Criminalización contra migrantes en EE. UU.

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Miedo e indignación, dos sentimientos que se expanden en pueblos y ciudades ante las redadas del ICE y su régimen de terror

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Fernando M. García Bielsa (Juventud Rebelde).— Los asesinatos a mansalva a comienzos de año, con solo días por medio, de Renee Nicole Good y Alex J. Pretti, dos ciudadanos estadounidenses, sin antecedentes penales, residentes en la ciudad de Minneapolis, perpetrados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), son los más recientes de los muchos actos de represión que agencias del Gobierno llevan a cabo cotidianamente en ciudades y pueblos de EE. UU.

 

Tales acciones siembran el miedo y producen indignación entre los migrantes y vecinos, pero a su vez generan frecuentes protestas que, por estos días, se han extendido desde Minneapolis a los bastiones demócratas de Nueva York, Boston, Portland… El frío extremo no impidió que unas 50 000 personas marcharan por Minneapolis el fin de semana. En respuesta, las fuerzas del orden que ocupan la ciudad, lanzaron gases lacrimógenos y granadas aturdidoras a la multitud. El alcalde Jacob Frey acusó al Gobierno de Donald Trump de aterrorizar a su ciudad.

El ICE y la Patrulla Fronteriza están invadiendo numerosas urbes, acosando y deteniendo a personas sin el debido proceso, por su color de piel, idioma, acento o lugar de residencia.

Durante sus dos mandatos, Trump ha desarrollado una política particularmente represiva contra los inmigrantes para consolidar el apoyo entre sus seguidores, al interpretar las últimas elecciones como una suerte de mandato para llevar a cabo la mayor deportación de inmigrantes ilegales en la historia de EE. UU.

Las redadas arbitrarias y la represión por parte de ICE atrajeron la atención nacional por la frecuencia con la que agentes federales enmascarados invaden lugares públicos y persiguen a trabajadores, especialmente de origen latino, evidencia de marcados sesgos racistas y clasistas en la persecución y arrestos, actitudes xenófobas y modus operandi violento que también tienen arraigo y comparten con la Patrulla Fronteriza.

No son solo indocumentados quienes resultan brutalizados, separados de sus familias, retenidos durante largos períodos en condiciones horrendas en las penitenciarías del ICE y, finalmente, deportados. Incluso, ya hace algún tiempo que comenzaron los arrestos y  deportaciones de personas con estatus migratorio legal.

Los asesinatos durante los operativos de los agentes del ICE ya no son hechos aislados. Hay una mutación peligrosa del rol de esa agencia, que ejerce funciones de seguridad doméstica, la que ha recibido una inyección masiva de fondos federales y ha duplicado su personal hasta unos 22 000 hombres. Buena parte del nuevo personal contratado son exmilitares y veteranos de guerra, que ahora desatan su furia y frustraciones.

EE.UU. es una nación de inmigrantes, quienes han hecho y hacen un significativo aporte a la economía y a la cultura del país, y lo han provisto de mano de obra barata y para los más duros oficios, como la construcción, la minería, los ferrocarriles, y de modo temporal en labores agrícolas, las empacadoras de carne, y toda una gama de servicios y oficios de alto riesgo. Traer temporeros o deportarlos devino rasgo de la política migratoria y la sobrexplotación laboral, desechable a conveniencia.

Trump ha exacerbado estereotipos negativos y caricaturiza a los inmigrantes relacionándolos con la criminalidad y el narcotráfico.

Con la afluencia de inmigrantes hispanos y asiáticos, Estados Unidos es cada vez más diverso en cuanto a etnicidad y cultura. En los últimos años, los inmigrantes representaron el 50 por ciento, o más, del aumento de la población estadounidense; también se ha avivado el sentimiento antinmigrante.

Por citar un caso, en 2019, furioso por la continua «invasión hispana» en Texas, un supremacista blanco condujo más de mil kilómetros hasta El Paso, en el oeste de ese estado, y mató a tiros a 23 personas en una tienda Walmart.

Los incidentes y ataques con víctimas mortales alimentados por el odio se han disparado durante la última década.

Solo en 2020, ocurrieron más de 13 480 incidentes de asesinato, torturas, secuestro u otros ataques violentos en la zona fronteriza. Un número superior son cotidianamente obligados a regresar a México. Otros cientos de personas han desaparecido cruzando la frontera.

Un negocio xenófobo

La discriminación racial y la xenofobia, profundamente arraigadas en EE. UU. —y lo propicio que resulta el tema para su manipulación por los políticos—, son factores que trascienden la compleja problemática migratoria, a lo cual debemos sumar la mercantilización y el creciente papel de intereses corporativos privados en el programa de control fronterizo.

La militarización de la frontera ha devenido un negocio lucrativo, donde ya gastan más dinero que el destinado en conjunto al resto de los demás programas federales de aplicación de la ley. Las empresas proveedoras de vigilancia y seguridad fronteriza —considerado uno de los sistemas más sofisticados del mundo— están imbricadas o son filiales de los grandes fabricantes de armas contratistas del Pentágono, beneficiadas con el multimillonario gasto militar estadounidense. Además, están en expansión empresas de prisiones privadas, como CoreCivic y Geo Group.

Mediante sus contribuciones a las campañas electorales y su constante interacción e influencia con políticos y funcionarios en puestos estratégicos en el ejecutivo, la legislatura y en medios de comunicación, estas corporaciones de seguridad fronteriza, cuyo control se extiende cien millas de tierra adentro, han formado un poderoso complejo fronterizo-industrial que constituye gran impedimento para una respuesta humana a la migración.

Los presupuestos para el control fronterizo en la década de 1980 eran del orden de 350 millones de dólares. En la actualidad, solo para el ICE se destinan casi 29 000 millones de dólares (incluso el triple que en 2024), incremento acompañado por un crecimiento similar en la Patrulla Fronteriza de 4 000 agentes en 1994 a 21 000 en la actualidad. Bajo su agencia matriz, la CBP (Custom and Border Protection), hay otros 60 000 agentes.

El muro en la frontera y las medidas antinmigrantes aumentaron durante el Gobierno del republicano George W. Bush, tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, y un demócrata, Obama, les dio plena continuidad. Se materializó de diversas formas: barreras —en algunos tramos hasta de nueve metros de altura—, vallas peatonales, vigas ancladas al suelo en forma de X, paneles de acero rellenos de concreto y obstáculos, como alambre de púas, en el río. Hoy es un sistema que suma alta tecnología, más de 465 torres de vigilancia con sensores e iluminación, drones de observación, rastreo de celulares y aplicación de inteligencia artificial, más helicópteros y aviones teledirigidos.

Durante este segundo mandato, Trump ha afirmado que inmigración es igual a inseguridad y EE. UU. se encuentra «bajo asedio».

La militarizción del ICE

El ICE ya no opera únicamente como una agencia encargada de hacer cumplir la ley migratoria, es una fuerza federalizada intimidatoria y represiva, cuyos agentes cuentan con pertrechos militares y operan en grandes ciudades, consolidando un patrón: la política migratoria como herramienta abusiva de control político interno, donde su despliegue como primera línea se enfatiza en ciudades gobernadas por alcaldes demócratas, comunidades con tradición liberal y espacios donde el rechazo al trumpismo es abierto y organizado.

Junto a otras agencias, refuerza un control migratorio indiscriminado para cumplir la promesa de campaña de máxima prioridad, un millón de deportaciones al año.

En los primeros siete meses de la administración Trump, el ICE deportó a casi 200 000 personas, mediante 1000 y 2000 arrestos diarios, y el aumento de la capacidad de los centros de detención migratoria. Sin embargo, según datos internos, esas detenciones están por debajo del objetivo de la Casa Blanca de 3000 arrestos diarios.

Dada la sensibilidad que este asunto genera en la sociedad estadounidense, tanto el Partido Demócrata como el Republicano han seguido enarbolando posturas oportunistas, atacándose mutuamente para ganar más votos de la población blanca y ciertas minorías étnicas, lo cual hace difícil la adopción de cualquier reforma migratoria importante, aun cuando se evidencia en parte de la sociedad un fuerte rechazo a la política en curso de abusos contra los inmigrantes.

Lo condicionan y estimulan intereses creados, el boom de los negocios de la militarización del control migratorio, y el aumento presupuestario para esos fines represivos en las fronteras y ciudades de Estados Unidos.

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