Vivienda para vivir, no para especular: la lucha de clases contra los fondos buitre.
Mientras los grandes medios se empeñan en alimentar una psicosis colectiva sobre la «okupación» —curiosamente patrocinada por empresas de alarmas y fondos de inversión—, la realidad golpea con dureza las puertas de la clase trabajadora: el acceso a un techo digno se ha convertido en un lujo inalcanzable.
Hay que decirlo claro y sin complejos: la vivienda debe ser un derecho, no un vulgar negocio. El sistema actual no busca alojar personas; busca rentabilizar ladrillos, y hemos permitido que los fondos buitre y los especuladores profesionales decidan quién tiene derecho a un hogar y quién debe vivir con la angustia de un desahucio o un alquiler asfixiante.
La calle ya no espera: Madrid se llena y Sol vuelve a ser trinchera.
Mientras escribo estas líneas, la actualidad viene a confirmar cada palabra de este artículo. Trescientas mil personas, según la organización —veinticinco mil, según la Delegación del Gobierno, que ya sabemos a qué juego juega siempre que hay que contar cabezas obreras en la calle—, han llenado Madrid en una nueva manifestación para respaldar a Maricarmen y exigir al Ejecutivo que el decreto previsto para el martes no se quede en papel mojado: renovación automática de los contratos de alquiler, congelación real de los precios y prohibición efectiva de los desahucios.
Al término de la protesta, el Sindicato de Inquilinas ha llamado a una acampada en la Puerta del Sol, el mismo epicentro donde en 2011 nació el 15M: «Todas a Sol a luchar, compañeras».
No es casualidad ni simbolismo vacío: es la prueba de que, sin presión de la calle, las instituciones no se mueven y de que la clase trabajadora ha entendido que el techo digno no se lo van a regalar los mercados.
La trampa del miedo y la Constitución olvidada.
Es indignante ver cómo se retuerce la realidad: se criminaliza al vulnerable para proteger al acaparador.
La verdadera inseguridad ciudadana no es el miedo a que alguien entre en tu casa mientras vas a comprar el pan —relato ficticio inflado por tertulianos a sueldo—; la verdadera inseguridad es no saber si podrás pagar el alquiler el mes que viene o si tus hijos podrán independizarse algún día en su propia ciudad.
Los mismos que se llenan la boca hablando de la «unidad de España» y del respeto a la ley olvidan sistemáticamente el artículo 47 de la Constitución: un mandato, no una sugerencia poética, que obliga a los poderes públicos a impedir la especulación.
Lo que vemos, sin embargo, es una alfombra roja para los fondos de inversión, mientras el parque público de vivienda sigue siendo una broma de mal gusto frente al de nuestros vecinos europeos.
Lucha de clases en el mercado inmobiliario.
No estamos ante un problema técnico de oferta y demanda: estamos ante una lucha de clases.
El mercado inmobiliario es hoy el principal mecanismo de transferencia de rentas desde el bolsillo del trabajador hacia el capital financiero. Cuando un joven dedica más de la mitad de su salario a pagar un alquiler, no está «dinamizando la economía»: está siendo saqueado.
La izquierda progre debe dejar de mirar hacia otro lado con medidas cosméticas que no tocan el nervio del problema. No bastan los parches; hace falta control real de los precios de alquiler, expropiación del uso de las viviendas en manos de grandes tenedores y bancos rescatados con dinero público, y prohibición por ley de los desahucios sin alternativa habitacional.
El botín de 2008: cómo se regaló la vivienda social.
El desembarco masivo de los fondos buitre se cimentó tras la crisis de 2008.
El Estado utilizó el dinero de toda la ciudadanía para rescatar a la banca privada y crear el banco malo, la Sareb. En lugar de utilizar ese gigantesco parque de viviendas recuperadas para levantar una red de alquiler social, los gobiernos prefirieron vender paquetes enteros de miles de casas y bloques de protección oficial a fondos internacionales a precios de saldo.
El patrimonio que debió proteger a la clase obrera fue entregado como botín de guerra a los fondos de inversión neoyorquinos: Blackstone, Cerberus y compañía, operando con total impunidad gracias a la alfombra roja de los sucesivos gobiernos del régimen.
El desahucio invisible.
La operativa de estos fondos en nuestros barrios sigue un patrón de violencia económica sistemática: compran edificios enteros habitados por familias trabajadoras, esperan a que venzan los contratos e imponen subidas abusivas del 50 %, el 70 % o el 100 %.
El objetivo es el llamado «desahucio invisible»: expulsar a los vecinos de toda la vida para reformar los pisos, encarecer el barrio mediante la gentrificación o destinarlos al lucrativo negocio del alquiler turístico.
Quienes se resisten sufren acoso inmobiliario o el desahucio exprés, ejecutado por las fuerzas del Estado al servicio de intereses privados.
SOCIMI: el privilegio fiscal de los amos del ladrillo.
Este expolio cuenta con un blindaje legal y fiscal insultante.
Los fondos buitre operan sobre todo a través de las SOCIMI, sociedades creadas a medida que disfrutan de un tipo del 0 % en el Impuesto sobre Sociedades.
Mientras una familia obrera paga impuestos por cada producto de la cesta de la compra, los mayores terratenientes del país apenas tributan por los millones que ganan exprimiendo el salario de sus inquilinos.
Las tímidas regulaciones de precios vigentes son meros parches que estos fondos esquivan con triquiñuelas legales, como los falsos alquileres de temporada.
Lo que ya funciona en Europa.
No se trata de ningún experimento radical: se trata de copiar lo que ya funciona en los países que siempre ponemos como ejemplo de éxito.
Países Bajos o Suecia no son sospechosos de comunismo, y allí el Estado no deja que el mercado inmobiliario se rija por la ley de la selva. Alemania y Austria llevan décadas regulando el alquiler y les va bastante mejor que a nosotros.
Si crees que regular el alquiler es cosa de países pobres, la realidad te desmiente: la ley del más fuerte es la que resulta tercermundista.
Nuestras propuestas.
No basta con construir más ni con avalar con dinero público las hipotecas de la banca. La única salida justa es la ofensiva legislativa contra los especuladores:
– Expropiación sin indemnización de los pisos en manos de fondos buitre y grandes tenedores.
– Prohibición absoluta de los desahucios sin alternativa habitacional real.
– Creación de un parque público de alquiler que cubra las necesidades reales de la población.
– Control efectivo de los precios de alquiler que reduzca las rentas de forma drástica.
La vivienda es el centro sobre el que se construyen una vida digna, la salud mental y la estabilidad de cualquier familia.
Si no somos capaces de garantizar un techo a nuestra gente, nuestra democracia no es más que una cáscara vacía al servicio del mercado.
Es hora de elegir: o el derecho a la vida, o el derecho al beneficio de los especuladores.
La vivienda debe ser para vivir, no para especular.
Até á vitoria sempre!
André Abeledo Fernández
