El trabajo digno no vendrá del cielo.
Las declaraciones de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, afirmando que el papa León XIV es «el mejor defensor del trabajo digno en el mundo» deberían hacernos reflexionar sobre una cuestión de fondo: ¿quién tiene la responsabilidad de garantizar los derechos de la clase trabajadora? ¿Un líder religioso o los poderes públicos elegidos democráticamente para hacerlo?.
Resulta difícil comprender que quien ocupa el Ministerio de Trabajo, quien dispone de instrumentos legales, presupuestarios y administrativos para combatir la explotación laboral, mejorar las condiciones de trabajo y garantizar el cumplimiento de los derechos de los trabajadores, presente a una autoridad religiosa como la principal referencia en la defensa del trabajo digno.
La afirmación recuerda inevitablemente a aquel episodio de 2012 cuando la entonces ministra de Empleo, Fátima Báñez, agradeció a la Virgen del Rocío su ayuda para mejorar los datos del paro. Aquellas palabras provocaron críticas y burlas porque parecían trasladar a la intervención divina una responsabilidad que corresponde a la acción política. Hoy ocurre algo parecido. Cambian los protagonistas, cambia el color político, pero el mensaje de fondo es sorprendentemente similar.
Ni la Virgen del Rocío creó empleo en 2012 ni el papa León XIV garantizará hoy salarios dignos, jornadas justas o el cumplimiento de los convenios colectivos. Esas responsabilidades corresponden a los gobiernos, a las administraciones públicas y, especialmente, al Ministerio de Trabajo.
Los derechos laborales no se defienden con sermones. Se defienden con leyes, con inspecciones, con sanciones a quienes incumplen la normativa y con una voluntad política firme de enfrentarse a los abusos empresariales.
Se defienden aumentando los recursos de la Inspección de Trabajo para perseguir las horas extraordinarias no pagadas, los falsos contratos a tiempo parcial, los salarios por debajo de convenio, la cesión ilegal de trabajadores o los fraudes en la contratación.
La realidad cotidiana de miles de trabajadores demuestra que todavía existe una enorme distancia entre los derechos reconocidos sobre el papel y los derechos que efectivamente se disfrutan en los centros de trabajo. Hay trabajadores que continúan realizando jornadas superiores a las legales, trabajadores que cobran menos de lo que establecen los convenios colectivos y trabajadores que siguen encontrando enormes dificultades para organizarse sindicalmente y defender sus intereses.
Frente a esta realidad, lo que se necesita no son elogios a líderes religiosos, sino más medios públicos para hacer cumplir la legislación laboral. Porque los derechos no caen del cielo. Los derechos se conquistan, se legislan y se hacen cumplir.
Además, en un Estado que constitucionalmente se define como no confesional, resulta especialmente cuestionable que representantes públicos presenten a dirigentes religiosos como referentes fundamentales para resolver problemas que pertenecen al ámbito de la política y de la gestión pública. Cada ciudadano es libre de profesar la religión que considere o de no profesar ninguna, pero las instituciones deben actuar desde la neutralidad y desde la responsabilidad que les corresponde.
La dignidad del trabajo no depende de la voluntad de Dios, de la Virgen ni del Papa. Depende de la capacidad de los poderes públicos para garantizar que la ley se cumple y de la fuerza de una clase trabajadora consciente y organizada para defender sus derechos.
Si realmente queremos trabajo digno, menos rezos y más inspecciones. Menos apelaciones a las autoridades religiosas y más voluntad política para enfrentarse a quienes vulneran los derechos laborales. Porque la justicia social no llegará por intervención divina. Llegará cuando quienes tienen la responsabilidad de construirla decidan ejercerla plenamente.
André Abeledo Fernández
