La Casa Blanca confirmó que un segundo ataque militar estadounidense en septiembre provocó la muerte de civiles heridos, tras una ofensiva inicial contra un presunto barco de tráfico de drogas en el Caribe. Este incidente se enmarca en una postura más agresiva de Washington en la región, acompañada de una escalada de amenazas contra Venezuela y su presidente Nicolás Maduro, a pesar de la revelación de un diálogo telefónico entre ambos mandatarios.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, justificó el accionar del almirante Frank Bradley, jefe del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos, afirmando que el mismo actuó «dentro de su autoridad y la ley» al ejecutar el segundo ataque, después de que el primero dejara a los sobrevivientes aferrados a la embarcación destruida.
En total, 11 personas fallecieron en el ataque, que forma parte de la campaña militar de la Administración Trump contra los llamados “narcoterroristas” que, según Washington, transportan drogas desde Venezuela a Estados Unidos.
A pesar de haber destruido 22 embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental y de haber matado al menos a 83 personas, Estados Unidos no ha aportado pruebas que respalden sus alegaciones. La Armada estadounidense, con capacidad para interceptar estas embarcaciones sin recurrir a la fuerza letal, ha optado por lo que se describen como ejecuciones extrajudiciales, evidenciando una estrategia de fuerza en la región que coincide con el endurecimiento del discurso contra Venezuela.
La declaración de Leavitt también intentó defender al Secretario de Guerra Pete Hegseth, quien enfrentó un severo escrutinio tras un informe del Washington Post que reveló que había ordenado verbalmente a una unidad de élite que «matara a todos los miembros de la tripulación» a bordo del barco.
Leavitt enfatizó que Hegseth «autorizó al almirante Bradley a realizar estos ataques cinéticos», pero negó que el jefe del Pentágono hubiera ordenado directamente las muertes. La portavoz añadió: «El presidente ha dejado muy claro que si los narcoterroristas vuelven a traficar drogas ilegales hacia Estados Unidos, tiene la autoridad para eliminarlos. Eso es lo que está haciendo esta administración».
La confirmación del ataque alimentó la indignación bipartidista en el Capitolio. Dirigentes de los comités de Servicios Armados de la Cámara y el Senado anunciaron investigaciones para determinar si la operación violó leyes estadounidenses e internacionales.
El republicano Mike Turner afirmó que un segundo ataque contra sobrevivientes “constituiría un acto ilegal”, declaración que resonó tanto entre demócratas como entre sectores conservadores que se oponen a nuevas intervenciones militares.
Hegseth, por su parte, defendió públicamente al almirante Bradley y negó haber dado una orden de ejecución. Aun así, la prensa estadounidense reporta confusión dentro del Pentágono, tensiones en el gabinete y grietas dentro del movimiento MAGA, donde algunos aliados históricos de Trump han comenzado a marcar distancia.
Preguntado a bordo del Air Force One, el presidente Donald Trump dijo que no habría aprobado un segundo ataque y prometió “averiguar qué ocurrió”. Sin embargo, simultáneamente defendió el enfoque agresivo de su Administración contra supuestos “narco-terroristas”.
En un hecho inesperado, Trump confirmó haber conversado directamente con el presidente venezolano Nicolás Maduro, aunque evitó ofrecer detalles. Medios estadounidenses afirman que ambos discutieron incluso la posibilidad de un encuentro cara a cara.
La revelación ocurre mientras Trump mantiene amenazas abiertas contra Caracas y declaró recientemente que el espacio aéreo venezolano “debe considerarse cerrado en su totalidad”, dejando entrever posibles operaciones futuras.
El próximo martes, Hegseth enfrentará preguntas clave en la reunión del gabinete, donde se espera que el caso del “kill order” domine la agenda.
