Joe Lauria*.— En reacción a una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que declaró inconstitucional su política arancelaria, el presidente estadounidense Donald Trump se lanzó el viernes a un discurso desenfrenado en el que confirmó que se considera por encima de la ley como lo haría cualquier líder autoritario de pacotilla.

El tribunal dictaminó por 6 votos a 3 que la Constitución de Estados Unidos establece claramente que solo el Congreso puede imponer aranceles, que en realidad son impuestos, a la población estadounidense. Por lo tanto, los amplios aranceles de Trump, impuestos desde enero de 2025, son ilegales y los consumidores y empresas estadounidenses deben recibir un reembolso de aproximadamente 200 000 millones de dólares, según el tribunal.

El fallo desató a Trump en un modo psicótico completo, despotricando contra los jueces como «tontos y perros falderos»; los demandantes en la demanda sobre la que el tribunal falló como «sinvergüenzas, grandes sinvergüenzas» al servicio de una potencia extranjera no identificada y anunció un nuevo arancel mundial del 10 por ciento «además de nuestros aranceles normales que ya se están cobrando» en desafío al tribunal.

Trump argumenta que aún tiene derecho a imponer aranceles sin que el Congreso lo sepa gracias a la autoridad de la Ley de Comercio de 1974. Esa ley permite a un presidente imponer aranceles unilateralmente de hasta el 15 por ciento (de ahí las nuevas medidas del 10 por ciento), pero solo durante 150 días, después de los cuales el Congreso debe mantenerlos.

Sin embargo, el fallo del viernes significa que debe levantar los aranceles existentes, algo que hasta ahora se niega a hacer.

Trump intenta justificar sus aranceles vigentes alegando que se impusieron en virtud de una ley de emergencia. Sin embargo, el tribunal la anuló, argumentando, en esencia, que no existe actualmente ninguna emergencia económica ni de seguridad nacional en Estados Unidos.

En su locura, Trump afirmó furiosamente que tenía autoridad para imponer embargos y «destruir países», pero la Corte Suprema se atrevió a dictaminar que ni siquiera podía imponer un arancel de un solo dólar a las importaciones de un país. Exclamó:

“Se me permite cortar todo comercio o negocio con ese mismo país. En otras palabras, puedo destruir el comercio, puedo destruir el país. Incluso se me permite imponer un embargo que destruya a un país extranjero. Puedo embargar, puedo hacer lo que quiera, pero no puedo cobrar ni un dólar porque eso no está escrito, ni siquiera así. Puedo hacerles lo que quiera, pero no puedo cobrarles nada. Así que se me permite destruir el país, pero no puedo cobrarles una pequeña tarifa”.

“Piénsenlo. ¿Qué tan ridículo es? Puedo embargarlos, puedo decirles que ya no pueden hacer negocios en Estados Unidos, «queremos que se vayan de aquí», pero quiero cobrarles 10 dólares. No puedo hacerlo.

Es incorrecto, su decisión es incorrecta. Pero no importa porque tenemos alternativas muy poderosas…”

De hecho, el Artículo I, Sección 8 de la Constitución de los Estados Unidos afirma que el Congreso tiene la autoridad para establecer y recaudar impuestos, aranceles, contribuciones e impuestos especiales, y para regular el comercio con naciones extranjeras. Embargos, como los de Cuba, Corea del Norte e Irán, han sido impuestos por el Congreso, no por la Casa Blanca.

Ahora que Trump ha reunido una fuerza de ataque estadounidense lista para atacar ilegalmente a Irán, el momento en que dice que puede destruir naciones no es muy reconfortante.

Una crisis constitucional histórica 

Trump ha desatado una crisis constitucional que recuerda a la de uno de sus presidentes favoritos, Andrew Jackson, quien en 1832 desafió una decisión de la Corte Suprema sobre la soberanía Cherokee en el estado de Georgia que finalmente condujo al desalojo forzoso de la tribu en el Sendero de las Lágrimas.

Ha habido otros casos de presidentes que desafiaron a un tribunal federal. Thomas Jefferson, en un caso relevante para el de Trump, desobedeció una orden del juez de la Corte Suprema William Johnson en 1808, mientras Johnson cumplía una doble función en el tribunal federal de circuito de Carolina del Sur.

El fallo se refería a la Ley de Embargo de 1807, que prohibía todo comercio exterior estadounidense para impedir que los buques británicos y franceses hostigaran a los buques estadounidenses en alta mar. Fue una medida de guerra económica aún más extrema que los aranceles de Trump.

El caso de Carolina del Sur involucró a un propietario de un barco cuyo barco fue confiscado por funcionarios de aduanas federales y presentó una demanda para recuperarlo.

Jefferson había nombrado a Johnson para la Corte Suprema, pero Johnson dictaminó que, según la Ley de Embargo, solo el Congreso podía autorizar la incautación de un barco. Jefferson ignoró el fallo.

El caso llegó a la Corte Suprema en febrero de 1808, pero el tribunal dijo que carecía de jurisdicción de apelación para revisar el caso, por lo que Jefferson continuó desafiando la orden del tribunal inferior hasta el final de su mandato.

La Ley de Embargo fue un desastre económico, incluso mayor que el provocado por los aranceles de Trump. Las exportaciones se desplomaron de 108 millones de dólares a 22 millones en tan solo un año, lo que redujo el PIB estadounidense en un cinco por ciento antes de que el Congreso la derogara en marzo de 1809. La impopularidad de la ley dio lugar al lema de protesta de escribir «embargo» al revés: «Oh, agárrame».

En 1861, el presidente Abraham Lincoln suspendió el habeas corpus para detener sin juicio a presuntos simpatizantes confederados. Como juez de circuito, el presidente de la Corte Suprema, Roger Taney, quien emitió la opinión mayoritaria en el caso Dred Scott de 1857, según la cual los afroamericanos no podían ser ciudadanos estadounidenses y el Congreso no podía prohibir la esclavitud en territorios estadounidenses, dictaminó en 1861 que solo el Congreso podía suspender el habeas corpus y liberó a un confederado encarcelado, miembro de la legislatura de Maryland.

Lincoln ignoró la sentencia. En 1863, consiguió que el Congreso lo autorizara.

Si Trump continúa desafiando a la Corte Suprema, añadirá su nombre a este historial. De hecho, dio la señal más clara de que desafiará a la Corte Suprema en relación con los aranceles vigentes, que fueron anulados.

“Todos esos aranceles siguen vigentes. Todos siguen vigentes”, dijo. “No sé si lo saben o no. Todos siguen vigentes. Seguimos recibiendo aranceles y los recibiremos después de la decisión. Supongo que ya no queda nadie a quien apelar”.

Será interesante ver cómo interactúa con los jueces de la Corte Suprema que se sientan con sus togas en el asiento delantero durante el discurso sobre el Estado de la Unión del martes

*Editor jefe de CONSORTIUM NEWS