Celia R.M. (Unidad y Lucha).— El accidente ferroviario de Adamuz ha desatado un aluvión de críticas hacia la empresa estatal obviando elementos que consideramos exponer. La liberalización del transporte ferroviario se inició en España en 2003 con lo trenes de mercancías y, entre 2013 y 2020, con el de pasajeros. Los diferentes gobiernos que han gestionado el capital, desde el PP hasta los gobiernos de “progreso” son cómplices de la situación que exponemos.
Señales de alerta
RENFE es la operadora pública de transporte de pasajeros que compite con otras empresas privadas extranjeras. Todas ellas pagan por el uso de las vías. Por su parte, ADIF es la empresa estatal responsable de la gestión de la red ferroviaria y opera como gestora y responsable jurídica, subcontratando el mantenimiento a empresas privadas.
En el tramo Madrid-Sevilla, donde ocurrió el accidente, un consorcio que incluía a Ferrovial completó trabajos de modernización en mayo de 2025. Posteriormente, otras empresas privadas realizaron inspecciones, incluyendo pruebas ultrasónicas para detectar fallos internos, certificando que las vías estaban en condiciones.
Posteriormente a estas certificaciones, los trabajadores de Renfe y los sindicatos (CGT, CCOO y UGT) han reportado problemas recurrentes: ruidos extraños, golpes al pasar el tren, vibraciones anormales, desplazamiento de juntas y carriles, y desgaste prematuro en algunos tramos. De acuerdo con estas alertas, ADIF solicitó nuevas revisiones a empresas privadas, que declararon que no existían fallos críticos.
CIAF confirma fallos previos
Tras el accidente, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), organismo público dependiente del Ministerio de Transportes, detectó un fallo en la vía que existía antes del siniestro y que no había sido reportado por las empresas subcontratadas.
Es importante destacar que CIAF actúa únicamente después de los accidentes, ya que su función se limita a investigar causas y responsabilidades, no a prevenirlos. Se está analizando también la baja calidad del material utilizado en la reconstrucción de las vías como un factor que pudo agravar la avería.
Este patrón refleja un riesgo recurrente: cuando el objetivo principal de las empresas privadas es maximizar beneficios, los recortes en mantenimiento y materiales pueden tener consecuencias graves. Algunas irregularidades previas en compañías como Acciona sugieren que prácticas similares podrían ser factores de causalidad del accidente.
Beneficios privados con responsabilidad difusa
Empresas como Acciona, Ferrovial, Cobra, Sacyr, Comsa, Alstom, ArcelorMittal y Siemens, subcontratadas por ADIF, manejan contratos multimillonarios de mantenimiento, señalización y control ferroviario. Así, una infraestructura pública esencial se convierte en fuente de beneficios privados mientras la responsabilidad se diluye.
Algunas de estas compañías, como Acciona y Ferrovial, ligadas al IBEX 35, tienen raíces históricas en el franquismo y su apoyo al régimen, acumulando fortunas mediante concesiones, contratos estatales y explotación de presos republicanos. Hoy, en el Régimen del 78, continúan amasando capital familiar, mientras que ciertos proyectos, como los de Acciona, están siendo investigados por posibles irregularidades.
Contexto global: privatización y militarismo
El accidente de Adamuz no es un hecho aislado. La privatización del sector ferroviario y la degradación de los servicios públicos se producen en un contexto global, en el que España participa en la OTAN y destina recursos significativos al gasto militar.
La privatización de servicios persigue un doble objetivo: maximizar beneficios privados y desviar recursos públicos hacia otros fines. Esto se refleja en infraestructuras críticas con mantenimiento insuficiente, así como en otros sectores públicos: educación con vacantes sin cubrir, largas esperas en centros de salud y hospitales saturados.
La trampa del capital
Culpar únicamente a la “ineficiencia” del sector público simplifica en exceso un problema complejo, es caer en la trampa del discurso privatizador. Discurso posible por una serie de sucesivos gobiernos, incluyendo al actual gobierno de “progreso”, que han aceptado y potenciado la privatización del sector público y las conquistas obreras, pagándolo la clase obrera con su vida
La dicotomía es clara: Socialismo o barbarie.
