La justicia que no es igual para todos
La judicatura debería existir para impartir justicia y para que la ley se aplicara por igual a cualquiera, sin importar apellido, cargo o patrimonio. Esa es la teoría. La práctica, en el Estado español, lleva demasiado tiempo desmintiéndola: los jueces no son imparciales, están politizados y no usan la misma vara de medir para todo el mundo. Gozan, además, de un poder casi absoluto: hagan lo que hagan, parecen inmunes e impunes ante cualquier procedimiento contra su mala praxis. Y son capaces de convertir en política lo que debería ser, sencillamente, justicia.
El caso Peinado: un pésimo trabajo con una excelente jubilación.
El ejemplo más reciente y más burdo es el del juez Peinado, que no tiene ni pase ni justificación posible. Un juez que, por suerte para todos, ya se jubila, pero que, por desgracia para todos, se irá con una excelente pensión después de haber hecho un pésimo trabajo. Nos deja como legado un cuadro bochornoso: la mujer del presidente del Gobierno va a ser juzgada por un jurado popular porque él se lo ha sacado de la manga. Ni siquiera la Fiscalía ha respaldado sus tesis, una y otra vez, mientras los juristas expertos que han revisado su instrucción se han sonrojado y han pasado vergüenza ajena.
Vergüenza ajena, no militancia.
Y aquí conviene ser claro: la mayoría de las personas con dos dedos de frente sienten esa misma vergüenza ajena, sin necesidad de militar en el PSOE. Yo mismo no soy, ni he sido, ni seré, ni he votado ni votaré jamás a ese partido y, aun así, me avergüenzo de lo que está sucediendo y de cómo se están haciendo las cosas. No hace falta ser socialista para reconocer un atropello judicial cuando se tiene delante.
Una vara para golpear, no para medir.
Por la vara de medir del juez Peinado, todas las mujeres de los presidentes de Gobierno serían presuntas delincuentes. Por esa misma vara, la mujer de un presidente debería quedarse en casa, «con la pata quebrada», para no arriesgarse a semejante persecución. Pero la vara de Peinado no es una vara de medir: es una vara para golpear, para agredir a la justicia, para hacer política y sostener una ideología concreta, para intentar tumbar a un Gobierno determinado. «El que pueda hacer que haga», dijo Aznar. Y claro que lo están haciendo, con todos los medios a su alcance. Eso sí, de paso, se están cargando cualquier confianza que pudiera quedarle a la ciudadanía en la justicia y en los jueces de este país.
El Supremo, palo en las ruedas de quien no le gusta.
Y no hablamos solo de un juez aislado. El Tribunal Supremo lleva tiempo poniendo palos en las ruedas a un Gobierno que no le gusta, haciendo política y defendiendo los intereses de la derecha. La misma judicatura que, durante años, decía no saber quién era Mariano Rajoy, o que miraba para otro lado ante según qué apellidos, hoy le basta con «indicios» de andar por casa, o con denuncias construidas a base de recortes de prensa y rumores, para poner en marcha toda su maquinaria.
Denuncias a la carta, jueces que se prestan.
Esas denuncias, además, no surgen de la nada: las presentan organizaciones de ultraderecha como Hazte Oír o Abogados Cristianos, especializadas en denunciar sin fundamento, en entorpecer la justicia y en judicializar bulos. Y lo consiguen porque encuentran jueces dispuestos a prestarse a esa prostitución de la justicia, a convertir el bulo de un pasquín en causa judicial mientras otras causas, con pruebas de verdad, se eternizan o se archivan.
Mientras tanto, la cárcel para quien canta o exige derechos.
Y en ese mismo Estado, un rapero está en la cárcel por cantar verdades incómodas, y hay trabajadores que pagan con la cárcel el simple hecho de exigir sus derechos. Así que no es de extrañar que, para la mayoría de la gente, la justicia inspire más miedo que seguridad.
Até a vitoria sempre!
André Abeledo Fernández
