El acuerdo de la UE para movilizar 90.000 millones de euros para Ucrania entre 2026 y 2027 mediante deuda común, tras descartar temporalmente el uso directo de los ingresos de los activos rusos congelados, confirma la primacía de los mecanismos financieros del capital monopolista. Esta decisión, calificada de «realista» por líderes como Macron, expone cómo la clase trabajadora de los Estados de la UE asumirá las cargas futuras de la austeridad, mientras el complejo militar-industrial y los bancos se benefician. Es la guerra como extensión de la política económica.
El mecanismo elegido —un préstamo respaldado por el presupuesto comunitario y emitido en los mercados de capitales— no fortalece una soberanía política, sino la hegemonía de los grandes monopolios financieros que operan en la UE. La deuda común no es solidaridad, sino un instrumento de dominación económica que convierte a Ucrania en una “colonia” crediticia. Este proceso da comienzo con la guerra tradicional entre la OTAN y Rusia en Ucrania y la consecuente destrucción de viviendas, fábricas y centros de trabajo, permitiendo a diversos fondos de inversión yankis, especialmente BlackRock, hacerse dueños de facto del suelo ucraniano. Ahora, su reconstrucción no solo dependerá de estos fondos, sino que también quedará atada a los intereses de estos monopolios financieros de la UE, que verán en ella un nuevo campo para la inversión, las privatizaciones y la extracción de plusvalía.
La carga de este préstamo no se distribuye equitativamente. La exclusión negociada de Hungría, Eslovaquia y la República Checa de las obligaciones financieras directas demuestra que las economías del Este no están excluidas de la carga, sino sometidas a una jerarquía dentro de la UE.
Los países periféricos y sus clases trabajadoras soportarán los ajustes presupuestarios comunitarios y las presiones inflacionarias derivadas de la emisión de deuda, mientras los núcleos financieros del centro (como Bélgica, que alberga la mayoría de los activos rusos) protegen sus intereses y estabilidad bancaria.
La referencia final a los activos rusos congelados (210.000 millones de euros) como posible garantía futura («préstamo de reparación») revela la verdadera naturaleza del acuerdo. Los monopolios financieros europeos, en alianza con el aparato estatal, utilizan la guerra para avanzar en dos frentes: Expandir su dominio crediticio sobre Ucrania mediante deuda, y sentar un precedente para la expropiación legalizada de capitales soberanos en el futuro, consolidando un marco donde la fuerza bruta geopolítica se traduce directamente en ventaja financiera. La promesa de que «Ucrania solo devolverá el préstamo después de que Rusia pague» es un eufemismo: el riesgo recae en el presupuesto comunitario (y por tanto, en los trabajadores), mientras los activos rusos quedan como un botín que refuerza el poder coercitivo del bloque.
La realidad es que estos activos congelados son papel falso e inexistente desde un punto de vista económico real: no representan riqueza material alguna, sino un simple apunte contable creado para justificar una deuda que se sabe desde el principio incobrable e ilegítima. El objetivo es inflar artificialmente el volumen de deuda pública, consolidando un sistema financiero cada vez más desvinculado de la base productiva y dependiente de instrumentos especulativos. Este mecanismo solo muestra la decadencia estructural de los Estados que conforman la UE y de las instituciones comunitarias cuya base material se debilita día a día, al tiempo que profundiza su subordinación estratégica y financiera a los Estados Unidos.
El papel de España, representado por Pedro Sánchez y su gobierno de progreso, es el de un aliado político y legitimador discursivo de la estrategia europeísta. Sin peso en la ingeniería financiera, su aportación se centra en el plano retórico, enfatizando las «razones morales y de legalidad internacional» para respaldar el mecanismo. Esta narrativa cubre con un manto de justicia una operación de poder económico, alineando a España con el núcleo duro europeo y reforzando la fachada jurídica del proyecto imperialista del capital comunitario.
Este ciclo consolida la fusión entre el capital financiero y el poder estatal en la UE. Los Estados actúan como comités ejecutivos para los monopolios, utilizando la deuda común como herramienta colectiva. Sin embargo, esta autonomía financiera es limitada y subordinada. El marco estratégico-militar sigue dirigido desde Washington, evidenciando que el poder de los monopolios europeos opera dentro de una arquitectura de seguridad global que no controlan. El resultado es una Europa cuyo músculo económico es instrumentalizado para financiar una guerra que refuerza un orden global liderado por los EE.UU , mientras a la clase trabajadora se le sienta en el altar de la política imperialista y la disciplina financiera.
Buscan abrumar propagandísticamente a la clase trabajadora con discursos donde se inciden en que la UE es el reducto de la democracia liberal, de la soberanía de sus Estados miembros. La realidad es que conceptos como paz y soberanía ya solo son posibles en una lógica de avance de las posiciones de clase y el socialismo, fuera de esto solo queda barbarie descarnada o disfrazada de progresismo. La organización de la clase obrera solo tendrá sentido bajo estas coordenadas ideológicas. No seamos los cómplices de la rapiña, de la guerra y de la barbarie.
Alejandro Moreno.
Gabi.
