Agencias de las Naciones Unidas y organizaciones humanitarias internacionales advirtieron este martes que las recientes decisiones del Gobierno israelí de retirar licencias a ONG que operan en la Franja de Gaza tendrán consecuencias “catastróficas” para la población civil del devastado enclave palestino.
En un comunicado conjunto, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) denunció que la exclusión de estas entidades pone en peligro inminente la vida de los palestinos, especialmente durante el invierno.
El Gobierno de Benjamin Netanyahu anunció la cancelación de licencias a 37 organizaciones humanitarias, entre ellas Médicos Sin Fronteras (MSF), alegando que buscar prevenir vinculaciones de sus empleados con “actividades terroristas”.
Entre otras imposiciones, las nuevas normas de Tel Aviv para mantener las licencias a las organizaciones humanitarias incluyen requisitos ideológicos como descalificar a aquellas que han llamado a boicots contra Israel o expresado apoyo a cualquiera de los casos en tribunales internacionales contra soldados o funcionarios israelíes.
Otro requisito es presentar listas de personal, a lo que las organizaciones no han accedido porque temen que los empleados palestinos sean sean blanco de las fuerzas israelíes (más de 500 trabajadores humanitarios fueron asesinados durante la escalada militar sionista). Además, alegan que respetan las leyes de protección de datos europeas.
Las agencias de la ONU subrayaron que estas organizaciones son fundamentales para las operaciones humanitarias en Gaza, gestionando o apoyando hospitales de campaña, centros de atención primaria, servicios de agua y saneamiento, refugios de emergencia y programas de nutrición para niños con desnutrición aguda grave.
“Si las ONG internacionales se ven obligadas a cesar sus operaciones, uno de cada tres centros de salud de Gaza cerrará”, advirtieron. Además, resaltaron que los cinco centros de estabilización nutricional —que representan el 100% de la capacidad hospitalaria para tratar la desnutrición que pone en riesgo la vida de los niños— dependen exclusivamente del apoyo internacional.
Las organizaciones denunciaron que el nuevo proceso de reinscripción y otros obstáculos “arbitrarios” han dejado atrapados suministros esenciales por valor de millones de dólares fuera de Gaza, incluyendo alimentos, medicinas, artículos de higiene y materiales para alojamiento. Por ello, exigieron a la comunidad internacional “medidas inmediatas” para presionar a Israel a eliminar todos los impedimentos al acceso humanitario en el territorio palestino ocupado.
Esta semana, el Comisionado General de la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina (UNRWA), Philippe Lazzarini, calificó de “indignante” la nueva legislación aprobada por la Knéset, que restringe las operaciones de la agencia en Jerusalén Oriental ocupada.
La norma, aprobada con 59 votos a favor y siete en contra, retira la inmunidad diplomática a la UNRWA, autoriza el corte de suministros esenciales —agua, electricidad, combustible y comunicaciones— y permite la expropiación de propiedades de la ONU, incluida su sede principal en Jerusalén.
“Esto constituye una clara violación de las obligaciones del Estado de Israel en virtud del derecho internacional”, declaró Lazzarini, quien insistió en que la medida contradice las conclusiones de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y es “un ataque directo al sistema multilateral”. La CIJ determinó en octubre que Israel no ha demostrado que una parte significativa del personal de la UNRWA esté vinculada a Hamás y reiteró que Tel Aviv está obligado a facilitar, no obstaculizar, las operaciones de la agencia.
Lazzarini también recordó que los derechos de los refugiados palestinos existen independientemente de la UNRWA, respaldados por el derecho internacional humanitario y resoluciones como la 194 de la Asamblea General de la ONU. “Incluso si la UNRWA dejara de existir, esos derechos perdurarían”, sostuvo.
