Justicia para todos o privilegios para unos pocos
Cada cierto tiempo asistimos al mismo espectáculo. Una parte del poder político, mediático y judicial decide poner el foco sobre una persona concreta mientras mira hacia otro lado cuando se trata de investigar a quienes forman parte de los círculos de poder tradicionales. Y eso es precisamente lo que ocurre con el debate sobre José Luis Rodríguez Zapatero.
Que se investigue a Zapatero. Por supuesto. Que se aclare hasta el último detalle de su actuación pública y privada. Que se conozca si todo lo que ha hecho después de abandonar la presidencia del Gobierno ha sido legal, ético y compatible con las responsabilidades que desempeñó. No tengo ningún problema con ello. Al contrario. La transparencia debe ser una obligación para todos los cargos públicos, especialmente para quienes han ocupado las más altas responsabilidades del Estado.
Pero si vamos a investigar, investiguemos a todos.
Porque resulta llamativo que algunos exijan transparencia para unos mientras guardan un silencio sepulcral cuando se habla de otros expresidentes cuyas fortunas, relaciones empresariales y actividades posteriores generan tantas o más preguntas.
Me gustaría saber, por ejemplo, cómo se ha construido el patrimonio de Felipe González. Me gustaría conocer el origen de determinadas propiedades, sus actividades como asesor internacional de grandes fortunas y multinacionales, y el papel que desempeñaron las puertas giratorias que le llevaron a ocupar puestos en importantes empresas energéticas. Si la transparencia es buena para Zapatero, también debe serlo para González.
Del mismo modo, convendría arrojar luz sobre las actividades de José María Aznar. Sobre sus relaciones con determinados centros de poder en Estados Unidos, sobre la financiación y la influencia de la FAES, sobre su patrimonio y sobre las redes políticas y económicas que han rodeado durante años a quien fue presidente del Gobierno.
Y también sería razonable analizar con el mismo rigor las actuaciones de quienes hoy aspiran a gobernar. Sería conveniente conocer con detalle determinadas adjudicaciones públicas, determinadas relaciones empresariales y determinados privilegios urbanísticos que parecen estar reservados para unos pocos mientras el ciudadano común debe cumplir escrupulosamente cada norma.
Porque el problema nunca ha sido investigar. El problema es seleccionar a quién se investiga y a quién se protege.
La democracia no puede funcionar sobre la base de una justicia utilizada como arma política. No puede ser que determinadas organizaciones ultras conviertan los tribunales en un instrumento de persecución ideológica. No puede ser que asociaciones cuya actividad consiste en presentar denuncias mediáticas basadas muchas veces en rumores, titulares o intereses partidistas terminen condicionando la vida política del país.
La justicia está para perseguir delitos, no para fabricar campañas políticas.
Y mientras todo esto sucede, millones de trabajadores observan cómo acceder a la justicia se convierte en una misión casi imposible. Litigar es caro. Defenderse es caro. Reclamar derechos es caro. Para muchos ciudadanos la justicia existe únicamente en teoría, porque en la práctica no pueden permitirse utilizarla.
Tampoco es casualidad que las altas esferas judiciales sigan siendo espacios extraordinariamente cerrados desde el punto de vista social. Llegar a determinadas posiciones exige años de preparación, recursos económicos y condiciones familiares que la mayoría de las familias trabajadoras no poseen. El resultado es un sistema que continúa reproduciendo élites y apellidos mientras la representación de las clases populares sigue siendo mínima.
Se nos llena la boca hablando de Estado de Derecho, pero la democracia no consiste únicamente en tener muchas leyes. Una democracia auténtica necesita también una justicia independiente, accesible y verdaderamente igual para todos.
Porque cuando la justicia sirve para perseguir a unos y proteger a otros deja de ser justicia.
Y cuando los ciudadanos perciben que existen dos varas de medir, una para los poderosos y otra para el resto, lo que se debilita no es un gobierno concreto, sino la propia democracia.
Por eso no pido menos investigaciones.
Pido más.
Pido que nadie quede al margen.
Pido que la transparencia no tenga color político.
Pido que la justicia deje de ser un campo de batalla partidista y vuelva a ser lo que debería haber sido siempre: una garantía de igualdad ante la ley para todos los ciudadanos.
Porque sin justicia no hay democracia.
Y sin igualdad ante la ley solo quedan los privilegios.
André Abeledo Fernández
