No basta con gritar «Las Malvinas son argentinas» si se renuncia a defender la Argentina
Las Malvinas son argentinas. No es una consigna vacía. Es una reivindicación histórica frente a una ocupación que Argentina considera ilegítima desde hace casi dos siglos. Defender esa causa es defender la soberanía nacional y honrar la memoria de quienes murieron en 1982.
Pero la soberanía no puede convertirse en un eslogan para los días de partido mientras se desmantelan los instrumentos que protegen el territorio y los recursos estratégicos del país.
Ahí es donde aparece la gran contradicción de la Argentina de Javier Milei.
El mismo presidente que proclama una alineación absoluta con Estados Unidos e Israel; el mismo que ha manifestado públicamente su admiración por Margaret Thatcher, la primera ministra británica durante la guerra de las Malvinas; el mismo que presenta la desregulación como solución para todo, impulsa reformas que, según denuncian excombatientes, juristas y numerosos sectores sociales, debilitan la capacidad del Estado para proteger la propiedad de la tierra frente a grandes intereses extranjeros.
No deja de resultar estremecedor que quien ocupa la Casa Rosada considere un referente político a Margaret Thatcher. Para el pueblo británico podrá ser una figura histórica discutible. Para miles de familias argentinas representa a la dirigente que condujo la guerra en la que murieron centenares de jóvenes argentinos. No es un detalle menor. Es un símbolo político de enorme carga moral.
La discusión sobre la Ley de Tierras no trata únicamente de burocracia o de atraer inversiones. Trata de quién controlará mañana el agua dulce, el litio, el cobre, el petróleo, el gas, los glaciares, los bosques, los ríos y millones de hectáreas de un país que posee algunos de los recursos naturales más codiciados del planeta.
Los defensores de su modificación sostienen que eliminar restricciones favorecerá la inversión y el crecimiento económico. Sus críticos responden que abrirá la puerta a una mayor concentración de tierras estratégicas en manos de grandes intereses extranjeros y supondrá una pérdida de capacidad del Estado para proteger recursos esenciales.
Ese es el verdadero debate.
Porque la soberanía no termina donde acaba el mapa de las Malvinas.
La soberanía también se defiende cuando se protege la tierra, el agua, la energía y los minerales que pertenecen al patrimonio colectivo de una nación.
Resulta difícil hablar de patriotismo mientras se aplaude cualquier decisión que facilite la privatización o el control extranjero de recursos estratégicos. Resulta difícil invocar el sacrificio de los excombatientes si, al mismo tiempo, se cuestionan las herramientas legales destinadas a preservar el territorio nacional.
Las Malvinas no son únicamente unas islas.
Representan el derecho de un pueblo a decidir sobre su propio destino.
Y ese derecho no se pierde solamente por una invasión militar. También puede erosionarse mediante decisiones políticas que reduzcan la capacidad de un Estado para proteger aquello que constituye la base material de su independencia.
Quien defiende sinceramente la soberanía argentina debe hacerlo en todas partes y frente a cualquier poder, venga de Londres, de Washington, de Tel Aviv o de cualquier otro centro de influencia internacional.
Porque la soberanía no admite dobles raseros.
No basta con exigir que algún día regresen las Malvinas si, mientras tanto, se acepta sin resistencia que los recursos estratégicos de la Argentina queden cada vez más condicionados por intereses ajenos al pueblo argentino.
La patria no se entrega únicamente con una derrota militar.
También puede entregarse, poco a poco, mediante leyes, privatizaciones y decisiones políticas.
Y cuando eso ocurre, las banderas dejan de ser defensa de la soberanía para convertirse en una coartada.
André Abeledo Fernández
