La autodeterminación no es un capricho. Es un derecho. Y los derechos no se piden: se conquistan.
Cada vez que un pueblo reclama decidir su propio futuro, los mismos de siempre sacan el mismo manual: la estabilidad, la constitución, el orden. Traducción: que os quedéis quietos y obedezcáis.
Hay palabras que el poder vacía de contenido a fuerza de usarlas mal. «Libertad» es una de ellas. «Democracia» es otra. Y «autodeterminación» es quizás la más manoseada, la más tergiversada, la que más miedo da precisamente porque, cuando se toma en serio, pone en jaque los cimientos del orden establecido. Por eso la clase dominante la admite en abstracto, en los libros de derecho internacional, en los discursos solemnes de la ONU, y la niega en concreto, con porras, con juicios, con cárcel, con tanques, en cuanto algún pueblo tiene la audacia de ejercerla de verdad.
Quiero ser claro desde el principio, porque en estos tiempos la claridad es un acto político: la autodeterminación de los pueblos es un derecho humano fundamental. No una aspiración. No una demanda negociable. Un derecho. Reconocido en la Carta de las Naciones Unidas, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Reconocido, en papel, por prácticamente todos los estados del mundo. Y negado, en la práctica, por esos mismos estados cuando el pueblo que lo reclama resulta ser el suyo.
«Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural.» — Artículo 1, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos · ONU, 1966
Eso no lo escribió ningún revolucionario. Lo escribieron los propios estados burgueses, los mismos que hoy llenan las cárceles de independentistas, los mismos que envían antidisturbios a las urnas, los mismos que declaran ilegales los referendos. La hipocresía no podría ser más obscena. Pero la hipocresía, al menos, tiene la virtud de revelar la verdad: si tuvieran razón, no necesitarían reprimirlo. Reprimen porque temen. Y temen porque saben que tienen enfrente algo legítimo.
«Cuando el poder declara ilegal un derecho humano, el problema no es el derecho. El problema es el poder.»
Pensemos un momento en lo que significa, en su raíz más honesta, el derecho a la autodeterminación. Significa que ningún pueblo está obligado a vivir bajo una estructura política que no ha elegido. Significa que la soberanía no emana de los estados, sino de las personas que los habitan. Significa que las fronteras, esos trazos arbitrarios que la historia ha dibujado con guerras, tratados y conquistas, no son sagradas. Significa, en definitiva, que la voluntad de un pueblo vale más que la conveniencia de quienes lo gobiernan.
Eso es explosivo. Claro que es explosivo. Por eso asusta tanto a quienes construyeron su poder sobre la negación de esa voluntad. El Estado español niega el derecho a decidir a catalanes, vascos y gallegos. Israel niega ese derecho al pueblo palestino. Francia lo negó durante décadas en Argelia, en Indochina, en todo su imperio colonial. El Reino Unido lo negó en Irlanda durante siglos. La lista es interminable y siempre tiene el mismo patrón: el pueblo más fuerte decide por el más débil y llama a eso «orden constitucional».
«Una nación que oprime a otra forja sus propias cadenas.» — Karl Marx
Aquí es donde la izquierda tiene una deuda histórica que saldar. Porque no toda la izquierda ha estado a la altura de este principio. Ha habido socialdemócratas, e incluso partidos que se llaman comunistas, que han antepuesto la unidad del estado a la voluntad de los pueblos oprimidos. Que han confundido el internacionalismo proletario con el centralismo estatal. Que han mirado hacia otro lado cuando se reprimía a los nacionalistas de izquierda escoceses, catalanes, kurdos o saharauis.
Eso es una traición a los principios del marxismo. Lenin fue muy claro al respecto, y conviene recordarlo cuando algunos pretenden ignorarlo: el derecho a la autodeterminación, incluida la independencia, es un principio irrenunciable del internacionalismo proletario. No porque la independencia sea siempre la mejor opción táctica, sino porque negarle ese derecho a un pueblo es reproducir la lógica colonial que el socialismo tiene la obligación histórica de combatir.
Pueblos que ejercieron su derecho y fueron reprimidos por ello.
El pueblo palestino, que lleva más de setenta años reclamando un estado propio mientras sus territorios son ocupados, bombardeados y colonizados con total impunidad internacional.
El pueblo saharaui, que ganó el derecho a un referéndum de autodeterminación en 1991 mediante acuerdo de la ONU, y que lleva más de treinta años esperando que se celebre mientras Marruecos ocupa su territorio.
El pueblo catalán, que organizó una consulta el 1 de octubre de 2017 y recibió como respuesta porras, juicios y cárcel para sus líderes políticos en un estado que se proclama democrático.
El pueblo kurdo, repartido entre cuatro estados que lo reprimen de forma sistemática, sin reconocimiento internacional, sin territorio propio, con sus líderes encarcelados o en el exilio.
El pueblo vasco, que históricamente ha expresado una voluntad de decisión que el Estado español ha respondido con represión, ilegalización de partidos y encarcelamiento de representantes electos.
El pueblo gallego, nación de lengua, cultura e historia propias, cuya identidad nacional es sistemáticamente minorizada y cuyo derecho a decidir ni siquiera se plantea en los marcos institucionales del Estado.
Se nos dice que la autodeterminación desestabiliza. Que rompe la convivencia. Que abre la puerta al caos. Es el mismo argumento que usaron los esclavistas cuando se les habló de emancipación. El mismo que usaron los imperios coloniales cuando se les habló de independencia. El mismo que usaron los que negaban el voto a las mujeres cuando se les habló de sufragio universal. El miedo al caos siempre ha sido el escudo del orden injusto.
La realidad es la contraria: lo que desestabiliza es la represión. Lo que rompe la convivencia es obligar a un pueblo a vivir bajo estructuras que rechaza. Lo que genera violencia es negar salidas democráticas a demandas legítimas. Si el Estado español hubiera permitido votar a Catalunya, no habría habido el 1-O. Si hubiera existido un mecanismo pacífico de decisión, no habría habido presos políticos ni exiliados. La represión no es la solución al conflicto. Es el conflicto.
«La democracia que le teme al voto de su propio pueblo no merece llamarse democracia.»
Desde Galicia, yo hablo de esto con una implicación que va más allá de la teoría política. Galicia es una nación. Tiene una lengua propia, una cultura propia, una historia propia, una identidad propia que no necesita el permiso de Madrid para existir. Y tiene, por tanto, el derecho a decidir su propio futuro, igual que lo tiene cualquier otro pueblo del mundo. No porque yo lo diga. Porque lo dicen los tratados internacionales que el propio Estado español ha ratificado.
Y mientras ese derecho no se reconozca en la práctica, hablar de lengua gallega como acto de resistencia, de cultura galega como acto político, de soberanía popular como horizonte de lucha, no es folclore ni romanticismo identitario. Es materialismo. Es entender que la nación no es un concepto abstracto, sino una comunidad de personas con intereses comunes que el Estado central ignora o subordina a sus propias lógicas de poder.
«El derecho de las naciones a la autodeterminación significa exclusivamente el derecho a la independencia en sentido político, el derecho a la separación política del colectivo opresor.» — V. I. Lenin · El derecho de las naciones a la autodeterminación, 1914
Internacionalismo y apoyo a la autodeterminación no son contradictorios. Son la misma cosa vista desde dos ángulos. Quien defiende la autodeterminación del pueblo palestino no puede negarla al pueblo catalán. Quien la defiende para Kurdistan no puede ignorarla para Galicia. La coherencia de principios no es un lujo ideológico. Es la base de cualquier proyecto político que merezca llamarse de izquierdas.
Porque si algo ha enseñado la historia del movimiento obrero es que los pueblos oprimidos y la clase trabajadora tienen el mismo enemigo: el capital y el Estado que lo defiende. Dividir a los trabajadores por nacionalidades ha sido siempre una herramienta de la burguesía para que no miren hacia arriba, hacia donde está el poder real. Pero reconocer el derecho de cada pueblo a decidir su futuro no divide: libera. Libera energías, construye alianzas de iguales, sienta las bases de una fraternidad que no se impone desde arriba sino que se elige libremente desde abajo.
En definitiva: la autodeterminación es un derecho humano porque los seres humanos no son ganado que pertenece a un estado. Son pueblos con historia, con lengua, con memoria, con voluntad. Y esa voluntad, cuando se expresa colectivamente, es la forma más alta de democracia que existe. Mucho más alta que cualquier constitución redactada sin contar con quien la tiene que obedecer.
Que nadie nos diga cuándo podemos votar. Que nadie nos diga qué podemos decidir. Los derechos no se mendigan. Se ejercen.
¡Os pobos non piden permiso para ser libres! ¡Hasta la victoria siempre!
André Abeledo Fernández
