Archivos desclasificados revelan operaciones encubiertas, presión política y propaganda británica para frustrar la nacionalización de los recursos energéticos venezolanos desde principios del siglo XX hasta la era de la revolución chavista.
Los archivos analizados por Desclassified, revelan que los intereses británicos, centrados en las inversiones de Shell, BP y BG Group, buscaron frustrar medidas de nacionalización, a pesar de que Estados Unidos lidera la voracidad por el crudo venezolano.
En octubre de 2001, el entonces presidente Hugo Chávez planteó reformar la Ley de Hidrocarburos para afirmar la soberanía sobre los recursos del país caribeño. Esta reforma ordenaba que al menos el 50% de las empresas mixtas fueran propiedad del Estado y aumentaba las regalías sobre los intereses petroleros extranjeros.
Para el primer ministro británico Tony Blair, la ley era una preocupación, ya que las empresas del Reino Unido tenían más de 4.000 millones de dólares invertidos y planeaban nuevas inversiones por otros 3.000 millones de dólares en la industria.
Ante las políticas de nacionalización propuestas por el gobierno bolivariano, Londres puso en práctica las medidas sugeridas por John Sawers, futuro jefe del MI6, el Servicio de Inteligencia Exterior británico, medidas que iban desde la desinformación hasta el apoyo a un golpe de estado para derrocar al gobierno del comandante Hugo Chávez.
La histórica injerencia británica en la industria petrolera venezolana
Según una revisión de docenas de archivos de los Archivos Nacionales por parte de la plataforma Declassified, el gobierno del Reino Unido ha intentado frustrar repetidamente la nacionalización del petróleo desde su primer descubrimiento.
Hace más de un siglo, en 1912, Royal Dutch-Shell inició operaciones en Venezuela. Dos años más tarde, en 1914, la compañía británica, junto con la estadounidense General Asphalt, descubrió un yacimiento en la pequeña ciudad de Mene Grande.
El geólogo George Bernard Reynolds, de Venezuela Oil Concessions Limited (VOC), una subsidiaria de Shell, confirmó que los suministros existentes eran “suficientes para satisfacer a los más exigentes”. Para 1920, la CIA informó que prácticamente toda la producción petrolera de Venezuela y sus concesiones más prometedoras estaban en manos de Royal Dutch-Shell y dos compañías estadounidenses, Jersey Standard (SOCNJ) y Gulf.
El petróleo venezolano controlado por Royal Dutch-Shell había aumentado en más del 600%, pasando de 210.000 barriles en 1917 a 1.584.000 en 1921. La asociación de estas empresas petroleras con el dictador Juan Vicente Gómez, quien gobernó Venezuela desde 1908 hasta 1935, mancilló la soberanía venezolana sobre sus recursos y significó condiciones de explotación para los trabajadores petroleros.
En 1936, bajo el gobierno del presidente venezolano, general Eleazar López Contreras, los trabajadores petroleros de Maracaibo convocaron una huelga general. La protesta, que duró 43 días, surgió en respuesta a los bajos salarios y las precarias condiciones de vida, causando una disminución del 39% en la producción petrolera. En respuesta, López Contreras introdujo una serie de reformas para mejorar las condiciones laborales, lo que le ganó la animadversión de los ejecutivos petroleros británicos y estadounidenses.
América Latina y el impulso al nacionalismo petrolero
La historia de la expropiación petrolera mexicana y las estrategias encubiertas de potencias extranjeras en Venezuela revelan una constante pugna por los recursos, donde el nacionalismo se enfrenta a los intereses foráneos.
En 1938, el entonces presidente Lázaro Cárdenas ordenó la expropiación de los activos de casi todas las compañías petroleras extranjeras que operaban en México. Esta medida culminó con la creación de Petróleos Mexicanos (PEMEX), una empresa estatal que estableció un monopolio en la industria y prohibió la operación de firmas foráneas en el país.
La expropiación mexicana tuvo repercusiones internacionales significativas. Las compañías petroleras extranjeras respondieron con un embargo al petróleo del país, lo que provocó una disminución del 50 por ciento en las exportaciones.
La postura intransigente del Reino Unido contra las acciones de México llevó a la ruptura de relaciones diplomáticas con el gobierno de Cárdenas. Tras años de batallas jurídicas y políticas, el 18 de abril de 1942, los gobiernos de Estados Unidos y México firmaron el acuerdo Cooke-Zevada.
En este pacto, México acordó pagar aproximadamente 29 millones de dólares en compensación a varias empresas estadounidenses, incluidas Jersey Standard y Socal. El Reino Unido, sin embargo, resistió hasta 1947, cuando finalmente recibió 130 millones de dólares.
Después de la salida de Cárdenas en 1940, México consideró el retorno de las empresas petroleras, pero solo con la condición de mantener la propiedad del subsuelo y el monopolio de PEMEX, una propuesta inaceptable para el gobierno estadounidense y las compañías.
En 1950, Estados Unidos abandonó sus esfuerzos por reabrir la industria petrolera mexicana, ya que las empresas estadounidenses habían comenzado a priorizar operaciones en Oriente Medio y Venezuela debido a condiciones más favorables.
El nacionalismo petrolero se extendió a Venezuela, evidenciado en la gestión del gobierno de Rómulo Betancourt durante la década de 1940, marcada por una política anticomunista. Según un archivo de la CIA de marzo de 1948, Betancourt y su predecesor, Rómulo Gallegos, se reunieron para discutir la ilegalización del Partido Comunista en Venezuela. Una de las medidas implementadas fue la destitución de todos los delegados del sindicato petrolero Fedepetro afiliados a este partido.
No obstante, estas acciones no fueron suficientes para los intereses petroleros extranjeros. Los directores de Shell reaccionaron positivamente al golpe militar que derrocó a Betancourt en 1948, apostando a que la nueva administración «revertiría la tendencia de Betancourt a la hostilidad hacia los ‘capitalistas’ y las potencias ‘coloniales’».
Aunque la empresa estadounidense SOCNJ había emergido como el principal productor de petróleo de Venezuela, Shell seguía siendo el segundo actor más importante. En 1950, la compañía había centralizado sus operaciones, construyendo una sede modernista en el norte de Caracas.
A pesar de esta injerencia, el petróleo venezolano se nacionalizó en 1976, reemplazando a las empresas extranjeras, incluida Shell, por la estatal Pdvsa. Sin embargo, en 1978, el New York Times informó que Shell estaba «más ocupada en Venezuela que antes de que se nacionalizara la industria petrolera».
Desde las sombras inglesas
El petróleo de Venezuela siguió siendo central para el proyecto imperial británico. Según una investigación del académico Mark Seddon, al estallar la Segunda Guerra Mundial, el crudo venezolano “adquirió particular importancia dentro del esfuerzo bélico británico a medida que el petróleo del Medio Oriente se volvió menos accesible tras el cierre del Mediterráneo en 1940”.
En 1960, una unidad de propaganda británica dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, denominada Departamento de Investigación de Información (IRD), trabajó en secreto para proteger los intereses petroleros de Gran Bretaña en Venezuela.
Creado en 1948, el IRD tenía como objetivo generar resiliencia contra el comunismo y otros movimientos de liberación nacional, al mismo tiempo que cultivaba agentes de influencia extranjeros como periodistas, políticos, oficiales militares y empresarios.
En 1961, el IRD consideraba a Venezuela el tercer país más importante de América Latina, ante el riesgo de «subversión» de izquierda y la participación estratégica de Gran Bretaña en la industria petrolera del país.
Ese año, el IRD colaboró con los servicios de inteligencia británicos para promover un boicot a El Nacional, el periódico más grande de Venezuela, con el fin de obligarlo a «abandonar su campaña a favor de expropiar empresas extranjeras y promover la agitación comunista».
En 1962, un funcionario del IRD se jactó de que el periódico El Nacional había «cambiado su tono de manera importante», y su circulación disminuyó de 70.000 a 45.000 ejemplares diarios. Esto ocurrió por el respaldo de poderosos grupos conservadores y anticomunistas venezolanos, así como de compañías petroleras extranjeras que suspendieron su publicidad.
Archivos desclasificados recientemente indican que Shell también financió encubiertamente redes reaccionarias en Venezuela. Shell y BP proporcionaron «generosos» subsidios directos al IRD para promover sus intereses petroleros en América Latina, Medio Oriente y África.
Financiando golpes de Estado
Las empresas petroleras extranjeras buscaron recuperar «sus pérdidas», a principios de los años 1990 con la «Apertura Petrolera» del presidente Carlos Andrés Pérez, cuyas medidas de austeridad generaron pobreza y protestas callejeras, pero fueron frustradas por la Ley de Hidrocarburos propuesta por Chávez en 2001.
La Ley de Hidrocarburos de 2001 preocupó a Washington y Londres por su impacto en la inversión energética. Grandes compañías petroleras, incluida BP, advirtieron que los impuestos y restricciones obstaculizaría sus operaciones.
La administración de George Bush esperaba que Blair «hiciera entrar en razón a Chávez» respecto a esta ley. Esta presión culminó en un golpe de Estado en abril de 2002 contra Chávez, orquestado por militares y políticos disidentes con el apoyo de Washington.
Pedro Carmona, un economista designado inconstitucionalmente presidente, rápidamente desmanteló la democracia y revirtió las reformas petroleras. Archivos desclasificados muestran que Gran Bretaña, aunque señalando la naturaleza inconstitucional del golpe, «esperaba silenciosamente» que el régimen de Carmona fuera más complaciente con los intereses extranjeros.
El comandante Hugo Chávez fue restituido en el poder 47 horas después de una ola de movilizaciones populares en Caracas. El Ministerio de Relaciones Exteriores Británico entonces «esperaba silenciosamente» que «los acontecimientos de los últimos días» sirvieran como «una seria advertencia para que cambie su forma de actuar».
Británicos antes y durante el 3E
Los detalles de las actividades han sido publicados por los periodistas de Declassified UK, Matt Kennard y John McEvoy, colaborador de The Canary y Brasil Wire. Su investigación forma parte de una serie de trabajos publicados para Declassified UK en que expone los esfuerzos fallidos del Reino Unido de promover un cambio de régimen contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro en Venezuela.
Según Desclassified UK, personal de la Marina Real se había integrado a la armada estadounidense que rodeaba a Venezuela y que terminó con la invasión militar del 3 de enero (3E) y el secuestro del Presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente Cilia Flores.
Aunque el Secretario de Defensa, John Healey, aparentemente les ordenó no participar en ataques y el intercambio de inteligencia entre Estados Unidos y el Reino Unido se congeló para evitar complicidad británica en violaciones del derecho internacional.
Pero los antecedentes ingleses de desestabilizar al gobierno bolivariano están confirmados en los archivos desclasificados, y no dejan lugar a dudas de las acciones que llevaron adelante, en defensa de sus intereses petroleros.
Desde 2019, Gran Bretaña ha congelado más de 2.000 millones de dólares en oro venezolano en el Banco de Inglaterra. Además, ha patrocinado iniciativas antigubernamentales y creó una «Unidad de Reconstrucción de Venezuela» (VRU) secreta en el otoño de 2019.
Londres financió secretamente a la oposición, medios y condicionó su apoyo a Juan Guaidó a cambio del reclamo sobre el Esequibo, reveló una investigación periodística. Esta estrategia buscaba asegurar intereses petroleros británicos en la región.
El reconocimiento británico a Guaidó en 2019 como presidente de Venezuela, a pesar de nunca haberse postulado a un cargo presidencial, sentó las bases para estas operaciones. La llamada «Venezuela Reconstruction Unit» (VRU), asignada a John Saville con otros tres miembros de personal —incluyendo un «consultor externo»—, tuvo la tarea de planificar el «día después» del derrocamiento del presidente Nicolás Maduro.
Esta unidad se reunió con Guaidó en Londres en enero de 2020 y mantuvo contacto con miembros de su equipo, como Vanessa Neumann. El entonces ministro de Relaciones Exteriores británico, Alan Duncan, había expresado en 2018 el interés de empresas británicas como Shell y BP en la «reactivación de la industria petrolera» venezolana.
Los intereses británicos también se extienden a la vecina Guyana, que disputa con Venezuela la rica región petrolera del Esequibo. En enero de 2019, Vanessa Neumann, representante de Guaidó en Londres, fue grabada afirmando que el Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Commonwealth «no nos apoyarán mientras continuemos con la línea oficial de que queremos recuperar el Esequibo de Guyana».
Neumann ordenó entonces a un colega asesor «abandonar el tema» del reclamo venezolano sobre el Esequibo, a cambio del respaldo de Gran Bretaña a la oposición. La investigación de Desclassified denuncia además que el Ministerio de Relaciones Exteriores financió una coalición «anticorrupción» en Venezuela con 450.000 libras esterlinas, provenientes del Fondo de Conflicto, Estabilidad y Seguridad.
El Ministerio se niega a revelar las organizaciones no gubernamentales financiadas, pero el artículo señala que la presencia de la dirigente ultraderechista María Corina Machado no es casual.
La Fundación Westminster para la Democracia (FWD)
En agosto de 2020, el Gobierno del Reino Unido estableció un proyecto periodístico para «influir» en la «agenda mediática» venezolana a través de la Fundación Westminster para la Democracia (FWD), gastando 750.000 libras esterlinas en un programa secreto de «promoción de la democracia» en el país.
Un estudio reveló que se financió a la Fundación Efecto Cocuyo, al Instituto Radiofónico Fe y Alegría y al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Mientras recibía fondos británicos, Efecto Cocuyo se asoció con Bellingcat y Forensic Architecture para investigar el caso de Óscar Pérez, un policía que secuestró un helicóptero y disparó contra edificios de gobierno.
En julio de 2019, la editora de Efecto Cocuyo, Luz Mely Reyes, participó en la “Conferencia Global por la Libertad de Prensa” del gobierno británico en Londres, donde fue elogiada sin mencionar los vínculos financieros de su medio con el anfitrión.
El mayor despliegue de recursos de la WFD fue de 248 mil 725 libras esterlinas, realizado entre 2017 y 2018, justamente en el periodo en que la Unión Europea secundó la estrategia de bloqueo y sanciones de Estados Unidos, mientras que a nivel nacional los voceros del antichavismo la promovía a través del anterior Parlamento venezolano.
Este esquema de apoyo mediático británico se asemeja al de la Fundación Nacional para la Democracia (NED) de Estados Unidos, que también financia proyectos de «libertad de información» en Venezuela, «cortinas» que buscan imponer gobiernos que nuevamente hagan del acceso al recurso petrolero, una «canilla abierta», hoy controlada por la reforma parcial a la ley de hidrocarburos, de la presidenta (e) Delcy Rodríguez.
