De acuerdo con el cronograma de consultas, se escuchará la opinión de las Fuerzas Militares, empresarios, gobiernos locales y pueblos originarios, entre una amplia gama más de sectores sociales nicaragüenses.
Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, dijo que esta propuesta consolida el proceso democrático nacional, al tiempo que propone la atención «con energía, firmeza y claridad» de las necesidades de la sociedad.
La iniciativa de reforma constitucional sostiene que Nicaragua enfrenta un contexto internacional marcado por conflictos geopolíticos, crisis económicas, sanciones, crimen organizado, desigualdad e inseguridad alimentaria, factores que amenazan la paz, la estabilidad y el desarrollo de los pueblos.
Ante este escenario, se reafirma el compromiso del Estado de continuar la lucha contra la pobreza y preservar la soberanía, así como de garantizar la estabilidad, la seguridad y el bienestar de la nación.
En la exposición de motivos, el Ejecutivo propone ampliar el período de Gobierno a siete años renovables, argumentando que esta medida garantizaría estabilidad, continuidad y capacidad para ejecutar el Plan Nacional de Desarrollo Humano y de Liberación de la Pobreza.
Una vez que concluyan las consultas, se estima que el dictamen quedará aprobado el 1 de septiembre en Primer Legislatura.
