Las Cortes no son un púlpito: religión y política deben estar separadas
Con respecto al sermón que ha dado el Papa en las Cortes Generales, sinceramente creo que no era ni el lugar ni el contexto adecuado para que un líder religioso se dirigiese desde la sede de la soberanía popular al conjunto de la ciudadanía.
Y digo líder religioso porque, aunque oficialmente el Papa sea también jefe del Estado Vaticano, no podemos obviar la realidad evidente: ante todo es el máximo dirigente de la Iglesia Católica. Y pertenecer a una religión, creer en un dios o seguir una doctrina espiritual es un acto de fe completamente personal y respetable, pero precisamente por eso debe mantenerse en el ámbito privado y no confundirse con las instituciones públicas de un Estado que debe representar a todos.
En el mundo existen miles de religiones diferentes. Hay personas católicas, musulmanas, judías, budistas, protestantes, ortodoxas, ateas, agnósticas y muchas otras sensibilidades filosóficas y espirituales. Y precisamente porque vivimos en una sociedad plural, la mejor manera de garantizar el respeto mutuo es separar claramente religión, política y Estado.
Cada persona tiene derecho a creer en lo que quiera. Tiene derecho a acudir a una iglesia, una mezquita o un templo. Tiene derecho a educar a sus hijos dentro de sus convicciones religiosas. Pero una cosa es la libertad religiosa y otra muy distinta que las instituciones públicas se conviertan en escenarios para sermones religiosos o para intentar influir políticamente sobre las leyes y los derechos civiles que nos hemos dado entre todos como sociedad.
Por eso considero un error que el autodenominado “gobierno más progresista de la historia” haya permitido, aparentemente a petición del Vaticano, que el Papa interviniese en las Cortes Generales. Porque las Cortes no son una catedral ni un púlpito. Son la casa de la soberanía popular, la casa de todos los ciudadanos independientemente de sus creencias.
Y esto no significa atacar a los creyentes ni faltar al respeto a la religión católica. De hecho, puedo compartir algunas de las cosas que el Papa ha dicho sobre inmigración, pobreza o abusos sociales. Pero incluso estando de acuerdo en parte de algunos mensajes, eso no cambia la cuestión de fondo: ningún líder religioso debería utilizar el Parlamento para opinar sobre nuestras leyes civiles o intentar condicionar derechos democráticos conquistados por la sociedad.
Porque las leyes no deben basarse en dogmas religiosos, sino en la voluntad popular y en los derechos individuales.
La sociedad española ha decidido democráticamente reconocer el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Y ninguna religión, ningún gobierno y ningún hombre tiene derecho a decidir por ellas. La maternidad debe ser una elección libre, no una imposición moral dictada desde un altar.
Del mismo modo, también hemos decidido reconocer el derecho a la eutanasia para aquellas personas que, en situaciones extremas de sufrimiento, quieran poner fin a su vida con dignidad. Y tampoco una confesión religiosa puede imponer su visión moral sobre quienes no comparten esas creencias.
Porque en democracia las leyes son para todos, pero las creencias pertenecen al ámbito individual.
Por eso insisto: me parece perfectamente legítimo que el Papa visite España, que mantenga reuniones institucionales o que celebre actos religiosos para sus fieles. Pero sus sermones deberían darse en iglesias y catedrales, no en las Cortes Generales.
La sede de la soberanía popular debe pertenecer exclusivamente al pueblo, no a ninguna confesión religiosa.
Y defender eso no es atacar la libertad religiosa.
Es defender el laicismo, la democracia y el respeto a una sociedad plural.
André Abeledo Fernández
