Emilia Reed (Granma).— El abogado franco-español Juan Branco, que ha representado a víctimas palestinas ante la Corte Penal Internacional (CPI), denunció recientemente que servicios de inteligencia israelíes intentaron acceder a su teléfono. Durante la operación se habrían incorporado por error miles de contactos al dispositivo, entre ellos números atribuidos a figuras empresariales y estatales de alto perfil.
La denuncia de Branco no basta para demostrar que Israel atacó su teléfono. Pero tampoco surge en el vacío. El espionaje contra personas relacionadas con las investigaciones de la CPI sobre Palestina ha sido ampliamente documentado.
En mayo de 2024, The Guardian, +972 Magazine y Local Call publicaron una investigación conjunta basada en más de dos decenas de entrevistas con funcionarios de inteligencia, diplomáticos y abogados. El trabajo describió una campaña israelí de casi una década para vigilar, intervenir comunicaciones, presionar y obstaculizar las investigaciones de la Corte sobre posibles crímenes en Palestina.
¿Qué significa hackear un teléfono en este contexto? No necesariamente supone robar el aparato o engañar a la víctima para que abra un enlace. Las operaciones de espionaje digital pueden permitir interceptar llamadas, mensajes, correos o documentos. También pueden recurrir a spyware, programas capaces de extraer información sin que el propietario lo advierta.
La investigación de The Guardian sostuvo que las comunicaciones de Fatou Bensouda y Karim Khan, fiscales de la CPI, fueron objeto de vigilancia. También señaló que el Shin Bet, el servicio de seguridad interior israelí, utilizó Pegasus –el programa espía desarrollado por la empresa israelí nso Group– contra organizaciones palestinas y funcionarios de la Autoridad Palestina.
El caso de Bensouda muestra la dimensión política de estas operaciones. Según la investigación, Yossi Cohen, entonces director del Mossad, participó en una campaña para presionarla mientras evaluaba una investigación sobre Palestina. El reportaje también identificó al Shin Bet, la inteligencia militar y la Unidad 8200, especializada en inteligencia electrónica. La CPI reconoció haber sufrido actividades hostiles de inteligencia, aunque aseguró que sus principales pruebas permanecían protegidas.
Branco, por tanto, no es un observador distante. Su participación en procedimientos relacionados con Palestina ante la CPI está documentada, lo que plantea una pregunta: ¿hasta dónde puede extenderse la vigilancia contra abogados, testigos, periodistas y organizaciones que aportan información a investigaciones internacionales?
La interrogante adquiere mayor peso en un momento en que Estados Unidos mantiene una ofensiva abierta contra la Corte. En julio de 2026, el secretario de Estado Marco Rubio anunció nuevas medidas para aislarla, entre ellas restricciones de visado, sanciones y presión diplomática sobre otros países, una campaña que prolonga las acciones adoptadas desde 2025 contra jueces y fiscales de la institución. Washington presenta esa cruzada como una defensa de su soberanía y de Israel; en la práctica, aumenta la presión sobre quienes investigan posibles crímenes internacionales.
Hay un objetivo político mayor: golpear, hasta volver inoperante si es posible, al Tribunal Internacional que ya ha emitido órdenes de arresto contra dirigentes israelíes por crímenes de guerra y de lesa humanidad, y que, bajo determinadas condiciones jurídicas, puede investigar también a responsables de otras potencias. No es casual que esa presión coincida con la ofensiva encabezada por Marco Rubio para aislar y «desmantelar» la CPI y blindar a ciudadanos y funcionarios estadounidenses frente a su jurisdicción.
Atacar a quienes investigan, castigar a quienes juzgan y debilitar la Corte persigue un objetivo simple: garantizar que los crímenes de los poderosos queden impunes.
