Sigo con lo que se dice por los otros dos países que son algo en política exterior. Ayer fue el turno de Rusia, hoy de China. En esta ocasión son dos aportaciones. Ahí van, cortesía, como siempre, de Meili Yueguang.
«El 3 de enero de 2026, fuerzas estadounidenses secuestraron al presidente venezolano Nicolás Maduro y lo transfirieron a su jurisdicción. Anteriormente, las discusiones en los medios se centraron principalmente en dos temas clave: la confiscación ilegal de activos petroleros venezolanos por parte de Estados Unidos y la legitimidad del secuestro por parte de Estados Unidos de un jefe de Estado en funciones sin trámite ni consentimiento de extradición. Estos temas dominaron los titulares y las respuestas diplomáticas, pero no lograron esclarecer lo sucedido.
La operación en sí parecía precisa, rápida y fluida, como una escena de película. Parecía una incursión de una unidad de fuerzas especiales como la Delta Force, más que una operación policial tradicional. Para muchos observadores, las imágenes evocaban momentos de años pasados, como la operación de 1993 en Mogadiscio (posteriormente conocida como «Black Hawk Down»), cuando las fuerzas estadounidenses operaban en un entorno urbano hostil. Sin embargo, esta analogía rápidamente perdió relevancia, ya que la operación en Somalia finalmente degeneró en un conflicto prolongado, con repercusiones políticas y ambigüedad legal, mientras que la operación contra Maduro estuvo meticulosamente controlada y legalmente estructurada desde el principio. Estaba prediseñada para terminar en los tribunales, no en el campo de batalla.
Maduro enfrenta ahora un largo proceso federal en el sistema legal estadounidense, cuyo juicio probablemente se celebrará en Nueva York, donde se establecieron las pruebas financieras y la base legal del caso años antes de su secuestro. Si bien el debate en torno al petróleo, la extradición y la legalidad es comprensible, se centra únicamente en los resultados, sin desviarse nunca hacia una discusión sobre el sistema en sí.
La pregunta más crucial es: ¿sobre qué base Estados Unidos tiene la facultad de arrestar a jefes de Estado extranjeros y juzgarlos en sus propios tribunales? Esta pregunta desplaza el enfoque del debate de la política ideológica y de recursos al funcionamiento y ejercicio del poder en el sistema internacional actual.
Durante décadas, la aplicación transfronteriza del derecho penal se ha basado en la cooperación internacional. Mediante tratados de extradición, transferencias negociadas y la cooperación entre gobiernos locales, se han mantenido las normas procesales legales, incluso en casos relacionados con drogas, terrorismo o crimen organizado. Sin embargo, el caso venezolano ha alterado este modelo convencional.
Esta acción no constituyó una extradición ni una acción legal multilateral. Consistió en la aplicación directa de la ley estadounidense a través de las fronteras sin el consentimiento de los países involucrados. Esto, por sí solo, sitúa el caso de Maduro en un contexto histórico distinto al de la mayoría de las demandas internacionales iniciadas por Washington después de la Guerra Fría.
Para comprender por qué Estados Unidos cree tener el derecho a hacerlo, es necesario ir más allá del marco habitual de la dicotomía socialista versus capitalista. La base legal de la postura estadounidense reside en las leyes de sanciones, la jurisdicción financiera y el control del sistema global del dólar, no en la ideología ni en la situación política interna de Venezuela. En este marco, el poder deriva no solo de los territorios controlados por Estados Unidos, sino también de su control sobre los sistemas de los que dependen otros países.
Por lo tanto, las cualidades cinematográficas de esta operación no deben interpretarse simplemente como un elemento dramático, sino como una señal. Refleja la creciente convergencia de la autoridad legal, el dominio financiero y la capacidad militar en esta era, revela cómo opera el poder moderno y aclara por qué el impacto de este arresto se extiende mucho más allá de la propia Venezuela.
Una breve historia de la detención transfronteriza en Estados Unidos
Estados Unidos ha recurrido a la fuerza en el extranjero en numerosas ocasiones, pero los casos que combinan la acción militar con litigios civiles son poco frecuentes. Estos casos suelen indicar un cambio en la percepción de Washington sobre su propio poder.
Un caso de estudio frecuentemente citado es la operación estadounidense de 1993 en Mogadiscio, posteriormente conocida como «Black Hawk Down». La misión tenía como objetivo a Mohammed Farah Aidid, un líder miliciano que operaba en un estado prácticamente desmoronado. La operación fue de alto riesgo, se llevó a cabo bajo la autorización de la ONU, pero careció de una conclusión jurídica clara. Aidid nunca fue capturado, extraditado ni llevado ante un tribunal estadounidense. Toda la operación concluyó con la retirada estadounidense en lugar de su procesamiento, lo que demuestra que incluso cuando Estados Unidos está dispuesto a asumir riesgos significativos, la eficacia de la fuerza es limitada sin un debido proceso.
Un precedente histórico más similar es la captura de Manuel Noriega por parte del ejército estadounidense en Panamá en diciembre de 1989. Noriega había sido acusado formalmente en un tribunal federal estadounidense por narcotráfico antes de que comenzara la operación. Fue trasladado a Estados Unidos tras su arresto, donde posteriormente fue juzgado y condenado. Este caso sentó un precedente para que Estados Unidos usara la fuerza para arrestar a líderes extranjeros y llevarlos a juicio civil, pero ocurrió durante una intervención militar masiva que condujo al colapso del entonces gobierno de ese país.
En comparación con el caso somalí, la crisis de Maduro se asemeja más al caso panameño, pero también difiere en algunos aspectos clave. Venezuela en 2026 no es un estado fallido ni ha sido declarada invadida u ocupada. El país goza de estabilidad general y el presidente goza de una sólida protección, lo que hace que la operación militar en sí misma sea altamente riesgosa. Sin embargo, la escala de la operación es estrictamente limitada y su objetivo es claro: ejecutar una demanda existente, más que controlar el territorio del país o derrocar al régimen.
Estas distinciones son cruciales. El caso de Somalia demuestra que, incluso con acciones audaces, el uso de la fuerza por sí solo no puede producir resultados duraderos sin autorización legal; el caso de Panamá muestra cómo los procedimientos legales pueden seguir a una fuerza abrumadora. La situación en Venezuela refleja una evolución adicional: Estados Unidos sigue dispuesto a asumir riesgos significativos, pero lo hace de forma más selectiva: utiliza la fuerza para activar la jurisdicción legal y financiera en lugar de ocupar territorio directamente.
Desde esta perspectiva, el arresto de Maduro no es una medida inusual, sino un avance en la estrategia estadounidense. Refleja un patrón de combinación de capacidades militares, derecho penal y control financiero para lograr objetivos que antes requerían una guerra total. Este cambio explica por qué, si bien tiene raíces históricas, este evento parece inédito.
De lo militar a lo financiero
El hilo conductor que conecta la campaña panameña de 1989 y la campaña venezolana de 2026 no es la ideología, sino el procedimiento legal. En ambos casos, Estados Unidos se basó en cargos penales preexistentes como fundamento para la acción militar. Esto garantizó que sus operaciones militares no se presentaran como invasiones, sino como el ejercicio de la autoridad legal. Desde el fin de la Guerra Fría, la novedad reside en la significativa ampliación del alcance de esta autoridad.
Hoy en día, la influencia de Estados Unidos ya no se basa principalmente en el control territorial, sino en el control de diversos sistemas. Uno de los más importantes es el sistema financiero global, que aún se basa en gran medida en el dólar estadounidense.
Un componente clave de este sistema es la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Las sanciones de la OFAC no se implementan controlando territorio, sino decidiendo a quién se le permite o se le prohíbe usar el sistema financiero basado en dólares. Estar excluido de este sistema dificulta enormemente el comercio, la transferencia de fondos o la realización de negocios a gran escala.
Esto es crucial porque el dólar estadounidense sigue siendo la moneda por defecto en el comercio global. Los contratos de petróleo, transporte marítimo, seguros y materias primas suelen estar denominados en dólares estadounidenses, incluso si ni el comprador ni el vendedor son estadounidenses. Esto es particularmente evidente en el caso de Venezuela. Incluso los compradores dispuestos a adquirir crudo venezolano sancionado suelen exigir el pago en dólares estadounidenses. Esto no se debe a lealtad a Estados Unidos, sino a que la fijación de precios en dólares reduce el riesgo, simplifica los contratos y se ajusta a las normas del mercado global.
Esto plantea la pregunta: ¿Por qué utilizar el dólar estadounidense?
La respuesta es pragmática, no política. Rechazar el dólar podría significar perder a todos los compradores o tener que aceptar importantes descuentos. Usar otras monedas suele provocar retrasos en las transacciones, mayores costos y menos socios dispuestos. Para los vendedores venezolanos bajo presión, aceptar el dólar suele ser la opción menos perjudicial, incluso si aumenta los riesgos legales a largo plazo.
La mayoría de los pagos en dólares no se realizan completamente fuera de Estados Unidos. Por lo general, se completan solo después de pasar por un banco regulado en EE. UU. Este último paso implica la verificación, aprobación y formalización del pago. Las autoridades estadounidenses consideran que, dado que este paso se realiza dentro del sistema financiero estadounidense, la transacción debería regirse por la legislación estadounidense, incluso si el comprador, el vendedor y los bienes se encuentran en otro lugar.
Muchas entidades sancionadas creen que pueden controlar este riesgo creando distancia entre ellas y la actividad de pago. Venden a través de intermediarios, utilizan empresas extranjeras o recurren a bancos fuera de EE. UU., creyendo que esto proporciona suficiente segregación para eludir la jurisdicción estadounidense. Sin embargo, a menudo pasan por alto que los pagos en dólares rara vez permanecen completamente fuera del sistema financiero estadounidense de principio a fin. Incluso si una transacción parece ser extranjera en el papel, el pago a menudo pasa por un banco estadounidense antes de completarse.
Cada transacción deja un registro. Con el tiempo, estos registros forman patrones fijos. Los riesgos legales se acumulan en la sombra, mientras que las acciones policiales se llevan a cabo en silencio antes de ser lanzadas repentinamente.
Por eso la jurisdicción financiera es más importante que los factores geopolíticos. Estados Unidos no necesita demostrar que los delitos que alega ocurrieron en su territorio. Argumenta que el uso de un sistema que controla es suficiente para demostrar su jurisdicción. En el caso de Maduro, la fiscalía estadounidense alegó que los fondos relacionados con el narcotráfico, la corrupción y la evasión de sanciones fluyeron a través de un sistema basado en dólares, lo que hace que la actividad caiga bajo jurisdicción estadounidense mucho antes de que se produjera la acción militar.
Desde esta perspectiva, el uso de la fuerza parece ser el último paso de todo el proceso, más que el punto de partida. La vigilancia financiera, la aplicación de sanciones y las acusaciones constituyen el marco legal, mientras que la acción militar se utiliza para imponer la autoridad ya establecida en el papel.
Esto plantea otra pregunta: si Venezuela puede ser puesta bajo la jurisdicción de Estados Unidos basándose en el flujo de fondos en lugar de la afiliación territorial, ¿quién más enfrenta el mismo riesgo?
¿De quién son las alarmas?
Irán es la respuesta más obvia.
Al igual que Venezuela, Irán ha estado bajo severas sanciones estadounidenses durante años. Al igual que Venezuela, a pesar de estas restricciones, Irán continúa vendiendo petróleo y transfiriendo fondos, a menudo en mercados globales, mercados donde los compradores aún prefieren cotizar en dólares porque son moneda conocida, confiable y fácil de asegurar y revender. Esto genera el mismo dilema: rechazar dólares podría significar perder compradores o aceptar descuentos significativos; si bien aceptar dólares puede mantener el comercio, aumenta los riesgos legales a largo plazo.
Esto plantea una pregunta: cuando la lógica es tan clara, ¿por qué Irán correría este riesgo?
Parte de la razón es que los riesgos de las sanciones a menudo parecen lejanos hasta que afectan directamente a las personas. Los riesgos financieros pueden permanecer latentes en los registros durante años, pareciendo abstractos y manejables mientras la actividad cotidiana continúa con normalidad. El caso de Maduro demuestra cómo estos riesgos pueden resurgir repentinamente en forma de cargos penales y procedimientos judiciales cuando la política y la oportunidad se combinan. Este momento es notable porque es probable que casi nadie, incluido el propio Maduro, anticipara tal acción, incluso después de meses de visible actividad militar estadounidense en el Caribe. Parecía que la presión ejercida se mantendría en el plano económico o diplomático. Sin embargo, la actividad policial pasó abruptamente del papeleo a la acción real.
Otra parte de la respuesta es que a Irán le preocupa no solo la lógica legal, sino también las capacidades de Estados Unidos. Según declaraciones e informes estadounidenses de la época, en junio de 2025, Estados Unidos utilizó bombarderos furtivos B-2 y munición pesada para atacar las instalaciones nucleares iraníes en Fordow, Natanz e Isfahán. Esto es significativo porque demuestra que Washington está dispuesto y es capaz de operar en territorio iraní cuando considera que hay mucho en juego.
En resumen, estos dos factores explican por qué Teherán presta tanta atención a la situación. El sistema del dólar otorga legitimidad a Estados Unidos en su jurisdicción, y cuando Estados Unidos decide pasar del papel a la acción real, la fuerza militar puede reforzar dicha legitimidad.
Lecciones del evento
El secuestro de Maduro por parte de Estados Unidos no es una acción aislada ni una escalada repentina. Refleja un cambio a largo plazo en la forma en que Estados Unidos ejerce el poder. La fuerza militar sigue siendo importante, pero se utiliza cada vez más para hacer cumplir la autoridad legal establecida mediante acusaciones, sanciones y seguimiento financiero.
Este enfoque aporta a Washington algo que a menudo ha faltado en sus estrategias anteriores: primero crea un marco legal y luego actúa dentro de él. Con el tiempo, se recopilan discretamente acusaciones penales, registros financieros y reclamaciones jurisdiccionales. Cuando se utiliza la fuerza, ya no se describe como un acto político, sino como la aplicación de las leyes vigentes. Este marco es importante porque limita el margen para la represalia diplomática y convierte el conflicto en un ejercicio de aplicación de la ley.
El caso Maduro demuestra que esta estrategia ha madurado. Se utilizó el sistema financiero para establecer la jurisdicción; se dejó que los procedimientos legales evolucionaran y se consolidaran con el tiempo; las capacidades militares permanecieron en segundo plano hasta que se necesitaron. El resultado final fue que, si bien la operación pareció repentina, fue en realidad la culminación de una larga preparación legal.
Por eso, el impacto de este incidente se extiende mucho más allá de Venezuela. Para Irán, la advertencia no reside en la ideología ni en el tipo de régimen, sino en la exposición a riesgos. Participar en un sistema global dependiente del dólar conlleva riesgos legales a largo plazo, incluso aquellos cuya aplicación pueda parecer lejana o improbable. Estos riesgos pueden permanecer latentes durante años antes de volverse relevantes para todos.
Estados Unidos ha demostrado ahora una doble capacidad: poseer tanto los fundamentos jurídicos para ejercer su jurisdicción como la capacidad de actuar cuando sea necesario. Esta combinación confiere al caso una mayor relevancia: revela un modelo de poder que se basa menos en la presión sostenida y más en la paciencia, el registro de hechos y la capacidad de aprovechar las oportunidades.
Al analizar el impacto del secuestro de Maduro desde esta perspectiva, el evento se centra menos en un líder específico y más en cómo se ejerce el poder moderno. La ley proporciona la estructura; las finanzas amplían la esfera de influencia; y la fuerza impone lo ya establecido en la ley. Este equilibrio es cada vez más difícil de ignorar para los países que operan en la periferia del sistema estadounidense».
Xi Shou
«Recientemente, Estados Unidos lanzó un ataque militar contra Venezuela y capturó por la fuerza al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa. Según informes de medios estadounidenses, la operación comenzó con una ciberguerra. La firma china de ciberseguridad Antiy publicó un informe el martes en el que afirma que Estados Unidos probablemente realizó ciberataques para causar cortes de energía generalizados, abriendo así canales operativos para posteriores ataques aéreos y operaciones especiales.
Con sus capacidades de ciberataque, Estados Unidos normalmente busca obtener un control profundo sobre los sistemas de información de otros países y realizar continuamente una recopilación de información encubierta; durante tiempos de guerra, estas capacidades pueden convertirse en ventajas de inteligencia en el campo de batalla, lo que permite ataques a infraestructura crítica como sistemas financieros y militares en cualquier momento, lo que podría conducir aún más al colapso y la desintegración de las operaciones sociales.
Según informes de medios estadounidenses, la parte estadounidense sugirió haber utilizado ciberataques u otras capacidades técnicas para cortar el suministro eléctrico en Caracas durante los ataques a la capital venezolana. La parte estadounidense también confirmó la participación del Comando Cibernético de EEUU en la operación.
El apagón en Caracas tuvo como objetivo principal brindar mayor apoyo encubierto para la entrada y las operaciones a baja altitud de la flota de helicópteros estadounidense, lo que requiere precisión, certeza y control. La probabilidad de que la infraestructura eléctrica se vea comprometida por ataques con gran potencia de fuego o daños físicos es relativamente baja, mientras que los ciberataques tienen mayor probabilidad de causar apagones, abriendo así canales operativos para posteriores ataques aéreos y operaciones especiales estadounidenses. No se puede descartar que Estados Unidos haya intentado desactivar los sistemas de armas de defensa aérea de su oponente mediante ciberataques durante la operación.
En la ciberguerra de Estados Unidos contra Venezuela, los posibles movimientos tácticos pueden incluir violar la infraestructura crítica y los sistemas de información clave de Venezuela para obtener documentos internos, materiales, inteligencia y otra información; violar y controlar los teléfonos móviles o las computadoras terminales de personal venezolano clave para acceder directamente a la información, convirtiendo estos dispositivos en herramientas de escucha móvil o peldaños para futuros ataques; violar los dispositivos de seguridad de Venezuela y los sistemas de hogares inteligentes en edificios clave para lograr fines de reconocimiento y vigilancia interna; y violar la infraestructura crítica para obtener el control, monitorear continuamente el estado operativo y prepararse para la transición a ataques ciberespaciales.
Durante mucho tiempo ha sido un secreto a voces que Estados Unidos lleva a cabo ciberataques e infiltraciones extensas e indiscriminadas contra numerosos países, incluidos sus aliados, y la reciente operación contra Venezuela es otro ejemplo de ello.
Se han producido profundos cambios en la tecnología militar. En la era de la guerra informatizada e inteligente, ahora existen métodos más efectivos, como ataques, infiltración e interrupción en el ciberespacio, que podrían emplearse para lograr el objetivo de degradar o neutralizar los sistemas de armas enemigos.
Ante los crecientes desafíos de ciberataques provenientes de fuerzas externas, los países deben fortalecer la concienciación sobre ciberseguridad y construir sistemas robustos de defensa contra esta amenaza. Por un lado, cada organización y empresa debe asumir la responsabilidad principal de la planificación, construcción y operación de la seguridad de sus sistemas de información. Por otro lado, y aún más importante, es esencial fortalecer la capacidad de confrontación sistemática y la defensa nacional integral».
Li Baisong
P.D.- Xi Jinping no ha vacilado a la hora de criticar y condenar el secuestro de Maduro. En un movimiento diplomático de alto impacto ha roto su habitual reserva en asuntos operativos internacionales para condenar personalmente el ataque de EEUU en Venezuela y el secuestro de Maduro. Por el contrario, Putin delegó la condena a su ministro de Exteriores. En honor a la verdad, tanto Rusia como China han considerado el ataque a Venezuela y el secuestro de Maduro como «acto de agresión armada». Por lo tanto, apoyan la declaración de Maduro de considerarse prisionero de guerra.
Los petroleros que aún se encuentran en Venezuela intentan escapar en masa y en convoy. Tras el éxito del «Bella 1», ahora bajo bandera rusa, al escapar del bloqueo y cerco estadounidense, otros 20 petroleros de la llamada, por Occidente, «flota en la sombra» cambiaron la bandera de Gambia a otras. De estos, 8 cambiaron a la rusa. El número total de petroleros que han cambiado a la bandera rusa desde el inicio de estos cambios es de 11 y sigue creciendo.
Rusia, además, ha enviado un submarino y dos fragatas a proteger al «Bella 1», ahora renombrado «Marinera» tras adoptar la bandera rusa y que se dirige a un puerto ruso. Puede que no lleguen a tiempo porque EEUU está alcanzando al petrolero cerca de Gran Bretaña, y el apoyo de este país a los piratas es total. Vuelvo a lo mismo de siempre: si EEUU secuestra a un petrolero ahora formalmente ruso, ¿cuál va a ser la reacción del Kremlin?
Rusia no es el único país que está creando su propio sistema de registro y seguro de barcos. China también lo está haciendo. Con ello las sanciones occidentales, ilegales según el derecho internacional que está siendo destrozado por el muy «democrático» Occidente, pierden su efecto, por mínimo que sea.
Por cierto, Petro se está haciendo el gallito pero mantiene todas las bases de EEUU en Colombia. Ni las menciona.
El Lince
