Perdió y ahora quiere anular las elecciones: así juega la ultraderecha
Pedir la prórroga y después llorar por ella
La ultraderecha tiene una curiosa manera de entender la democracia: acepta las reglas cuando le convienen, pero, cuando pierde, se convierte en víctima de una conspiración. No importa que los hechos contradigan su discurso ni que sus propias decisiones dejen en evidencia su hipocresía. Si gana, el resultado es legítimo; si pierde, hay fraude.
Brasil vuelve a ofrecernos un ejemplo de este comportamiento. Flávio Bolsonaro se niega a aceptar la derrota y anuncia que pedirá la anulación de la segunda vuelta electoral. Su principal argumento es la prórroga de dos horas en el horario de votación.
Pero aquí aparece un pequeño problema para el relato de la ultraderecha: esa ampliación del horario había sido solicitada por ambos bandos.
El Partido de los Trabajadores pidió más tiempo para votar ante los problemas de transporte que dificultaban el acceso a las urnas de miles de personas, especialmente en Bahía. Por su parte, el partido de Bolsonaro también solicitó dos horas adicionales de votación en diecisiete municipios de São Paulo, Paraná y Santa Catarina.
Cuando la prórroga podía favorecer sus intereses, era una medida necesaria. Cuando el resultado no les gusta, se convierte en un supuesto instrumento de fraude.
Esto no es defender la democracia. Es pretender que las reglas solo sean válidas cuando permiten ganar a los de siempre.
La cuestión es bastante sencilla: si existen irregularidades, deben investigarse con pruebas y mediante los procedimientos legales correspondientes. Pero utilizar una medida que el propio bando solicitó como argumento para cuestionar el resultado revela, cuando menos, una enorme contradicción política.
La democracia no consiste en ganar siempre. Consiste también en saber perder.
Y hay quienes, por su concepción autoritaria de la política, parecen incapaces de entender algo tan básico.
La ultraderecha que conocí en Brasil
Pasé seis meses en Brasil. No pretendo presentar esa experiencia como si bastara para conocer a fondo un país enorme, complejo y diverso. Pero fue tiempo suficiente para observar realidades que ayudan a comprender cómo funciona una parte de su política.
Brasil es un país de enorme riqueza cultural, con personas de orígenes muy diferentes y una sociedad atravesada por profundas desigualdades. Y es precisamente en esas desigualdades donde la ultraderecha encuentra uno de sus terrenos más favorables.
Lo que vi fue una política marcada, en demasiadas ocasiones, por el clasismo, el elitismo y la falta de empatía hacia las personas que viven en condiciones más difíciles.
Durante mi estancia, coincidiendo con un período electoral, pude observar prácticas de compra del voto: se ofrecía a la gente un saco de arroz a cambio de su apoyo en las urnas.
Pensemos en lo que significa esto. Una persona que vive en la pobreza puede verse sometida a la presión de aceptar una pequeña ayuda inmediata a cambio de comprometer una decisión política que afecta a su futuro y al de su familia.
Pero no confundamos a las víctimas con los responsables. El problema no es quien pasa hambre y acepta un saco de arroz; el problema es quien utiliza el hambre como instrumento para conseguir poder.
Cuando la necesidad se convierte en una herramienta electoral, la libertad política queda condicionada por la desigualdad económica. Y quien se aprovecha de esa situación no está defendiendo la libertad: está explotando la vulnerabilidad ajena.
También me llamó la atención el peso de determinadas iglesias evangélicas, algunas de las cuales funcionan como auténticas estructuras empresariales y políticas, capaces de movilizar a miles de personas y orientar su voto.
No se trata de cuestionar la libertad religiosa ni el derecho de cada persona a profesar sus creencias. Se trata de denunciar la utilización de la fe como instrumento de poder, especialmente cuando se combina con intereses económicos, discursos autoritarios y campañas políticas que favorecen a la ultraderecha.
En determinados sectores de estas redes religiosas confluyen, además, posiciones de apoyo a Estados Unidos y al sionismo político. Un fenómeno que merece ser analizado sin simplificaciones, porque no todas las iglesias evangélicas ni todas las personas creyentes piensan igual.
Y esto no sucede únicamente en Brasil. En diferentes países de América Latina, la desigualdad, la precariedad, el poder económico y la influencia de determinadas estructuras religiosas forman parte de una disputa política en la que la clase trabajadora suele pagar las consecuencias.
Las trabas para votar: la democracia también se defiende garantizando el voto
En unas elecciones, el derecho al voto no debería depender del barrio en el que vivas, del dinero que tengas en la cuenta bancaria o de la voluntad de tu empresario.
Si una persona no puede llegar a las urnas porque no tiene transporte, su derecho político existe sobre el papel, pero se ve limitado en la práctica.
Por eso, los problemas de transporte denunciados durante estos comicios no son una cuestión menor. Precisamente, la necesidad de facilitar que la ciudadanía pudiera ejercer su derecho al voto estuvo en el origen de la petición de ampliar el horario de votación.
También me han llegado testimonios de personas residentes en Brasil que hablan de empresas que habrían puesto obstáculos para que trabajadores de barrios humildes acudieran a votar, así como de situaciones en las que la policía habría preguntado a la ciudadanía adónde se dirigía y por quién pensaba votar.
Hay que ser rigurosos: son relatos que me han trasladado otras personas y que, por sí solos, no permiten afirmar que esos hechos estén probados. Es necesario investigarlos, contrastarlos y determinar si existieron prácticas ilegales o coacciones.
Pero tampoco debemos mirar hacia otro lado ante la posibilidad de que sucedan. La historia demuestra que el poder económico puede utilizar su influencia para condicionar la participación política y que la presión sobre las personas más vulnerables no siempre adopta formas evidentes.
El voto es secreto y libre. Ninguna empresa tiene derecho a decidir por quién votan sus trabajadores. Ningún poder político puede convertir a la policía en un instrumento de intimidación electoral.
Y cuando existen sospechas de presiones o irregularidades, lo que corresponde es investigarlas con seriedad, no utilizarlas selectivamente según quién gane o pierda.
También debemos prestar atención a las injerencias extranjeras y a los intereses económicos que operan en la política latinoamericana. Estados Unidos y las grandes multinacionales tienen una larga historia de influencia en la región. Pero, para demostrar una injerencia concreta en estas elecciones, hacen falta pruebas específicas. La historia sirve para identificar riesgos y formular preguntas; no sustituye la investigación de los hechos.
Cuando pierde la ultraderecha, el problema siempre es la democracia
Hay una característica recurrente en los movimientos ultraderechistas: presentan sus derrotas como injusticias y a sus adversarios como enemigos ilegítimos.
No aceptan fácilmente que una mayoría social pueda decidir un camino diferente al que ellos proponen. La ciudadanía es soberana cuando los apoya; cuando no lo hace, aparecen las acusaciones, las sospechas y los intentos de deslegitimar el resultado.
El problema va mucho más allá de una familia política o de un país concreto. Es una manera autoritaria de entender el poder.
La democracia no se reduce a introducir una papeleta en una urna cada cierto tiempo. También requiere que la ciudadanía pueda votar libremente, que se respeten los derechos, que los resultados se sometan a los procedimientos legales y que nadie esté por encima de las reglas.
Por eso, quien denuncia un fraude debe aportar pruebas. Y quien pretende anular unas elecciones debe demostrar que existen motivos legales para hacerlo. La derrota electoral, por sí sola, no es una irregularidad.
La ultraderecha no puede reclamar para sí una democracia a la carta: válida cuando gana e ilegítima cuando pierde.
Ganó el pueblo. Ahora toca defender lo que decidió
Cuando la ciudadanía acude masivamente a las urnas, está ejerciendo un derecho fundamental. Y cuando lo hace para impedir que avance una opción política que considera peligrosa para sus intereses, está expresando una decisión que debe ser respetada.
Pero tampoco debemos idealizar los procesos electorales ni pensar que una victoria resuelve por sí sola los problemas de una sociedad.
La pobreza no desaparece la noche electoral. La precariedad laboral no termina porque se cuente el último voto. La desigualdad no se resuelve simplemente impidiendo que gobierne la ultraderecha.
La derrota electoral de una fuerza reaccionaria puede abrir una oportunidad, pero esa oportunidad solo tendrá sentido si se traduce en mejoras reales para la mayoría social: salarios dignos, vivienda accesible, servicios públicos sólidos, derechos laborales y una distribución más justa de la riqueza.
La clase trabajadora no puede limitarse a votar cada cierto tiempo para frenar lo peor. Necesita también organización, conciencia política y capacidad para defender sus propios intereses.
Y debemos aprender de lo que sucede en América Latina. Las experiencias políticas de Argentina, Ecuador, Honduras o Chile son diferentes entre sí y no pueden meterse todas en el mismo saco, pero ofrecen ejemplos que merecen ser analizados para comprender el avance de las derechas, sus consecuencias sociales y las dificultades de las fuerzas populares para responder a sus desafíos.
El trumpismo no es una salida para quienes viven de su trabajo. Los discursos que prometen libertad mientras debilitan los derechos sociales, favorecen los intereses de los más ricos o alimentan el odio contra los más vulnerables no ofrecen una solución a los problemas de la mayoría.
Y esto también nos afecta en el Estado español.
No podemos pensar que estamos inmunizados frente a la ultraderecha ni que la historia va a resolver por nosotros lo que no seamos capaces de hacer colectivamente. El avance reaccionario no se combate únicamente denunciando a sus dirigentes. También se combate luchando contra las condiciones sociales que permiten que sus discursos ganen terreno.
Por eso, cuando llegue la hora de votar, no podemos quedarnos en casa y después lamentarnos de los resultados. Hay que participar, movilizarse e impedir que el descontento popular sea utilizado por quienes pretenden gobernar contra los intereses de la propia clase trabajadora.
A veces tendremos que votar por la opción que consideremos menos mala para evitar un mal mayor. Pero no debemos confundir esa decisión táctica con la renuncia a construir una alternativa propia, firme y transformadora.
La ultraderecha no tiene miedo de que la gente vote. Tiene miedo de que la gente comprenda quién defiende sus intereses y quién utiliza su necesidad para conseguir poder.
La democracia no se defiende aceptando que los poderosos hagan lo que quieran. Se defiende garantizando que el pueblo pueda decidir libremente y que su voluntad sea respetada.
Porque, cuando la clase trabajadora se organiza, toma conciencia de su fuerza y participa, deja de ser una simple espectadora de la política para convertirse en protagonista de su propia historia.
Y esa es la batalla que debemos librar aquí y allá: contra la explotación, contra el autoritarismo y contra todos los que pretenden que los privilegios de unos pocos estén por encima de los derechos de la mayoría.
¡Hasta la victoria siempre!
André Abeledo Fernández
