El proceso de nacionalización efectuado en Cuba incluyó, tanto propiedades de nacionales cubanos, como de nacionales de otros países. Por consiguiente, carece de todo fundamento el argumento esgrimido por Estados Unidos de que la nacionalización efectuada por Cuba fue ilegal y discriminatoria. Con la aplicación de la Ley Helms-Burton, medida de carácter extraterritorial y violadora del derecho internacional solo buscan el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero que por 6 décadas de manera interrumpida ha impuesto a la Isla y cuyo objetivo es hacer colapsar el sistema económico y social cubano.
