Miles de personas se movilizaron este miércoles en Madrid y en otras ciudades españolas para exigir respeto al derecho a la vivienda tras el controvertido desalojo de Maricarmen, una mujer de 87 años que llevaba más de siete décadas residiendo en el barrio madrileño de Retiro.
La protesta principal, convocada por el Sindicato de Inquilinas a través de las redes sociales, reunió a más de 10.000 personas en la capital, según los datos facilitados por la Delegación del Gobierno.
El transcurso de la manifestación madrileña estuvo marcado por episodios represivos cuando la marcha avanzó hacia la calle General Martínez Campos, en el distrito de Chamberí, deteniéndose específicamente frente al ático que adquirió por 6.3 millones de euros la Comunidad de Madrid en abril pasado, una acción que ha sido denunciada en los tribunales.
En ese punto, los manifestantes cortaron la vía pública coreando consignas como «Maricarmen somos todos», «Ayuso, dimisión» y exigiendo «El ático para Maricarmen». Posteriormente, la movilización continuó su avance hacia el Paseo de la Castellana, donde la policía madrileña arremetió contra los manifestantes.
El Sindicato de Inquilinas denunció con dureza la actuación policial y la gestión institucional, señalando tanto a los fondos de inversión como a los distintos Gobiernos por la falta de amparo ante la crisis de vivienda.
Las concentraciones en rechazo al desahucio se extendieron de forma simultánea a urbes como Barcelona, Sevilla, Valencia, Málaga, Bilbao, Zaragoza, Oviedo, Palma, Toledo y Cádiz, entre otros puntos del país.
En medio de la ola de protestas generalizadas, las organizaciones sociales y sindicales han exigido un desbloqueo inmediato de las medidas de protección para inquilinos vulnerables, eliminando la paralización automática y prolongada de los procesos de desalojo, lo que permitiría a los propietarios recuperar sus inmuebles de forma expedita mediante mecanismos de celeridad judicial.
De igual forma, advirtieron que las movilizaciones continuarán si no se implementan soluciones estructurales frente a la emergencia habitacional.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificó desde Nueva York el desahucio de Maricarmen como una «tragedia social» inaceptable para el país y responsabilizó directamente al Gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso y al Ayuntamiento de Madrid por hacer «caso omiso» de la situación de la anciana. Asimismo, reprochó a ambas Administraciones el estar más preocupadas por comprar y vender bienes de lujo con dinero público que por atender las demandas habitacionales de los ciudadanos vulnerables.
En su comparecencia, Sánchez anunció que el Ejecutivo llevará de manera urgente al Parlamento un nuevo real decreto en materia de vivienda y exigió «responsabilidad» y «altura de miras» a los grupos políticos en el Congreso para convalidarlo.
Desahucio de Maricarmen: especulación contra derechos
Maricarmen Abascal, de 87 años, fue desalojada este miércoles al no poder hacer frente a la subida de alquiler que exigió la empresa de inversión propietaria del inmueble, Urbagestión. El desahucio fue llevado a cabo en el cuarto intento de un litigio de varios años en el que la justicia falló a favor de la empresa propietaria.
El proceso se inició luego de que Urbagestión reclamara inicialmente a la inquilina 2.650 euros mensuales y después planteó aceptar 1.650 euros, cifra que superaba en 300 euros la pensión mensual de 1.350 euros que recibe Maricarmen.
La abogada defensora de Maricarmen, Beatriz Duro, aseguró que la renta siempre fue cancelada y que Abascal nunca se negó a pagar.
La octogenaria tiene movilidad reducida y una discapacidad del 50%, salió de la vivienda en camilla y fue trasladada al hospital. Tras una revisión médica decidió alojarse con familiares.
