La represión a las movilización convocada para este domingo 12 de octubre por varias organizaciones sociales en Ecuador ha sido la única respuesta que el gobierno de Noboa ha brindado a los reclamos legítimos enunciados en el marco del paro nacional, mediante el hostigamiento a líderes comunitarios, la dispersión de marchas con carros antimotines, y las amenazas directas de los militares para amedrentar a los manifestantes.
Las movilizaciones se concentraron especialmente en Quito, aunque también se anunciaron marchas en las localidades de Guayaquil y en Otavalo, provincia de Imbabura.
En Quito, la corresponsal de teleSUR, Elena Rodríguez, reportó que la jornada de protesta desbordó los puntos tradicionales de concentración como la avenida Patria y 6 de Diciembre, o San Miguel del Común. «La capital se ha convertido en un mosaico de resistencias. En la Universidad Central, la expresión de rechazo al gobierno adopta forma de arte, música y cantos», indicó en X.
En la comunidad San Miguel del Común, sus moradores cerraron la avenida Panamericana Norte, como medida de presión para obligar al Gobierno a escuchar las demandas del paro nacional y poner fin a la represión contra las comunidades.
La represión gubernamental no respeta siquiera las instituciones culturales. Así lo ha demostrado un comunicado de la Casa de la Cultura Ecuatoriana «Benjamín Carrión», que esta jornada sufrió un ataque de la Policía Nacional en el interior de su sede, el cual incluyó el lanzamiento de bombas lacrimógenas dentro de la institución.
Desde el centro rechazaron el asalto que puso en riesgo los bienes patrimoniales allí resguardados, así como la integridad de las personas que se encontraban dentro.
En Villa Flora, desde la mañana cientos de manifestantes intentaron marchar hacia el centro de la ciudad y fueron atacados por los camiones antimotines de la policía. Pese a ello, abrieron trochas y cortaron caminos, y lograron llegar a un parque donde reafirmaron que el Gobierno sigue lanzando políticas sin escuchar las opiniones del pueblo que ya no puede pagar siquiera los medicamentos.
Ante la situación actual que atraviesa Ecuador, las organizaciones en paro a las movilizaciones hicieron referencia a “un nuevo ciclo de saqueo neoliberal” en Ecuador, contra el cual los pueblos y nacionalidades, las organizaciones sociales, culturales, de mujeres, de jóvenes, campesinos, trabajadores, empresarios honestos y una gran diversidad de sectores del país alzan la voz.
Las movilizaciones de este 12 de octubre coinciden con expresiones de reivindicación de las luchas indígenas, en el Día de la Resistencia Indígena en todo el continente.
Un grupo de madres explica a los funcionarios policiales las razones de la movilización que se desarrolla de forma pacífica. Imágenes: teleSUR.
La presencia militar y policial fue abrumadora, con entre 4.500 y 5.000 efectivos movilizados, acompañados de vehículos tácticos y medios aéreos de las Fuerzas Armadas. Mientras el Gobierno asegura que se enfocan en «mantener el control y resguardar bienes públicos y privados», reporteros denuncias pesquisas ilegales y amenazas durante las marchas.
El paro nacional, impulsado por el movimiento indígena, comenzó el 22 de septiembre en rechazo al fin del subsidio al diésel, aunque también reclaman la reducción del impuesto al valor agregado (IVA), mayor inversión en salud y educación, y el cese de la represión.
Desde el Partido Comunista del Ecuador alertan que el Gobierno prepara una “violenta arremetida” contra manifestantes, pues las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional desplegaron miles efectivos en Quito, “una actitud alevosa y temeraria que busca arrastrar al país hacia una masacre”. Vídeo: teleSUR.
«El paro no es solo por el diésel! Nos unimos por la educación, la salud, la seguridad y el trabajo digno. Exigimos el cumplimiento de derechos, el pago de la equiparación salarial, la defensa del Instituto Ecuatoriano del Seguro Social (IESS) y el fin de los despidos», ha señalado la Unión Nacional de Educadores (UNE).
Pese a la represión, el movimiento indígena reafirmó que “se mantendrá firme en las calles” hasta que el Gobierno de Noboa deje de criminalizar las movilizaciones y, entre otras acciones, reduzca el Impuesto al Valor Agregado (IVA), atienda la crisis en el sistema de salud pública, y aplique políticas sociales que permitan detener los crecientes niveles de violencia, el alto costo de la vida y la precarización del empleo, lo cual implica solucionar las causas estructurales, vinculadas con la pobreza y la exclusión histórica de las mayorías.
