La huelga es un derecho; el «derecho al trabajo», una gran mentira.
Cada vez que la clase trabajadora para, aparece el mismo coro: «Hay que respetar el derecho a trabajar». Lo repiten la patronal, los tertulianos y los políticos de turno como si fuese una verdad revelada. Conviene ponerlos frente al espejo.
Un derecho conquistado, no concedido.
La huelga fue delito antes de convertirse en derecho. Ningún empresario ni ningún Parlamento nos la regaló: la arrancó la clase obrera a base de represión, despidos y cárcel. Hoy, la Constitución la recoge en el artículo 28.2 como un derecho fundamental, con el máximo nivel de protección. El trabajo aparece en el artículo 35, con una garantía mucho menor. No es casualidad: son derechos de distinta categoría, y quien los equipara miente o no ha leído la Constitución.
Un derecho que solo existe en el papel.
Si trabajar fuese un derecho de verdad, no existiría el paro. Pero el paro no es un accidente: es una pieza del sistema. Presiona los salarios a la baja y disciplina a quienes tienen empleo para que agachen la cabeza. Un «derecho» que solo puedes ejercer si a un empresario le conviene contratarte no es un derecho: es una concesión del mercado.
Lo mismo ocurre con la vivienda. El artículo 47 reconoce el derecho a una vivienda digna, y ahí tenemos la realidad: alquileres imposibles, desahucios, jóvenes que no pueden emanciparse y salarios que no llegan a fin de mes. Los derechos que no se pueden exigir ni garantizar son papel mojado.
La trampa semántica.
El «derecho al trabajo» sirve para enfrentar al trabajador contra el trabajador, al individuo contra el colectivo. Se invoca para deslegitimar el piquete, justificar al esquirol y presentar como libertad lo que, en la práctica, supone debilitar a los sindicatos. Un piquete informativo es el ejercicio legítimo de un derecho fundamental; coaccionar es otra cosa, y no es eso lo que hacemos.
La huelga general del 11N, la demostración.
Si alguien dudaba de que los derechos sobre el papel no pagan el alquiler, ahí queda la huelga general del 11 de noviembre. CCOO, UGT, CGT, Co.bas, la Confederación de Sindicatos de Inquilinas y otras organizaciones convocaron un paro de 24 horas por la vivienda, el empleo y los salarios dignos. Fue la primera huelga general estatal respaldada por CCOO y UGT desde 2012.
En Galiza, la CIG, primer sindicato del país, se sumó a la huelga general reclamada por el movimiento por la vivienda y convocó 17 movilizaciones por todo el territorio durante la jornada del 11N, bajo el lema «Galiza en loita por unha vida digna». Exigió a la Xunta y al Gobierno español un plan de choque que frenase el deterioro de las condiciones de vida de la clase trabajadora: el encarecimiento de la vida, la pobreza salarial, la crisis de la vivienda, la precariedad laboral y la degradación de los servicios públicos, mientras el gran capital continúa acumulando beneficios extraordinarios.
En materia de vivienda, sus exigencias son concretas: intervención pública en el mercado para limitar los precios y frenar los desahucios, topes a los alquileres de los grandes propietarios, puesta a disposición de quienes lo necesitan del parque de viviendas de la Sareb y creación de un Banco Galego de Vivenda. Mientras otros hablan de derechos en abstracto, la CIG los exige con hechos.
La huelga llegó después de que el Congreso tumbase los decretos de vivienda del Gobierno el 2 de octubre. Fue una huelga legal precisamente porque unió lo que el poder quiere separar: la vivienda es cara porque los salarios se bloquean. Salarios dignos para poder acceder a una vivienda digna. Cuando las instituciones no garantizan lo que prometen, a la clase trabajadora no le queda otra herramienta que la que conquistó con su lucha: parar.
Y la clase trabajadora respondió. Las tres principales centrales sindicales de Galiza —UGT, CIG y CCOO— calificaron de rotundo éxito el seguimiento de la huelga, con sectores productivos estratégicos paralizados y movilizaciones multitudinarias en las calles. UGT y la CIG señalaron, además, un dato que no admite relato: el consumo eléctrico cayó cerca de un 12 % respecto al miércoles de la semana anterior, reflejo de la paralización de polígonos industriales, puertos y grandes empresas. Los contadores de la luz no entienden de propaganda: cuando la clase trabajadora para, el país se apaga.
Y, como era de esperar, la derecha salió a defender el «derecho a trabajar». Feijóo pidió a los sindicatos que desconvocasen la huelga con un «no la hagan», aseguró que no cuestionaba el derecho a la huelga, sino su oportunidad, la presentó como una huelga «contra la oposición» y dejó caer que el PP tomaría nota si se producía un cambio de ciclo tras las elecciones. Lo decía el partido que votó en contra de los decretos de vivienda del Gobierno.
Ayuso fue más lejos en la Asamblea de Madrid: habló de «corrupción mafiosa» y de «mafia sindical». Abascal exigió a CCOO y UGT que retirasen la convocatoria, argumentando que no tenía ningún sentido, y avisó de que Vox tomaría nota tras el 29N. La fórmula de siempre: derecho a la huelga sí, pero nunca cuando molesta a quien manda. Y, sobre todo, nunca cuando funciona.
Al día siguiente de la huelga, la Diputación Permanente debatió los dos decretos de vivienda que el Gobierno volvió a aprobar tras el rechazo de Junts, PP y Vox, y lo hizo bajo la presión de la calle. Entre otras medidas, recogen un veto hasta finales de 2028 a la compra de viviendas a precio de saldo por parte de entidades con fines especulativos, la suspensión de los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional hasta 2030, una prórroga extraordinaria de dos años para los contratos de alquiler que venzan antes de 2029 y ayudas de hasta 50.000 euros para la entrada de la primera vivienda.
El PNV adelantó que apoyaría el primer decreto y votaría en contra del segundo, el de las prórrogas extraordinarias de los alquileres. Veremos si es compromiso o puro calendario electoral. Un derecho no se mide por lo que se anuncia, sino por lo que se cumple, y la vivienda lleva demasiado tiempo siendo una promesa.
Las urnas no sustituyen a la lucha.
El 29N hay elecciones generales y cada cual votará como crea conveniente. Pero la vivienda, el empleo y los salarios no se arreglan cada cuatro años, sino todos los días, en los centros de trabajo y en la calle. El derecho colectivo a la huelga está por encima del supuesto derecho a trabajar, porque es el único que nos pertenece de verdad: no depende del favor del patrón ni de la promesa de un político.
¡Até a vitoria sempre!
André Abeledo Fernández
