El Partido por encima del capital: lo que Xi Jinping dijo a los empresarios chinos
Lo que Xi dijo a los empresarios
El 17 de febrero de 2025, Xi Jinping reunió en Pekín a los grandes empresarios privados de China: los responsables de Huawei, BYD y Xiaomi, así como los fundadores de Alibaba y Tencent. Era la primera cita de este nivel desde 2018. Quienes esperaban un cheque en blanco para el capital se quedaron sin él. Xi garantizó protección a la empresa privada, sí, pero dentro de un marco que dejó muy claro: esa política forma parte del sistema socialista con características chinas, y sus principios no pueden cambiar y no cambiarán. Aquí, donde los gobiernos se arrodillan ante los mercados, conviene fijarse en el contraste.
El Partido dirige, la ley protege
Xi lo explicó sin rodeos. Es el Partido Comunista quien dirige al pueblo en el desarrollo de la economía socialista de mercado. El sector público se consolida sin vacilaciones, mientras que el sector privado se alienta, se apoya y se guía. Y la protección tiene sus límites: se amparan los derechos legítimos, no las ganancias ilegales, y se protege conforme a la ley, sin «favores extralegales». China, recordó, es un país socialista regido por la ley, y ninguna forma de propiedad puede quedar al margen de una investigación si infringe esa ley.
La empresa, al servicio del país
A los empresarios les pidió que alinearan su pensamiento y su acción con las decisiones económicas del Comité Central. Les recordó que cuanto mejor es una empresa, mayor es su responsabilidad social: cuidar a sus trabajadores y fomentar relaciones laborales armoniosas, no buscar el desarrollo a costa de contaminar, colaborar en obras de interés público y dar un paso al frente cuando la patria lo necesite, sobre todo en tiempos de crisis. Y concluyó pidiéndoles que utilizaran su prosperidad para promover la prosperidad común.
Prosperidad común frente a oligarquía
No es una ocurrencia de última hora. En agosto de 2021, Xi defendió que China debe optar por la prosperidad común y no por un crecimiento sin límites, porque este genera una desigualdad excesiva. Esa política se asoció a la regulación de los ingresos excesivos y a la oposición a la expansión desordenada del capital. Según la revista Qiushi, Xi llegó a decir que la prosperidad común no es solo una cuestión económica, sino también un asunto político de primer orden que atañe a la base del poder del Partido. Alibaba y Tencent anunciaron aportaciones de miles de millones de dólares a esa causa.
Una década de mejoras sociales
Hablemos de resultados, con cifras oficiales. Entre 2012 y 2020, 98,99 millones de personas del medio rural salieron de la pobreza extrema, y los 832 condados y las 128.000 aldeas que figuraban como pobres dejaron de estar incluidos en esa categoría. Durante ese periodo, se construyeron o mejoraron 1,1 millones de kilómetros de carreteras rurales; más del 98 % de las aldeas pobres dispone hoy de fibra óptica y cobertura 4G, y más de 25 millones de personas vieron renovadas sus viviendas en ruinas. China dio el objetivo por cumplido en febrero de 2021, diez años antes del plazo de la Agenda 2030 de la ONU.
La protección social creció a la par. En 2020, el seguro médico básico cubría a 1.360 millones de personas, el 95 % de la población, y los seguros de desempleo y de accidentes de trabajo daban cobertura a 217 y 268 millones de trabajadores, respectivamente. La pensión básica cubría a más de 1.070 millones de personas en 2024. Entre 2012 y 2021, la renta disponible per cápita subió un 112,8 %, y la renta rural creció más rápidamente que la urbana (un 125,7 % frente a un 96,5 %), de modo que se redujo la brecha entre el campo y la ciudad. Además, en su discurso de 2025, Xi exigió que se pusiera fin a los impagos a las empresas privadas y que estas cumplieran con el pago de los salarios de sus trabajadores.
Más años de vida
La esperanza de vida alcanzó los 79 años en 2024, 1,1 años más que en 2020, según la Comisión Nacional de Salud. En 1960 rondaba los 44 años. En 2024, la mortalidad infantil descendió a 4,0 por cada 1.000 nacimientos y la mortalidad materna, a 14,3 por cada 100.000 nacimientos, ambas en mínimos históricos. Además, ocho regiones de nivel provincial superan ya los 80 años de esperanza de vida. El objetivo oficial es alcanzar aproximadamente los 80 años en 2030. El gasto sanitario total representó el 6,7 % del PIB en 2024.
Sanidad y educación: lo público manda, pero hay mercado
Seamos rigurosos, porque la verdad no necesita adornos. En sanidad, la cobertura básica se articula mediante un seguro social público que alcanza al 95 % de la población. La red hospitalaria es mixta, aunque la atención está dominada por el sector público: en 2021, los hospitales públicos concentraron el 84,2 % de las consultas externas y el 81,4 % de los ingresos, además de alrededor del 70 % de las camas hospitalarias. Los hospitales privados son más numerosos (24.766 frente a 11.804), pero mucho más pequeños, y su cuota de consultas ha aumentado del 9,1 % en 2011 al 15,8 % en 2021.
En educación, la enseñanza obligatoria de nueve años, de los 6 a los 15, está financiada por el Estado, que se comprometió a ofrecerla gratuitamente. Se imparte tanto en escuelas públicas como en centros privados sin ánimo de lucro. Desde 2021, la política oficial busca que las escuelas públicas sigan siendo el principal proveedor de esta enseñanza: en teoría, no se autorizan nuevas escuelas privadas para la etapa obligatoria. La matrícula en centros privados de primaria representa el 6,4 % del total (2024). En cambio, en educación infantil, el 57 % de los niños acude a centros privados, frente a un tercio de media en la OCDE.
Por su parte, servicios básicos como la electricidad y las telecomunicaciones están en manos de grandes empresas estatales, como State Grid, China Mobile, China Telecom y China Unicom.
Qué es público, qué es mixto y qué es privado
No existe una lista legal única y cerrada. Lo que hay son directrices de la Comisión de Supervisión y Administración de Activos del Estado (SASAC) y listas de acceso al mercado que se han ido ajustando con los años. En la práctica, hay tres escalones.
Primero, los sectores estratégicos. En 2006, la SASAC fijó siete sectores en los que el Estado debía mantener el «control absoluto»: armamento, generación y distribución de electricidad, petróleo y petroquímica, telecomunicaciones, carbón, aviación civil y transporte marítimo. En electricidad, petróleo, gas, telecomunicaciones y armamento, el Estado debe ser propietario único o mayoritario; en carbón, aviación civil y transporte marítimo, debe conservar una participación de control.
Segundo, los sectores «pilares», en los que el Estado orienta el desarrollo y la propiedad es, en buena medida, mixta: automoción, química, construcción, electrónica, maquinaria y equipo, metales no ferrosos, prospección, acero y tecnología.
Tercero, los sectores competitivos, como el turismo, el inmobiliario, la manufactura general, la agricultura, la farmacia, los servicios profesionales y el comercio. En ellos, el Estado debe reducir su presencia y las empresas privadas pueden operar en condiciones de igualdad.
Desde 2013, la reforma de la propiedad mixta permite abrir empresas públicas al capital privado. En 2018, más del 70 % de las empresas centrales y el 88 % de las provinciales de los sectores competitivos ya habían emprendido este proceso, y se permite que el capital privado tenga una participación de control en algunas de ellas. Aun así, cerca del 80 % de los activos de las empresas centrales seguía concentrado en petróleo, petroquímica, electricidad, armamento, telecomunicaciones y minería.
Como regla general, la lista negativa de acceso al mercado de 2025 establece que todo lo que no figure en ella está abierto, en condiciones de igualdad, a las empresas públicas, privadas y extranjeras. Las empresas privadas representan más del 92 % del total de empresas del país.
Lo que yo defiendo
Aquí quiero dejar clara mi posición, sin medias tintas. Los sectores básicos y estratégicos, así como todos aquellos de los que depende la ciudadanía para vivir, deben estar totalmente en manos del Estado, y el capital privado no debe intervenir en ellos en absoluto.
El capital privado busca un beneficio económico, y es lógico que lo haga, porque para eso existe. Precisamente por eso, su entrada en sectores tan sensibles supone un peligro: cuando lo que está en juego es la energía, las comunicaciones, la sanidad o la educación, no se puede supeditar la vida de la gente a una cuenta de resultados.
En esto, yo iría más lejos que el modelo chino, que admite capital privado en los sectores «pilares» y abre algunas empresas públicas a la propiedad mixta. Pero que China mantenga el control estatal del petróleo, la electricidad o las telecomunicaciones, y que el Partido deje claro que el capital no está por encima del pueblo, apunta en la dirección correcta.
La edad de jubilación
Hay un dato que conviene conocer y que no voy a esconder: desde el 1 de enero de 2025, China está elevando gradualmente, a lo largo de 15 años, la edad legal de jubilación, algo que no se hacía desde hace décadas. Los hombres pasarán de los 60 a los 63 años; las mujeres, de los 55 a los 58 en los puestos administrativos y técnicos, y de los 50 a los 55 en los trabajos manuales. El periodo mínimo de cotización subirá de 15 a 20 años.
Quienes cumplan ese mínimo podrán jubilarse hasta tres años antes de la nueva edad legal, pero nunca antes de la edad que regía anteriormente. El punto de partida es una edad de jubilación muy baja: la esperanza de vida alcanzó los 78,6 años en 2023, y la edad legal de jubilación en China figuraba entre las más bajas del mundo, por debajo de la de Japón (65 años) o Corea del Sur (63 años). Proyecciones de instituciones estatales chinas advertían de que el principal fondo de pensiones se agotaría hacia 2035 si no se acometía una reforma. La medida no ha estado exenta de debate entre la población.
Dos modelos, una pregunta
Mientras en China el capital privado tiene que rendir cuentas ante el Partido y ante la ley, aquí los fondos buitre especulan con la vivienda, las puertas giratorias colocan a políticos en los consejos de administración y la derecha legisla al dictado de los grandes poderes económicos.
Cada cual puede sacar sus propias conclusiones sobre quién manda de verdad en cada lugar.
¡Até a vitoria sempre!
André Abeledo Fernández
