Cartas con amenazas no apagan los incendios
Cada verano se repite el mismo ritual. Llega la ola de calor, llegan los primeros fuegos y, casi al mismo tiempo, miles de vecinos encontramos en el buzón una carta de la Administración. Ayuntamiento, Diputación, Xunta: da igual quién la firme. El contenido es siempre el mismo: hay que limpiar las parcelas privadas y, si no lo hacemos, habrá multas.
Hasta aquí, de acuerdo. Mantener limpios los terrenos es una responsabilidad que debemos asumir. La prevención de los incendios es una tarea colectiva y cada propietario tiene que cumplir con su parte. En eso no hay discusión posible.
Pero hay una pregunta que la carta nunca responde: ¿con qué autoridad moral exige limpieza una Administración que no limpia lo que es suyo?
Porque basta con dar un paseo por el concello de Neda para comprobarlo. No hace falta ningún informe técnico ni grandes estudios, solo abrir los ojos. Hay cunetas donde la hierba, las zarzas y los tojos invaden prácticamente la carretera. Hay caminos —en O Roxal, en Anca, en Viladonelle y en otras parroquias— donde la maleza llega hasta la mitad de la vía. Hay terrenos públicos completamente abandonados. Hay casas vacías convertidas en focos de suciedad y vegetación sin que ninguna administración mueva un dedo. Junto al polideportivo crecen zarzas y tojos hasta el punto de que un balón que cae ahí prácticamente desaparece.
Y mientras esa es la imagen que ofrece el espacio público, a los vecinos nos llega una carta amenazándonos con multas. A quien limpia, lo amenazan. A quien debería limpiar y no limpia, no le pasa nada.
Es muy fácil aparentar que se hace algo enviando cartas certificadas. Lo difícil —y lo que realmente evita los incendios— es el trabajo de todo el año: las cunetas, los caminos, los terrenos públicos.
Porque la prevención no puede consistir en trasladar toda la responsabilidad a la ciudadanía mientras la Administración hace lo mínimo indispensable con su parte. Consiste en mantener limpias las propiedades públicas, conservar las cunetas, actuar los doce meses y no solo en julio, y tener medios humanos y materiales suficientes. Y cuando arde, y siempre arde, no son las cartas las que se quedan sin respuesta: son las vidas, las casas y los montes de los mismos vecinos a los que antes se les exigió el boletín.
Pero detrás de esto hay un problema aún más profundo.
Cuando yo era niño, el rural era otra cosa. En casi todas las casas había vacas, ovejas, gallinas o algún otro animal. Las tierras se cultivaban, los prados se segaban, el monte se aprovechaba. Los campos estaban trabajados porque había familias que vivían de ellos, no porque hubiera una subvención o una carta que lo exigiera.
La mejor prevención contra los incendios era un rural vivo del trabajo.
Hoy, por el contrario, cada vez hay más tierras abandonadas, más explotaciones que cierran y menos gente que puede ganarse la vida en el sector primario. Donde antes había prados, ahora crecen zarzas. Donde antes pastaba el ganado, ahora se acumula combustible para el siguiente incendio. Y eso no cayó del cielo: son décadas de políticas que no garantizaron un futuro digno al pequeño productor, que dejaron que el campo se exprimiera hasta agotarlo y luego se abandonara a su suerte. Cuando el trabajo desaparece del rural, lo que queda no es naturaleza virgen: es abandono, y el abandono arde.
Después, cuando llegan los incendios, parece que toda la culpa es de los vecinos que no limpiaron su parcela.
No. La vecindad tiene obligaciones, pero las administraciones también, y las suyas pesan más, porque son ellas las que tienen los medios, el presupuesto y la responsabilidad de planificar.
Resulta inaceptable que quien no mantiene limpias sus propias propiedades pretenda dar lecciones a los demás. Resulta inaceptable que quien deja las cunetas llenas de maleza sea el primero en enviar cartas amenazando con sanciones. La autoridad para exigir nace del ejemplo, no del sello de un boletín oficial.
Y lo más preocupante es que esto se repite año tras año. Cambian los gobiernos, cambian los responsables políticos, pero el modelo es siempre el mismo: mucha propaganda, muchas cartas, muchas amenazas y poca prevención real. Porque hay quien administra un ayuntamiento, una diputación o una comunidad autónoma como si fuera una empresa privada, donde el objetivo es ahorrar gasto y no prestar servicio. Pero una administración pública no existe para ahorrar a costa de los servicios públicos. Existe para servir a la gente que la sostiene con sus impuestos.
Si de verdad queremos reducir los incendios, hay que hacer mucho más que enviar cartas. Hay que invertir en la prevención los doce meses del año, mantener limpios los espacios públicos, reforzar los servicios forestales con personal fijo y no solo en campaña, y apostar por un rural vivo, trabajado, que vuelva a ser la mejor barrera contra el fuego.
Porque las cartas con amenazas pueden llenar los buzones.
Pero nunca apagarán un incendio.
André Abeledo Fernández
