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Las leyes obligan a dar participación ciudadana en los procesos que tienen que ver con el territorio, de no hacerlo, un juzgado los podría paralizar.  Pero que la ley reconozca el derecho de participación no quiere decir que las distintas administraciones estén dispuestas a variar ni un ápice sus precocinados planes.  Sólo la constancia de vecinos y vecinas organizadas es capaz de conseguir modificar y alterar dichos  planes. Vamos a poner dos ejemplos concretos donde organizaciones vecinales están, a través de la movilización, mejorando el entorno y haciendo de los barrios obreros un lugar un poco más habitable. En 2003, hace ya la friolera de 21 años, se anunció el acuerdo para la llegada del AVE a Alicante. Además de la alta velocidad, las fanfarrias anunciaron que venía acompañada de grandes inversiones y mejoras como un Gran Parque Central para la ciudad, una estación intermodal y una conexión ferroviaria hacia el aeropuerto que liberase la costa de las vías del tren.

Los gobernantes españoles, ya sean los de un partido u otro (todos son agentes del gran capital), insisten una y otra vez en que hay que cumplir las leyes y, sobre todo, la Carta Magna. Pero lo cierto es que ni ellos mismos la cumplen cuando no les interesa. En el caso de la Vivienda, que es tema que ahora nos ocupa, más de lo mismo.