, las sucesivas administraciones estadounidenses han intentado someter la política interna de Venezuela a la voluntad de Washington.
En abril de 2002, un breve golpe militar derrocó al entonces presidente Hugo Chávez. La CIA conocía los detalles del golpe de antemano y Estados Unidos reconoció inmediatamente al nuevo Gobierno. Al final, Chávez recuperó el poder. Sin embargo, Estados Unidos no puso fin a su apoyo al cambio de régimen.
En marzo de 2015, Barack Obama codificó una notable ficción jurídica. Obama firmó la OrdenEjecutiva 13.692, en la que declaraba que la situación política interna de Venezuela constituía una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional de Estados Unidos, lo que desencadenó sanciones económicas por parte de este país. Esa medida sentó las bases para una escalada de coacción por parte de Estados Unidos. La Casa Blanca ha mantenido desde entonces esa afirmación de “emergencia nacional” en Estados Unidos.
Trump añadió sanciones económicas cada vez más draconianas durante su primer mandato. Sorprendentemente, en enero de 2019, Trump declaró a Juan Guaidó, entonces figura de la oposición, “presidente interino” de Venezuela, como si Trump pudiera simplemente nombrar a un nuevo presidente venezolano.
Esta tragicomedia de Estados Unidos acabó finalmente desmoronándose en 2023, cuando Estados Unidos abandonó esta maniobra fallida y ridícula.
Estados Unidos está iniciando ahora un nuevo capítulo de apropiación de recursos. Trump lleva mucho tiempo hablando abiertamente de “quedarse con el petróleo”. En 2019, al hablar de Siria, el presidente Trump dijo: «Nos quedamos con el petróleo, tenemos el petróleo, el petróleo está seguro, dejamos tropas allí solo por el petróleo».
Para quienes tengan dudas, las tropas estadounidenses siguen hoy en el noreste de Siria, ocupando los campos petrolíferos. A principios de 2016, sobre el petróleo de Irak, Trump dijo: «Se lo decía constantemente y de forma coherente a quien quisiera escucharme, decía que mantuvieran el petróleo, mantuvieran el petróleo, mantuvieran el petróleo, que no dejaran que nadie más lo obtuviera».
Ahora, con nuevos ataques militares contra buques venezolanos y conversaciones abiertas sobre ataques terrestres, la Administración está invocando los narcóticos para justificar el cambio de régimen.
Sin embargo, el artículo 2 (4) de Naciones Unidas prohíbe expresamente “la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado”. Ninguna teoría estadounidense sobre las “guerras de carteles” justifica ni remotamente un cambio de régimen coercitivo.
Incluso antes de los ataques militares, las sanciones coercitivas de Estados Unidos han funcionado como una máquina de asedio. Obama creó el marco de sanciones en 2015 y Trump lo utilizó como arma para derrocar a Maduro.
La afirmación era que la “máxima presión” empoderaría a los venezolanos. En la práctica, las sanciones han causado un sufrimiento generalizado. Como descubrió el economista y reconocido experto en sanciones Francisco Rodríguez en su estudio sobre las “Consecuencias humanas de las sanciones económicas”, el resultado de las medidas coercitivas de Estados Unidos ha sido un descenso catastrófico del nivel de vida de los venezolanos, un grave empeoramiento de la salud y la nutrición, y un daño terrible a las poblaciones vulnerables.
El endeble pretexto moral actual es la lucha contra los narcóticos, pero el objetivo real es derrocar a un gobierno soberano, y el daño colateral es el sufrimiento del pueblo venezolano.
Si esto le suena familiar, es porque lo es. Estados Unidos ha llevado a cabo repetidamente operaciones de cambio de régimen en busca de petróleo, uranio, plantaciones de plátanos, rutas de oleoductos y otros recursos: Irán (1953), Guatemala (1954), Congo (1960), Chile (1973), Irak (2003), Haití (2004), Siria (2011), Libia (2011) y Ucrania (2014), por citar solo algunos casos. Ahora le toca el turno a Venezuela.
En su brillante libro Covert Regime Change (2017), la profesora Lindsay O’Rourke detalla las maquinaciones, las repercusiones y los desastres de nada menos que 64 operaciones encubiertas de cambio de régimen llevadas a cabo por Estados Unidos entre 1947 y 1989.
Se centró en este período anterior porque muchos documentos clave de esa época ya han sido desclasificados. Trágicamente, el patrón de la política exterior estadounidense basada en operaciones encubiertas (y no tan encubiertas) de cambio de régimen continúa hasta el día de hoy. Los llamamientos del Gobierno estadounidense a la escalada reflejan un desprecio temerario por la soberanía de Venezuela, el derecho internacional y la vida humana.
Una guerra contra Venezuela sería una guerra que los estadounidenses no quieren, contra un país que no ha amenazado ni atacado a Estados Unidos, y con fundamentos jurídicos que no superarían un examen de un estudiante de primer año de Derecho.
Bombardear buques, puertos, refinerías o soldados no es una demostración de fuerza. Es el epítome del gangsterismo.
* Sachs es profesor universitario y director del Centro para el Desarrollo Sostenible de la Universidad de Columbia, donde dirigió el Instituto de la Tierra desde 2002 hasta 2016. También es presidente de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y comisionado de la Comisión de Banda Ancha para el Desarrollo de la ONU.
** Sybil Fares es especialista y asesora en política de Oriente Medio y desarrollo sostenible en la SDSN.
