La coartada del fraude: cuando la derecha prepara la excusa antes de las elecciones
Hay un patrón que se repite una y otra vez en buena parte de la ultraderecha internacional. Un manual de instrucciones, una hoja de ruta perfectamente reconocible. Primero se cuestiona la legitimidad del adversario político. Después se pone en duda la limpieza de las instituciones. Más tarde se siembra la sospecha sobre los procesos electorales. Y finalmente, si llegan las urnas y el resultado no gusta, ya está preparada la excusa para no aceptar la derrota.
Lo hizo Donald Trump en Estados Unidos. Durante meses alimentó la teoría de que las elecciones podían ser fraudulentas, que existía un supuesto complot contra él y que el sistema estaba manipulado. El resultado fue conocido por todo el mundo: una parte de sus seguidores acabó asaltando el Capitolio en uno de los episodios más graves de la historia reciente de la democracia estadounidense.
Ahora vemos cómo ese mismo discurso, con matices locales, se reproduce también en el Estado español. Feijóo, Ayuso, Abascal y otros dirigentes de la derecha y la extrema derecha llevan tiempo cuestionando la legitimidad del Gobierno surgido de las urnas. No les basta con perder una votación parlamentaria o unas elecciones. Necesitan convencer a sus seguidores de que, si no gobiernan ellos, es porque existe algún tipo de trampa.
Por eso resulta especialmente grave escuchar cómo empiezan a insinuar que las próximas elecciones podrían no ser limpias o que podría existir algún tipo de tongo. Porque cuando alguien afirma eso sin pruebas no está atacando únicamente al Gobierno de turno. Está atacando la credibilidad de todo el sistema democrático. Está diciendo que las instituciones no funcionan, que los funcionarios no son imparciales, que las garantías electorales no existen y que la voluntad popular puede ser manipulada.
Es decir, están afirmando exactamente aquello que dicen combatir: que el sistema es corrupto.
La última ocurrencia consiste en señalar que la concesión de la nacionalidad a descendientes de emigrantes españoles sería una especie de operación electoral encubierta. Según esta teoría, permitir que nietos y nietas de quienes tuvieron que abandonar España por la guerra, la dictadura, la represión o el hambre puedan recuperar un vínculo jurídico con su país de origen sería una forma de fabricar votos para el Partido Socialista.
La afirmación resulta tan absurda como ofensiva.
En primer lugar, porque esos nuevos ciudadanos tienen exactamente el mismo derecho a votar que cualquier otro español. En segundo lugar, porque nadie puede saber qué opción política elegirá cada persona. Pensar que cientos de miles de ciudadanos votarán todos lo mismo no solo es falso, sino profundamente paternalista.
Pero además hay algo que hace todavía más llamativa esta polémica: muchos de los que hoy critican esta medida la defendieron durante años.
El Partido Popular votó a favor de iniciativas similares. Feijóo, cuando presidía la Xunta de Galicia, reivindicó en numerosas ocasiones la necesidad de reconocer los derechos de los descendientes de la emigración gallega. Durante sus viajes a Argentina y otros países con una importante comunidad gallega, habló de justicia histórica y de la importancia de mantener el vínculo con quienes tuvieron que marcharse.
Entonces era una medida justa. Ahora parece que es un fraude electoral.
La diferencia no está en la medida. La diferencia está en quién gobierna.
Y esa es precisamente una de las mayores muestras de hipocresía política que estamos viendo. Defender una cosa cuando te beneficia y atacar exactamente la misma cuando la impulsa tu adversario.
Pero todavía resulta más preocupante la campaña contra la regularización de personas migrantes.
Se está difundiendo deliberadamente la idea de que regularizar a trabajadores extranjeros equivale a crear nuevos votantes para la izquierda. Una mentira tan grande que se desmonta con una simple lectura de la legislación española.
La residencia no da derecho al voto en las elecciones generales. La residencia no es la nacionalidad. Una persona puede obtener permiso para vivir y trabajar legalmente en España y seguir sin tener derecho a participar en unas elecciones estatales.
Lo sabe cualquier persona mínimamente informada.
Regularizar a quien ya vive y trabaja aquí no significa fabricar votantes. Significa acabar con situaciones de explotación laboral. Significa que quienes ya están desempeñando trabajos esenciales puedan hacerlo con derechos, con contratos y con protección social. Significa combatir la economía sumergida y evitar que miles de personas sean utilizadas como mano de obra barata precisamente por carecer de documentación.
Por eso existe una contradicción evidente en ciertos discursos de la ultraderecha.
No parece que tengan un problema con la existencia de inmigrantes trabajando en España. Lo que parece molestarles es que esos trabajadores tengan derechos.
Porque un trabajador con papeles puede denunciar abusos. Puede exigir un salario digno. Puede cotizar. Puede acceder a protección laboral. Puede dejar de ser invisible.
Y eso perjudica a quienes se benefician de la precariedad y de la explotación.
La inmensa mayoría de la sociedad debería defender exactamente lo contrario. Que quien trabaja lo haga con derechos. Que quien contribuye pueda hacerlo legalmente. Que aumenten las cotizaciones que sostienen las pensiones públicas. Que existan más recursos para financiar la sanidad, la educación y los servicios públicos.
Eso no debilita al país. Lo fortalece.
Lo verdaderamente preocupante de todo este proceso es que la derecha y la extrema derecha parecen estar construyendo desde hoy el relato que utilizarán mañana si las urnas no les dan la razón. No preparan un programa mejor. No hacen autocrítica. No reflexionan sobre por qué una parte de la ciudadanía puede no confiar en ellos.
Preparan la excusa.
Y cuando una fuerza política empieza a desconfiar de la democracia antes incluso de que los ciudadanos voten, el problema ya no es electoral. El problema es democrático.
André Abeledo Fernández
