Del Alvia a la dana: la doble vara de medir de un PP que exige lo que nunca dio
Hace una semana, un AVE se estrellaba contra un Iryo detenido en Urda y dejaba decenas de muertos sobre las vías de la alta velocidad. Veinticuatro horas después, Núñez Feijóo ya exigía «responsabilidades políticas». Sin esperar a la investigación oficial, sin esperar a que se enfriaran los cuerpos. Quien hoy corre a pedir cabezas es el mismo que, cuando le tocó a él, se escondió detrás de un maquinista.
Angrois: ochenta muertos y ninguna responsabilidad política.
El accidente ferroviario más grave de la democracia española no fue el de Adamuz ni es el de Urda. Fue el de Angrois, en Santiago de Compostela, en julio de 2013: ochenta personas muertas en una línea de alta velocidad. Al frente de la Xunta estaba Alberto Núñez Feijóo; en Fomento, Ana Pastor. ¿Quién asumió responsabilidades políticas? Nadie. El PP señaló como único culpable al maquinista por tomar la curva a una velocidad excesiva y calló lo esencial: que había existido una decisión política de desactivar el sistema de seguridad ERTMS.
Aquel mismo Feijóo rechazó hasta en tres ocasiones que el Parlamento de Galicia abriera una investigación política. Hoy anuncia comisiones en el Senado con gesto grave. Entonces las vetaba. Y las víctimas, además, tuvieron que soportar que se les impidiera la entrada a su propio homenaje. Tampoco en el Congreso se investigó: la ministra compareció semanas después, en comisión y no en el Pleno, sin reconocer un solo error. Solo cuando el PP perdió la mayoría absoluta se abrió la investigación parlamentaria, presidida, qué ironía, por la propia Ana Pastor. En 2018, las víctimas le pidieron que no «añadiera más dolor». Cinco años de silencio y aún hubo que suplicar.
Mazón: un año de escudo y complicidad.
La dana de Valencia se llevó por delante a más de doscientas personas. Mientras tanto, el presidente de la Generalitat pasaba horas aislado en un reservado de El Ventorro, y el PP lo sabía. Sabía a qué hora se había pagado la factura, que Génova atesoraba. Sabía cuándo había llegado realmente al Cecopi. Sabía que había mentido. Y, aun así, Feijóo lo sostuvo durante todo un año; la noche misma de la tragedia le aconsejaba por WhatsApp llevar «la iniciativa de la comunicación», que «es la clave». No la verdad, no las víctimas: la comunicación. Solo la presión popular, la calle, terminó con la resistencia de Mazón. No cayó por la conciencia del PP, sino por la movilización del pueblo.
El metro de Valencia, el Yak-42 y el Prestige: el mismo guion.
No es una anomalía, sino un método. En Valencia, el metro descarriló a una velocidad que duplicaba la permitida, debido a un error de diseño en las balizas, y murieron cuarenta y tres personas. Gobernaba el PP tanto en el Ayuntamiento como en la Generalitat. Camps nunca recibió a las víctimas; Cotino llegó a ofrecer puestos en la Administración a familiares a cambio de que no se personaran en la causa; Canal 9 se convirtió en altavoz de la versión oficial. Hizo falta que el PP saliera del Govern, diez años después, para que las Cortes investigaran. Fueron condenados cuatro directivos ferroviarios. Ningún político.
En 2003, el Yak-42: sesenta y dos militares españoles muertos en Turquía, en un avión subcontratado y en mal estado, con los restos mortales mezclados y repartidos al azar entre las familias. El Consejo de Estado responsabilizó al Gobierno en 2017. ¿El resultado? Tres mandos militares fueron condenados, dos de ellos indultados. A Trillo, lejos de pedirle cuentas, Rajoy lo premió con la embajada en Londres. Y, en el caso del Prestige, Rajoy hablaba de «hilillos de plastilina» mientras la costa gallega se cubría de chapapote. Fue el pueblo, mediante la autogestión ciudadana, quien limpió lo que las administraciones abandonaron.
Quien gobierna para el capital no rinde cuentas ante el pueblo.
Siempre el mismo patrón: buscar un culpable por debajo, nunca en el cuadro de mandos político. Un maquinista, un operario, un mando intermedio. La responsabilidad se descarga hacia abajo y los privilegios se reparten hacia arriba. Es lo que ocurre cuando se privatiza, se subcontrata y se recorta en seguridad: la vida de quienes viajan, trabajan o viven en el territorio vale menos que la cuenta de resultados.
Yo no pido que se calle ante lo ocurrido en Urda. Pido que se investigue hasta el final, con independencia y sin cortinas de humo, y que las víctimas y sus familias estén en el centro. Pero quien exige hoy una dimisión en veinticuatro horas debería explicar por qué en Angrois, en Valencia o en el caso de Mazón pasaron años, hubo un Parlamento vetado y una fila de víctimas pidiendo que no se les añadiera más dolor. La memoria de las víctimas no es munición de campaña: es un deber.
Hay que recordar y hay que exigir, también a quienes ahora se visten de fiscales.
¡Até a vitoria sempre!
André Abeledo Fernández
