Diego Herchhoren.— La oferta pública ganadora del escrutinio de las elecciones municipales, autonómicas, generales y europeas de 2023 y 2024 no contempla el llamado sistema de «e-counting», o escaneo de papeletas, pero sí delega en INDRA la centralización de datos proporcionados por las Juntas Electorales; centralización que ha escapado siempre a cualquier auditoría.

El procedimiento contratado por el Ministerio del Interior español delega en Indra la difusión de los datos electorales (recuento de votos y participación) que el día de las elecciones serán extraídos del recuento de votos que realicen las mesas electorales constituidas para ese día. Tras esto, los datos pasarán a la Junta Electoral de Zona correspondiente, y éstas a una base de datos central donde comienza la intervención de la empresa civil y militar INDRA.

La participación de INDRA consistirá en integrar estos votos en la base de datos del Ministerio del Interior, centralizando los datos de todas las juntas electorales de zona de España, facilitando así al Ministerio del Interior el resultado definitivo. El departamento dirigido por Mireya Corredor justifica la decisión en que «esta Dirección carece de los medios personales y técnicos necesarios para el desarrollo de los servicios citados y es por ello, que estima conveniente utilizar la contratación con el fin de garantizar un correcto desarrollo de los procesos electorales.»

La empresa ha iniciado este año, por primera vez en su historia, una campaña de lavado de imagen a raíz de diferentes escándalos que en los últimos años han jalonado la imagen de la compañía, y en especial, su interés político en que gane uno u otro partido en un proceso electoral. Algo que a priori sería una tacha más que evidente para que ésta tuviera alguna clase de intervención, por pequeña que sea, en cualquier proceso electoral. A esta campaña se ha sumado la Comisaría General de Información de la Policía Nacional y el Departamento de Seguridad Nacional, que ha difundido en varios medios afines comunicados alertando de una «campaña ultra».

La defensa que hace tanto el Estado como INDRA de la limpieza de cualquier proceso es que en España la contabilización de los votos es manual, lo cuál es una verdad a medias. En efecto, desde la mesa electoral hasta la Junta Electoral no hay ninguna intervención extraña, en principio, que pudiera dar a entender la posibilidad de un pucherazo. Pero lo que se oculta con esta afirmación es que la centralización de datos que hace INDRA es un proceso que nadie fiscaliza.

Esta operación de recopilación de los datos de las Juntas se hace sin intervención de ningún organismo ni agente externo que permita detectar la limpieza del proceso; ningún partido que se presenta a las elecciones estará presente en el centro de datos de INDRA, ni tampoco ninguna entidad independiente podrá auditar la infraestructura de la compañía para este trabajo. No se conoce la identidad de los grabadores de datos que trabajarán ese día en su sede, ni tampoco el software empleado.

Con este esquema, y sobre todo con resultados ajustados, pequeñas modificaciones en los resultados, bien sistematizadas, permiten en la práctica alterar el resultado final del escrutinio de manera más o menos imperceptible. Esto ocurrió en las Elecciones Europeas de 2009 con la candidatura liderada por el dramaturgo Alfonso Sastre, Iniciativa Internacionalista, que aspiraba a tener un escaño en el parlamento europeo y servir de altavoz de la izquierda abertzale ilegalizada en España.

Los portavoces de aquella lista impugnaron los resultados de aquellas elecciones, y su denuncia estaba vinculada directamente a la intervención de esta empresa. En aquella ocasión se registró un aumento significativo del voto en blanco, esto es 125.165 votos blancos más que en las elecciones europeas de 2004, cuestión sin duda anormal ya que ninguna fuerza política había hecho un llamamiento en ese sentido.

Las anomalías más graves las detectaron fundamentalmente en el País Vasco, donde hubo un aumento anormal de votos nulos, siendo que en el año 2004 se registraron 154.209, de los cuales 113.000 se atribuían a la candidatura ilegalizada Herritarren Zerrenda, opción que impulsó la izquierda abertzale. Es decir, que existieron 42.000 votos nulos que no correspondían con HZ y que podríamos decir que son votos nulos técnicos. En 2009 se registraron 98.079 votos nulos, 50.000 votos más de lo normal.

La conclusión que planteó en aquel momento la portavoz de la candidatura, la abogada Doris Benegas, era que había una parte del proceso de recuento que, de manera automatizada, había asignado votos de Iniciativa Internacionalista a otras formaciones, o que los había relegado al voto en blanco o al voto nulo, alteraciones que solamente se pudieron realizar a la hora de centralizar el recuento, y que gracias al tapón informativo nunca se investigaron.

La única garantía que ofrece el contrato público acordado por Resolución de 7 de febrero de este año, por el cuál INDRA resulta adjudicataria de esta oferta pública, es que la empresa tiene el aval del CNI. Recordemos que INDRA es una de las principales proveedoras de los servicios de información españoles, lo cuál, también a priori, debería ser motivo de descarte.

Ahora bien, también es cierto que la contratación de INDRA se hace con la finalidad de poder difundir en tiempo real la información provista por las Juntas Electorales, y que en cualquier caso esos datos serían auditados posteriormente previo a la publicación definitiva que haga en el Boletín Oficial del Estado.

Pero esta afirmación no es más que una formalidad. No existe precedente alguno en la historial electoral española reciente en el que la Junta Electoral Central primero, o el Tribunal Supremo después, hayan puesto en duda -más allá de matices- la información publicada por el Ministerio del Interior cuando han existido sombras de sospecha.

Es decir, que el nivel de confianza que tengamos en los resultados que el 27-M difunda el Ministerio del Interior serán directamente proporcionales a la confianza que tengamos en la central del espionaje español.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha emitido una sentencia por la cual condena a Renfe por vulnerar el derecho a huelga del Sector Ferroviario la Confederación General del Trabajo (CGT), al poner en circulación trenes en doble composición el pasado 7 de noviembre de 2022, día en el que estaba convocada la huelga por los y las anarcosindicalistas.

Concretamente, el TS atiende a la demanda a la demanda de CGT de que los trenes “12538 Vigo Guixar-A Coruña-Vigo Guixar” que circularon en doble composición el lunes 7 de noviembre y que se encontraban dentro de los servicios mínimos decretados por el Ministerio de Transportes, vulneraron el derecho a huelga, porque estos trenes, circulan habitualmente en composición simple todos los lunes del año, por lo que la empresa orfertó 360 plazas en cada tren, en lugar de 180 como hace normalmente, con el objetivo de minimizar el efecto de la huelga sobre los usuarios.

El Alto Tribunal fundamenta su sentencia en que al tratarse de “servicios mínimos esenciales establecidos por la Autoridad Laboral competente para ello, que actúa conforme principios de proporcionalidad, la garantía de los servicios mínimos ha de someterse al criterio de proporcionalidad de la incomodidad o el sacrificio de la menor restricción posible del derecho a la huelga, por lo que sustituir los servicios afectados, aumentando la oferta de plazas, sin duda afecta al principio citado de menor restricción del derecho de huelga, restando impacto en la ciudadanía.

El TS condena, por lo tanto, a Renfe a abonar al Sector Ferroviario de la CGT la cantidad de 7.501 euros como indemnización por los daños o perjuicios ocasionados.

Desde el Sector Ferroviario de CGT en Galicia reclaman a Renfe medidas disciplinarias contra los responsables de la Gerencia de Renfe en Galicia, quienes tomaron la decisión de duplicar la oferta de plazas el día de la huelga, vulnerando un derecho constitucional de las plantillas, y en cumplimiento del código ético de la empresa pública ferroviaria, depurándose las responsabilidades que correspondan.

 Sentencia renfe galicia