Yolanda Díaz para la OIT: ¿un premio a qué y avalado por quién?
El Gobierno español quiere impulsar a Yolanda Díaz para presidir la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Y la pregunta surge de manera inevitable: si se trata de un premio, ¿a qué mérito responde y quién lo concede?
Porque, si se trata de un reconocimiento a su defensa de los derechos de la clase trabajadora, cuesta encontrar los méritos que justifiquen semejante candidatura. Durante años se construyó en torno a su figura un relato político y mediático que la presentaba como la gran esperanza del mundo del trabajo. Sin embargo, ese relato fue alejándose cada vez más de la realidad que viven millones de personas asalariadas.
¿Es este un premio avalado por las grandes organizaciones sindicales, esas que una parte creciente de la clase trabajadora considera excesivamente acomodadas al diálogo social, incluso cuando este termina consolidando los intereses de la patronal? ¿O estamos, más bien, ante un premio político por una operación que acabó desmantelando el espacio de la izquierda? Sumar nació con la promesa de abrir un tiempo nuevo y terminó convertido en un proyecto cada vez más débil electoralmente. Mientras tanto, el campo progresista continúa dividido y la extrema derecha sigue ganando espacio. Difícil resulta presentar ese balance como un éxito.
También se anunció con gran solemnidad la derogación de la reforma laboral de Mariano Rajoy. Pero la realidad fue muy distinta. Sindicatos como la CIG, ELA, LAB o la CGT denunciaron ya en su momento que el texto pactado resultaba, en lo esencial, reconocible respecto al acuerdo laboral que el PSOE había suscrito con Ciudadanos en 2016, y que ni siquiera se planteaba recuperar derechos históricos como el fin del despido libre pagado. No hubo, pues, una derogación integral, sino una reforma parcial que dejó en pie buena parte de la arquitectura de la legislación anterior. La precariedad sigue instalada en demasiados sectores y el despido continúa siendo uno de los puntos más cuestionados del ordenamiento laboral español.
Porque los derechos no existen por el simple hecho de aparecer escritos en el Boletín Oficial del Estado. Los derechos existen cuando pueden ejercerse sin miedo. Y hoy miles de trabajadores siguen aceptando abusos, callando ante las injusticias y renunciando a reclamar lo que les corresponde por temor a perder el empleo. Sin inspecciones suficientes, sin controles efectivos y sin una protección real frente a las represalias empresariales, muchos de esos derechos terminan convirtiéndose en papel mojado.
La política no puede limitarse a la propaganda ni a los grandes anuncios. La publicidad institucional puede ocupar titulares durante unos días, pero no transforma las condiciones materiales de la clase trabajadora. Esa transformación se mide en los salarios, en la estabilidad laboral, en la reducción de la precariedad, en la capacidad real de negociación y en la seguridad de que quien denuncia un abuso no acabará pagando un precio personal por hacerlo.
Por eso resulta sorprendente que ahora se hable de situar a Yolanda Díaz al frente de la Organización Internacional del Trabajo. La OIT representa, desde hace más de un siglo, la defensa del trabajo digno y de los derechos laborales en el ámbito internacional. Una institución de esa relevancia debería estar dirigida por una figura capaz de concitar un amplio consenso entre quienes viven de su trabajo. Y ese consenso, hoy por hoy, no parece existir. La votación está prevista para el 16 de noviembre, y quien resulte elegido no tomaría posesión hasta octubre de 2027: tiempo de sobra para que el Gobierno articule una campaña diplomática en torno a un nombre que, en el plano interno, ya había agotado su recorrido político.
Y no se trata de un caso aislado. Días antes de esta candidatura, España ya había propuesto al ministro Luis Planas para dirigir la FAO a partir de 2027. Dos ministros del mismo Ejecutivo, en apenas unas semanas, aspirando a sendos organismos de Naciones Unidas. La coincidencia dice mucho sobre cómo los gobiernos han empezado a mirar a estas instituciones: no como espacios de servicio a los pueblos, sino como destinos donde recolocar a figuras políticas que ya no tienen recorrido en la primera línea nacional.
Resulta inevitable, además, establecer un paralelismo con lo que estamos viendo en otros organismos internacionales. Mientras Donald Trump promueve a Gianni Infantino para ocupar la máxima responsabilidad en las Naciones Unidas, el Gobierno español pretende hacer lo propio con Yolanda Díaz en la OIT. Son situaciones distintas, pero ambas responden a una misma lógica: la de convertir instituciones que deberían actuar con absoluta independencia en escenarios donde los gobiernos procuran colocar a personas afines a sus intereses políticos.
Las organizaciones internacionales no pueden convertirse en destinos honoríficos ni en premios de consolación para dirigentes que atraviesan momentos de debilidad política. Su misión debería ser servir a los pueblos y a los principios que representan, no a las estrategias de los gobiernos de turno.
Porque cuando las instituciones dejan de escoger a los mejores para premiar a los más convenientes, también ellas comienzan a perder su razón de ser. Y esa es, probablemente, la mayor derrota: la de una ciudadanía que ve cómo incluso los organismos creados para defender el trabajo digno acaban siendo percibidos como una extensión más de los intereses del poder político. Al final, la pregunta con la que arrancábamos sigue sin respuesta convincente: un premio, sí, pero ¿a qué y avalado por quién?
André Abeledo Fernández
