Estados Unidos ni paga traidores ni cumple su palabra.
Hay una lección que el imperio repite siglo tras siglo y que algunos se empeñan en no aprender: Washington no tiene amigos, tiene intereses. Y cuando un aliado deja de ser útil, se le tira como se tira un envoltorio. Lo estamos viendo ahora mismo, con una crueldad que ni siquiera se esfuerza en disimular.
Del aplauso a la expulsión.
Durante años, Estados Unidos acogió a venezolanos, cubanos y haitianos bajo el paraguas del TPS y del parole humanitario. No lo hacía por compasión: aquella gente era una herramienta, la prueba viviente de que los gobiernos que Washington quería derribar eran el infierno. Mientras duró la campaña de desestabilización contra Caracas, el exilio venezolano era el mejor decorado de la propaganda.
Después llegó el giro. Trump revocó el TPS que protegía a unos 600.000 venezolanos y canceló el programa de parole. Y cuando las fuerzas estadounidenses capturaron a Maduro en enero de 2026, los vuelos de deportación a Venezuela no se detuvieron. Algunos de los que aplaudieron aquella operación, algunos de los que pidieron durante años que Estados Unidos tomase el control de su país, descubrieron que la intervención con la que soñaban no incluía un hueco para ellos.
No es un caso: es un sistema.
Y ni siquiera se limitan a devolverlos. Se les expulsa a terceros países, a Estados con los que no tienen ningún vínculo. Según el seguimiento de USCRI, Human Rights Watch y Amnistía Internacional, Washington ha extendido esta práctica a decenas de Estados. México es el principal destino: HRW calcula que 4.353 cubanos fueron enviados allí entre enero de 2025 y marzo de 2026, muchos de ellos tras pasar años, incluso décadas, viviendo en Estados Unidos. En África, la política alcanza a personas de decenas de nacionalidades, desde etíopes y nigerianos hasta afganos, iraníes o vietnamitas. Según Amnistía Internacional, doce países africanos habían aceptado recibir deportados o ya los habían recibido en junio de 2026.
Lo más obsceno es el destino de estas personas. HRW documenta que, entre el 20 de enero de 2025 y el 5 de agosto de 2026, más de 500 personas fueron expulsadas a países africanos que no eran los suyos. Entre ellas había personas a las que los propios tribunales estadounidenses habían reconocido protección frente a la devolución a sus países de origen por el riesgo de persecución o tortura. La justicia del imperio dice «esta persona no puede volver», y el poder ejecutivo responde buscando otra puerta trasera por la que echarla.
Varados en Monrovia.
En agosto de 2026 le tocó a Liberia: venezolanos, colombianos, hondureños, brasileños y guatemaltecos, alojados en hoteles, sin papeles y sin saber qué será de ellos. Pensemos en lo que significa. Una persona que llega a Monrovia o a Malabo sin familia, sin amistades, sin dinero y sin medios para ganarse la vida. En Liberia se habla inglés; en otros destinos, lenguas que ni siquiera se parecen al castellano. Y los países receptores, muchos empobrecidos y algunos golpeados por conflictos armados, no tienen medios suficientes para atender a sus propios habitantes, mucho menos a recién llegados cuya acogida nadie les ha consultado.
¿Quién responde? Liberia tiene obligaciones respecto a las personas que se encuentran en su territorio; la OIM y ACNUR pueden prestar asistencia, pero no sustituyen a los Estados, y Estados Unidos debe responder por la legalidad de sus actos. En la práctica, la responsabilidad se diluye entre todos. Ese es el diseño: que nadie sea responsable de nada.
La legalidad, otra vez en la papelera
El derecho internacional prohíbe devolver a una persona a un lugar donde corra un riesgo real de tortura o persecución, exige un procedimiento justo y no permite que un Estado se desentienda de las consecuencias previsibles de sus actos. Dar menos de 24 horas de aviso y negar el acceso a un abogado no es un procedimiento: es un secuestro con membrete. Hay matices que conviene señalar: declarar probada la ilegalidad de cada traslado exige examinar cada caso. Pero la pauta que describen HRW y Amnistía Internacional es lo bastante clara.
Haitianos y afganos: la misma coherencia.
El patrón se repite. A los haitianos se les retiró el TPS, cuya cancelación se hizo oficial el 27 de julio de 2026. En agosto aterrizó en Haití el primer vuelo con más de 160 deportados, mientras el Departamento de Estado seguía desaconsejando viajar allí «por ninguna razón» debido a los secuestros, la violencia y el colapso sanitario. El país es demasiado peligroso para un funcionario estadounidense, pero apto para devolver a trescientos cincuenta mil haitianos. Y a los afganos ya sabemos cómo se les trata: veinte años de ocupación para dejar a todo un pueblo abandonado tras una retirada vergonzosa, con armamento abandonado en manos de los talibanes y, ahora, sin protección temporal y con las puertas cerradas.
Recordarlo una y otra vez.
A Estados Unidos no le importan los pueblos: ni el venezolano, ni el cubano, ni el haitiano, ni el afgano. Le importan sus recursos, sus posiciones estratégicas y sus titulares. Cuando ha obtenido lo que quería, quienes le sirvieron de coartada pasan a ser un problema logístico.
Por eso hay que repetirlo hasta que cale: quien confía su liberación a una potencia imperial acaba pagando la factura. La emancipación de los pueblos no vendrá de Washington ni se negocia con Washington. Se construye desde abajo, con soberanía, con solidaridad entre pueblos hermanos y con memoria. A ver si por fin dejamos de caer siempre en la misma trampa.
Até a vitoria sempre!
André Abeledo Fernández
