La derecha tapa la corrupción, pero castiga investigar la corrupción.
Por André Abeledo Fernández
La historia reciente de la política del Estado español nos demuestra, de manera sistemática y alarmante, que en el seno del Partido Popular la corrupción no es un accidente o un caso aislado de manzanas podridas. Es una herramienta estructural y sistémica de su forma de entender la gestión pública. Se ha evidenciado de forma reiterada: dentro de las filas del PP, mantener un perfil dócil con las malas prácticas, falsificar másteres o desmantelar los servicios públicos de todos para enriquecer a unos pocos no acarrea castigo real; la verdadera herejía política que el partido sanciona con la expulsión o el linchamiento interno es el atrevimiento de asomarse a investigar sus propias tramas de corrupción interna.
Lo pudimos comprobar con nitidez absoluta durante las disputas internas que fracturaron la dirección nacional de Génova. En el momento en que se sugirió fiscalizar los contratos irregulares o las comisiones que beneficiaban directamente al entorno familiar de sus líderes autonómicos en Madrid, el aparato del PP, respaldado por su fiel maquinaria mediática afín, no dudó en ejecutar un auténtico golpe de mano contra su propia cúpula de dirección. Prefirieron decolar a sus propios dirigentes antes que permitir que se levantaran las alfombras del poder madrileño. La máxima implícita de la derecha española es tan cínica como transparente: se encubre y se premia al infractor, pero se fulmina sin piedad a quien ose romper la ‘omertá’ corporativa de la formación.
Este comportamiento no es casual. Responde a la naturaleza intrínseca de una organización que utiliza las instituciones públicas no como herramientas para el bienestar colectivo de las mayorías sociales, sino como un botín de guerra especulativo y de beneficio privado. El Partido Popular ejerce de gestor eficaz de los intereses de la patronal, de las grandes fortunas y del sector inmobiliario. Mientras la clase trabajadora sufre las consecuencias de la pérdida de poder adquisitivo, la precarización laboral y la imposibilidad rampante de acceder a una vivienda digna, el PP promueve políticas fiscales destinadas de forma exclusiva a aliviar los impuestos de los más ricos y a desmantelar la sanidad y la educación públicas.
En nuestra propia tierra, en Galiza, conocemos bien este ‘modus operandi’. Llevamos décadas soportando mayorías absolutas del PP que se dedican activamente a debilitar el tejido industrial, a abandonar el rural y a acometer un sibilino pero constante ataque a nuestra identidad y nuestra lengua propia. La propaganda institucional intenta vender un modelo de moderación que se desploma en cuanto se analiza el estado crítico de la sanidad gallega, las listas de espera en dependencia o el éxodo forzoso de nuestra juventud debido a la falta de un horizonte laboral digno. El PP gallego y el estatal comparten el mismo ADN de clase: priorizar el balance de resultados de las grandes empresas frente a las necesidades básicas de la población.
Frente a un Partido Popular blindado por los poderes económicos y mediáticos, la respuesta no puede ser la tibieza, el seguidismo ni las medias tintas de aquellos sectores de la socialdemocracia que a menudo flirtean con las mismas lógicas del capital. No se trata de aspirar a tener «un amo más justo», sino de organizarse firmemente para dejar de ser esclavos de este sistema depredador.
La única alternativa real viable pasa por construir una confluencia de izquierdas genuina, combativa, de clase y nítidamente anticapitalista. Es indispensable articular una unidad popular sólida desde la base, en las calles, en las fábricas y en los ayuntamientos, que asuma sin complejos la defensa de los servicios públicos, la nacionalización de los sectores estratégicos y la confrontación directa contra las políticas de recortes del Partido Popular y sus socios de la ultraderecha. Solo recuperando la conciencia de clase y la movilización social podremos desalojar a la derecha de las instituciones y comenzar a edificar una sociedad donde la dignidad humana y los derechos de los trabajadores estén verdaderamente por encima del mercado.
André Abeledo Fernández
