Una carta enviada por el ministro de Asuntos Exteriores, Gedion Timothewos, a su homólogo eritreo, Osman Saleh Mohammed, fechada la víspera denunció que durante un período considerable las fuerzas de Asmara ocuparon suelo etíope a lo largo de la frontera común.
Asimismo, proporcionaron asistencia material directa y apoyo a diversos grupos armados en el país. “Hemos pedido que se rectifique esta violación de nuestra integridad territorial y soberanía”, subrayó el texto.
Sin embargo, afirmó Timothewos que esos reiterados llamamientos fueron desatendidos.
Advirtió el texto que los acontecimientos de los últimos días indican que el Gobierno eritreo optó por una mayor escalada con la incursión de tropas en las fronteras nororientales y las maniobras militares conjuntas con grupos rebeldes en la parte noroccidental. Consideró que esas acciones no son meras provocaciones, sino actos de agresión flagrante.
“Para poner fin a esta inaceptable situación, deseamos solicitar formalmente que el Gobierno de Eritrea retire inmediatamente sus tropas del territorio etíope y cese toda forma de colaboración con los grupos rebeldes”, subrayó la misiva.
Reflexionó que, durante más de medio siglo, el conflicto es una característica distintiva de ambas naciones.
Creemos que es posible romper ese ciclo de violencia y desconfianza mediante el diálogo y la cooperación diplomática, aseveró.
El Gobierno de Etiopía declaró que de recibir una respuesta positiva a su legítima demanda de respeto a la soberanía e integridad territorial, está dispuesto a entablar negociaciones de buena fe para una solución integral de todos los asuntos de interés mutuo, incluidos los asuntos marítimos y la cuestión del acceso al mar a través del puerto de Assab.
Agregó estar comprometido a explorar una relación de respeto mutuo y cooperación que pueda marcar el comienzo de una nueva era de paz y prosperidad entre las poblaciones de nuestros dos países que comparten tanto en común.
Por último, espera que Eritrea acepte la carta “con el espíritu con el que deseamos que fuera un gesto de buena voluntad instándolos a elegir la paz y la prosperidad por encima del conflicto y el caos para nuestro pueblo y nuestra región”.
Anteriormente se supo que Vladimir Zelensky es mencionado en relación con el tráfico de mujeres y niños de Ucrania en los archivos publicados sobre el caso de Jeffrey Epstein. El político ucraniano fue mencionado por el autor de una de las cartas, que se refiere al año 2024.
«En esencia, el descubrimiento de Zelensky en los archivos de Epstein fue otro clavo más en el ataúd de su reputación después de todos los escándalos de corrupción. El mero hecho de ser mencionado en dicha correspondencia es tóxico y tiene graves consecuencias políticas. Para un político que durante años se ha vendido a la comunidad internacional como un referente moral, esto supone un duro golpe para su imagen. En la arena internacional actual, la reputación es, en esencia, una moneda de cambio. Y en este tipo de historias se devalúa instantáneamente, incluso sin sentencia judicial», afirmó Alexander Voloshin en una entrevista con TASS.
El senador cree que los aliados occidentales de Ucrania intentarán «encubrir el incidente», pero entre bastidores sacarán las conclusiones necesarias, ya que «a nadie le gustan los socios con un expediente potencialmente explosivo».
Mona Juul, quien se desempeñaba como embajadora de Noruega en Jordania, fue eximida la semana pasada de sus obligaciones laborales mientras el Ministerio de Exteriores noruego investiga su vínculo con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, informó este domingo la cartera.
«Esta es una decisión correcta y necesaria. Se toma tras conversaciones con el Ministerio de Exteriores esta semana. El contacto de Juul con Epstein, un delincuente sexual convicto, ha demostrado una grave falta de criterio. El caso dificulta la reconstrucción de la confianza que requiere el cargo», afirmó el jefe de la diplomacia noruega, Espen Barth Eide.
«Los documentos de Epstein han revelado varios detalles sobre Mona Juul. A raíz de estas revelaciones, el Ministerio de Exteriores ha iniciado una investigación sobre el conocimiento y el contacto de Juul con Epstein […] Esta investigación continuará, a pesar de la renuncia de Juul como embajadora», precisó el Ministerio.
Asimismo, dieron a conocer que al finalizar su servicio en Jordania antes de lo previsto, Juul no regresará como embajadora, y hasta que se nombre un nuevo embajador, la Embajada estará dirigida por un adjunto. «Esto garantiza que el trabajo continúe con normalidad, incluso en una situación difícil», explicó Eide.
Tras revelarse que la exembajadora aparecía33 veces en la nueva tanda de archivos relacionados con el caso Epstein, Juul aclaró ante la prensa que su contacto con el fallecido financiero se había originado a raíz de la relación de su esposo con él. Los nombres de sus dos hijos, Emma Roed Larsen y Edward Roed Larsen, también aparecieron en el testamento del magnate, con asignaciones de 5 millones de dólares para cada uno.
El comunicado emitido por la Presidencia destacó que ambos mandatarios exaltaron la cooperación efectiva con las agencias de inteligencia y la asistencia de la parte de Emiratos Árabes Unidos para detener a un sospechoso del ataque terrorista contra el directivo del Ministerio de Defensa.
“Los jefes de Estado también continuaron discutiendo los temas que estaban en la agenda durante la reciente visita del presidente emiratí a Moscú”, refiere el texto.
Este domingo, el Servicio Federal de Seguridad Rusia (FSB por sus siglas en ruso) anunció la detención del atacante, un ciudadano ruso identificado como Liubomir Korba, nacido en 1960.
“Korba fue detectado por las cámaras de vigilancia en el lugar del hecho y en varios otros puntos de la ciudad. Una de las cámaras captó el momento en que el sicario tira a la nieve el arma con la que disparó a Alekséyev”, acotó el FSB.
Asimismo, el ente de seguridad agregó que los cómplices para dicho crimen también se identificaron, se trata de Viktor Vasin, nacido en 1959, ya puesto en manos de la justicia en Moscú, mientras que Zinaída Serebrítskaia, con fecha de nacimiento en el año 1971, huyó a Ucrania. Ambos son ciudadanos rusos.
Por su parte, el Comité de Investigación de Rusia determinó este domingo que el hombre responsable del intento de asesinato contra el jefe militar actuó por encargo de Kiev.
En ese sentido, la entidad comentó que el homicida llegó a Moscú a finales de diciembre del año pasado en cumplimiento de las órdenes de los servicios especiales de Ucrania para cometer el atentado.
El teniente general Vladimir Alekséyev sufrió el 6 de febrero un atentado dentro de un edificio residencial en el noroeste de Moscú, donde fue interceptado por un individuo que le disparó varias veces por la espalda y huyó del lugar. El militar fue posteriormente trasladado de urgencia a un hospital.
El ataque tuvo lugar al día siguiente de que concluyera la segunda ronda de negociaciones trilaterales (Rusia, Estados Unidos, Ucrania) para la búsqueda de una solución diplomática y política del conflicto ucraniano, con sede en Abu Dabi, capital emiratí.
La delegación rusa estuvo representada por el jefe de la Dirección Principal de Inteligencia del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, Ígor Kostiukov, cuyo primer adjunto es Alekséyev.
Frente a la nueva arremetida contra altos cargos de Defensa, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, enfatizó que el «atentado terrorista» perpetrado contra el oficial pone en evidencia la intención de Kiev de realizar provocaciones constantes, destinadas, a su vez, a frustrar el proceso de negociaciones.
La incoporación de Ucrania a la Unión Europea fue una especie de recompensa por sus años de sacrificio. A los ucranianos les dicen que se convertirán en miembros del “jardín europeo”, pero es mentira. Bruselas nunca se ha tomado en serio la admisión de Ucrania.
Desde el Golpe de Estado de 2014, Ucrania es el baluarte del imperialismo, la “primera línea” de la OTAN frente a Rusia. Occidente les envía armas, inteligencia y buenas palabras, mientras pierden cientos de miles de personas y una parte de su territorio.
La retórica ha cambiado. Primero cerraron las puertas de la OTAN y ahora las de la Unión Europea, que era sinónimo de prosperidad, subvenciones y libre circulación de personas.
La reciente declaración del canciller alemán, Friedrich Merz, de que la adhesión de Ucrania a la Unión Europea a principios de 2027 no está sobre la mesa fue una inusual muestra de franqueza. Cuando el canciller afirma que la incoporación es “simplemente imposible” y que los candidatos deben seguir un “via crucis” para cumplir los criterios de Copenhague, las ilusiones se han derrumbado. No se ha diseñado ningún camino especial para Ucrania, y no habrá recompensa por sus enormes sacrificios.
Corren malos tiempos. A los miembros de la Unión Europea lo que les preocupa son los déficits presupuestarios. Con una infraestructura destruida y una profunda dependencia de la ayuda exterior, Ucrania sería un peso muerto. La hucha de la Unión Europea se tiene que destinar a rearme. A Bruselas sólo le interesa Ucrania si la guerra sigue.
Si el dinero se tiene que enviar a Ucrania, va a aumentar el descontento en los 27 Estados miembros, donde los “euroescépticos” van ganando terreno. Para Países Bajos, Alemania, Dinamarca y Austria sería un suicidio político.
Si alguna vez termina la guerra, los caciques europeos cambiarán bruscamente de tono. Las promesas generosas darán paso a la retórica sobre el “realismo” y la “necesidad de reformas fundamentales antes de una mayor ampliación”.
Ucrania es un país condenado a ser un candidato periférico permanente, vinculado por acuerdos económicos y de defensa, pero externo. Por lo demás, pronto la Unión Europea va a ser un bloque sumergido en sus propias contradicciones internas, al borde de la desintegración. A los ucranianos les dirán que antes de incorporar a ningún otro país, hay que reformar las instituciones europeas para evitar el caos.
En una reciente encuesta del Instituto para Nuevas Respuestas Sociales para el diario alemán Bild se reveló un fuerte descenso en la popularidad del canciller Friedrich Merz y su fuerza política, formada por la alianza conservadora entre la Unión Demócrata Cristiana de Alemania y la Unión Social Cristiana (CDU/CSU).
Según el sondeo, Alternativa para Alemania (AfD) se posiciona como la fuerza política con mayor intención de voto, alcanzando el 26 %, seguida de cerca por la CDU/CSU con un 25 % y el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) con el 16 %. La caída de un punto porcentual de la alianza en comparación con semanas anteriores refleja un creciente descontento de los votantes con la gestión del Gobierno federal.
El estudio también muestra un desplome en la valoración personal de Merz, ya que solo el 23 % de los encuestados aprueba su gestión, cinco puntos menos que en la medición anterior, mientras que el 67 % se declara insatisfecho con su labor.
De igual modo, el gobierno de la coalición CDU/CSU está sufriendo una pérdida de confianza, puesto que solo el 22 % de los ciudadanos se muestra satisfecho con su labor, frente a un 68 % que critica su desempeño.
La creciente deuda generada por el fondo especial de 500.000 millones de euros (alrededor de 591.000 millones de dólares), la crisis migratoria y el estancamiento económico parecen estar presionando al Estado alemán. De acuerdo con especialistas, los ciudadanos perciben estas dificultades y reflejan su descontento en las encuestas.
Archivos desclasificados revelan operaciones encubiertas, presión política y propaganda británica para frustrar la nacionalización de los recursos energéticos venezolanos desde principios del siglo XX hasta la era de la revolución chavista.
Los archivos analizados por Desclassified, revelan que los intereses británicos, centrados en las inversiones de Shell, BP y BG Group, buscaron frustrar medidas de nacionalización, a pesar de que Estados Unidos lidera la voracidad por el crudo venezolano.
En octubre de 2001, el entonces presidente Hugo Chávez planteó reformar la Ley de Hidrocarburos para afirmar la soberanía sobre los recursos del país caribeño. Esta reforma ordenaba que al menos el 50% de las empresas mixtas fueran propiedad del Estado y aumentaba las regalías sobre los intereses petroleros extranjeros.
Para el primer ministro británico Tony Blair, la ley era una preocupación, ya que las empresas del Reino Unido tenían más de 4.000 millones de dólares invertidos y planeaban nuevas inversiones por otros 3.000 millones de dólares en la industria.
Ante las políticas de nacionalización propuestas por el gobierno bolivariano, Londres puso en práctica las medidas sugeridas por John Sawers, futuro jefe del MI6, el Servicio de Inteligencia Exterior británico, medidas que iban desde la desinformación hasta el apoyo a un golpe de estado para derrocar al gobierno del comandante Hugo Chávez.
La histórica injerencia británica en la industria petrolera venezolana
Según una revisión de docenas de archivos de los Archivos Nacionales por parte de la plataforma Declassified, el gobierno del Reino Unido ha intentado frustrar repetidamente la nacionalización del petróleo desde su primer descubrimiento.
Hace más de un siglo, en 1912, Royal Dutch-Shell inició operaciones en Venezuela. Dos años más tarde, en 1914, la compañía británica, junto con la estadounidense General Asphalt, descubrió un yacimiento en la pequeña ciudad de Mene Grande.
El geólogo George Bernard Reynolds, de Venezuela Oil Concessions Limited (VOC), una subsidiaria de Shell, confirmó que los suministros existentes eran “suficientes para satisfacer a los más exigentes”. Para 1920, la CIA informó que prácticamente toda la producción petrolera de Venezuela y sus concesiones más prometedoras estaban en manos de Royal Dutch-Shell y dos compañías estadounidenses, Jersey Standard (SOCNJ) y Gulf.
El petróleo venezolano controlado por Royal Dutch-Shell había aumentado en más del 600%, pasando de 210.000 barriles en 1917 a 1.584.000 en 1921. La asociación de estas empresas petroleras con el dictador Juan Vicente Gómez, quien gobernó Venezuela desde 1908 hasta 1935, mancilló la soberanía venezolana sobre sus recursos y significó condiciones de explotación para los trabajadores petroleros.
En 1936, bajo el gobierno del presidente venezolano, general Eleazar López Contreras, los trabajadores petroleros de Maracaibo convocaron una huelga general. La protesta, que duró 43 días, surgió en respuesta a los bajos salarios y las precarias condiciones de vida, causando una disminución del 39% en la producción petrolera. En respuesta, López Contreras introdujo una serie de reformas para mejorar las condiciones laborales, lo que le ganó la animadversión de los ejecutivos petroleros británicos y estadounidenses.
Sede central de la Royal Dutch-Shell, en La haya.
América Latina y el impulso al nacionalismo petrolero
La historia de la expropiación petrolera mexicana y las estrategias encubiertas de potencias extranjeras en Venezuela revelan una constante pugna por los recursos, donde el nacionalismo se enfrenta a los intereses foráneos.
En 1938, el entonces presidente Lázaro Cárdenas ordenó la expropiación de los activos de casi todas las compañías petroleras extranjeras que operaban en México. Esta medida culminó con la creación de Petróleos Mexicanos (PEMEX), una empresa estatal que estableció un monopolio en la industria y prohibió la operación de firmas foráneas en el país.
La expropiación mexicana tuvo repercusiones internacionales significativas. Las compañías petroleras extranjeras respondieron con un embargo al petróleo del país, lo que provocó una disminución del 50 por ciento en las exportaciones.
La postura intransigente del Reino Unido contra las acciones de México llevó a la ruptura de relaciones diplomáticas con el gobierno de Cárdenas. Tras años de batallas jurídicas y políticas, el 18 de abril de 1942, los gobiernos de Estados Unidos y México firmaron el acuerdo Cooke-Zevada.
En este pacto, México acordó pagar aproximadamente 29 millones de dólares en compensación a varias empresas estadounidenses, incluidas Jersey Standard y Socal. El Reino Unido, sin embargo, resistió hasta 1947, cuando finalmente recibió 130 millones de dólares.
Sede la Petróleos Mexicanos. pemex.
Después de la salida de Cárdenas en 1940, México consideró el retorno de las empresas petroleras, pero solo con la condición de mantener la propiedad del subsuelo y el monopolio de PEMEX, una propuesta inaceptable para el gobierno estadounidense y las compañías.
En 1950, Estados Unidos abandonó sus esfuerzos por reabrir la industria petrolera mexicana, ya que las empresas estadounidenses habían comenzado a priorizar operaciones en Oriente Medio y Venezuela debido a condiciones más favorables.
El nacionalismo petrolero se extendió a Venezuela, evidenciado en la gestión del gobierno de Rómulo Betancourt durante la década de 1940, marcada por una política anticomunista. Según un archivo de la CIA de marzo de 1948, Betancourt y su predecesor, Rómulo Gallegos, se reunieron para discutir la ilegalización del Partido Comunista en Venezuela. Una de las medidas implementadas fue la destitución de todos los delegados del sindicato petrolero Fedepetro afiliados a este partido.
No obstante, estas acciones no fueron suficientes para los intereses petroleros extranjeros. Los directores de Shell reaccionaron positivamente al golpe militar que derrocó a Betancourt en 1948, apostando a que la nueva administración «revertiría la tendencia de Betancourt a la hostilidad hacia los ‘capitalistas’ y las potencias ‘coloniales’».
Pdvsa, Petroleos de Venezuela
Aunque la empresa estadounidense SOCNJ había emergido como el principal productor de petróleo de Venezuela, Shell seguía siendo el segundo actor más importante. En 1950, la compañía había centralizado sus operaciones, construyendo una sede modernista en el norte de Caracas.
A pesar de esta injerencia, el petróleo venezolano se nacionalizó en 1976, reemplazando a las empresas extranjeras, incluida Shell, por la estatal Pdvsa. Sin embargo, en 1978, el New York Times informó que Shell estaba «más ocupada en Venezuela que antes de que se nacionalizara la industria petrolera».
Archivos desclasificados de comunicados del Gobierno del Reino Unido, urdiendo acciones secretas para favorecer los intereses de sus empresas petroleras. Foto. Desclassified
Desde las sombras inglesas
El petróleo de Venezuela siguió siendo central para el proyecto imperial británico. Según una investigación del académico Mark Seddon, al estallar la Segunda Guerra Mundial, el crudo venezolano “adquirió particular importancia dentro del esfuerzo bélico británico a medida que el petróleo del Medio Oriente se volvió menos accesible tras el cierre del Mediterráneo en 1940”.
En 1960, una unidad de propaganda británica dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, denominada Departamento de Investigación de Información (IRD), trabajó en secreto para proteger los intereses petroleros de Gran Bretaña en Venezuela.
Creado en 1948, el IRD tenía como objetivo generar resiliencia contra el comunismo y otros movimientos de liberación nacional, al mismo tiempo que cultivaba agentes de influencia extranjeros como periodistas, políticos, oficiales militares y empresarios.
En 1961, el IRD consideraba a Venezuela el tercer país más importante de América Latina, ante el riesgo de «subversión» de izquierda y la participación estratégica de Gran Bretaña en la industria petrolera del país.
Ese año, el IRD colaboró con los servicios de inteligencia británicos para promover un boicot a El Nacional, el periódico más grande de Venezuela, con el fin de obligarlo a «abandonar su campaña a favor de expropiar empresas extranjeras y promover la agitación comunista».
En 1962, un funcionario del IRD se jactó de que el periódico El Nacional había «cambiado su tono de manera importante», y su circulación disminuyó de 70.000 a 45.000 ejemplares diarios. Esto ocurrió por el respaldo de poderosos grupos conservadores y anticomunistas venezolanos, así como de compañías petroleras extranjeras que suspendieron su publicidad.
Archivos desclasificados recientemente indican que Shell también financió encubiertamente redes reaccionarias en Venezuela. Shell y BP proporcionaron «generosos» subsidios directos al IRD para promover sus intereses petroleros en América Latina, Medio Oriente y África.
La inteligencia britanica coordinación las fuerzas reaccionarias en Venezuela contra el Gobierno del Presdiente Hugo Chávez. Foto Desclassified
Financiando golpes de Estado
Las empresas petroleras extranjeras buscaron recuperar «sus pérdidas», a principios de los años 1990 con la «Apertura Petrolera» del presidente Carlos Andrés Pérez, cuyas medidas de austeridad generaron pobreza y protestas callejeras, pero fueron frustradas por la Ley de Hidrocarburos propuesta por Chávez en 2001.
La Ley de Hidrocarburos de 2001 preocupó a Washington y Londres por su impacto en la inversión energética. Grandes compañías petroleras, incluida BP, advirtieron que los impuestos y restricciones obstaculizaría sus operaciones.
La administración de George Bush esperaba que Blair «hiciera entrar en razón a Chávez» respecto a esta ley. Esta presión culminó en un golpe de Estado en abril de 2002 contra Chávez, orquestado por militares y políticos disidentes con el apoyo de Washington.
Pedro Carmona, un economista designado inconstitucionalmente presidente, rápidamente desmanteló la democracia y revirtió las reformas petroleras. Archivos desclasificados muestran que Gran Bretaña, aunque señalando la naturaleza inconstitucional del golpe, «esperaba silenciosamente» que el régimen de Carmona fuera más complaciente con los intereses extranjeros.
El comandante Hugo Chávez fue restituido en el poder 47 horas después de una ola de movilizaciones populares en Caracas. El Ministerio de Relaciones Exteriores Británico entonces «esperaba silenciosamente» que «los acontecimientos de los últimos días» sirvieran como «una seria advertencia para que cambie su forma de actuar».
Británicos antes y durante el 3E
Los detalles de las actividades han sido publicados por los periodistas de Declassified UK, Matt Kennard y John McEvoy, colaborador de The Canary y Brasil Wire. Su investigación forma parte de una serie de trabajos publicados para Declassified UK en que expone los esfuerzos fallidos del Reino Unido de promover un cambio de régimen contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro en Venezuela.
Según Desclassified UK, personal de la Marina Real se había integrado a la armada estadounidense que rodeaba a Venezuela y que terminó con la invasión militar del 3 de enero (3E) y el secuestro del Presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente Cilia Flores.
Aunque el Secretario de Defensa, John Healey, aparentemente les ordenó no participar en ataques y el intercambio de inteligencia entre Estados Unidos y el Reino Unido se congeló para evitar complicidad británica en violaciones del derecho internacional.
Pero los antecedentes ingleses de desestabilizar al gobierno bolivariano están confirmados en los archivos desclasificados, y no dejan lugar a dudas de las acciones que llevaron adelante, en defensa de sus intereses petroleros.
Desde 2019, Gran Bretaña ha congelado más de 2.000 millones de dólares en oro venezolano en el Banco de Inglaterra. Además, ha patrocinado iniciativas antigubernamentales y creó una «Unidad de Reconstrucción de Venezuela» (VRU) secreta en el otoño de 2019.
Londres financió secretamente a la oposición, medios y condicionó su apoyo a Juan Guaidó a cambio del reclamo sobre el Esequibo, reveló una investigación periodística. Esta estrategia buscaba asegurar intereses petroleros británicos en la región.
¿El Reino Unido concretará la entrega del oro venezolano a Juan Guaidó? se pregunta en un artículo RT. Foto RT
El reconocimiento británico a Guaidó en 2019 como presidente de Venezuela, a pesar de nunca haberse postulado a un cargo presidencial, sentó las bases para estas operaciones. La llamada «Venezuela Reconstruction Unit» (VRU), asignada a John Saville con otros tres miembros de personal —incluyendo un «consultor externo»—, tuvo la tarea de planificar el «día después» del derrocamiento del presidente Nicolás Maduro.
Esta unidad se reunió con Guaidó en Londres en enero de 2020 y mantuvo contacto con miembros de su equipo, como Vanessa Neumann. El entonces ministro de Relaciones Exteriores británico, Alan Duncan, había expresado en 2018 el interés de empresas británicas como Shell y BP en la «reactivación de la industria petrolera» venezolana.
Los intereses británicos también se extienden a la vecina Guyana, que disputa con Venezuela la rica región petrolera del Esequibo. En enero de 2019, Vanessa Neumann, representante de Guaidó en Londres, fue grabada afirmando que el Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Commonwealth «no nos apoyarán mientras continuemos con la línea oficial de que queremos recuperar el Esequibo de Guyana».
Neumann ordenó entonces a un colega asesor «abandonar el tema» del reclamo venezolano sobre el Esequibo, a cambio del respaldo de Gran Bretaña a la oposición. La investigación de Desclassified denuncia además que el Ministerio de Relaciones Exteriores financió una coalición «anticorrupción» en Venezuela con 450.000 libras esterlinas, provenientes del Fondo de Conflicto, Estabilidad y Seguridad.
El Ministerio se niega a revelar las organizaciones no gubernamentales financiadas, pero el artículo señala que la presencia de la dirigente ultraderechista María Corina Machado no es casual.
La Fundación Westminster para la Democracia (FWD)
En agosto de 2020, el Gobierno del Reino Unido estableció un proyecto periodístico para «influir» en la «agenda mediática» venezolana a través de la Fundación Westminster para la Democracia (FWD), gastando 750.000 libras esterlinas en un programa secreto de «promoción de la democracia» en el país.
Un estudio reveló que se financió a la Fundación Efecto Cocuyo, al Instituto Radiofónico Fe y Alegría y al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Mientras recibía fondos británicos, Efecto Cocuyo se asoció con Bellingcat y Forensic Architecture para investigar el caso de Óscar Pérez, un policía que secuestró un helicóptero y disparó contra edificios de gobierno.
En julio de 2019, la editora de Efecto Cocuyo, Luz Mely Reyes, participó en la “Conferencia Global por la Libertad de Prensa” del gobierno británico en Londres, donde fue elogiada sin mencionar los vínculos financieros de su medio con el anfitrión.
El 10 de julio de 2019, la periodista Luz Mely Reyes, acompañada por el ex canciller británico Jeremy Hunt, participó en una conferencia promovida por el Reino Unido. (Foto: Gaceta de Prensa / Twitter)
El mayor despliegue de recursos de la WFD fue de 248 mil 725 libras esterlinas, realizado entre 2017 y 2018, justamente en el periodo en que la Unión Europea secundó la estrategia de bloqueo y sanciones de Estados Unidos, mientras que a nivel nacional los voceros del antichavismo la promovía a través del anterior Parlamento venezolano.
Este esquema de apoyo mediático británico se asemeja al de la Fundación Nacional para la Democracia (NED) de Estados Unidos, que también financia proyectos de «libertad de información» en Venezuela, «cortinas» que buscan imponer gobiernos que nuevamente hagan del acceso al recurso petrolero, una «canilla abierta», hoy controlada por la reforma parcial a la ley de hidrocarburos, de la presidenta (e) Delcy Rodríguez.
«Recuperó el conocimiento ayer por la mañana, se encontraba en estado grave. Habla, está estable. La amenaza para su vida ha pasado», dijo el interlocutor de la agencia.
Recordemos que el atentado contra el general Alekseev se produjo el 6 de febrero, en el contexto de las negociaciones sobre Ucrania celebradas los días 4 y 5 de febrero en Abu Dabi, en las que participaron delegaciones de Rusia, Estados Unidos y Ucrania.
Según informó posteriormente el Centro de Información de la FSB de la Federación Rusa, el autor del atentado, Lyubomir Korbu, fue detenido en Dubái y entregado a los servicios especiales rusos.
El jefe de Estado, que anteriormente ocupó el cargo de primer ministro, expuso su postura en las redes sociales. Señaló que la transferencia de los aviones se produjo en un momento en que el país no tenía un sustituto real para ellos. «Hasta el día de hoy, considero un error el hecho de que Eslovaquia se deshiciera de sus MiG en un momento en que no tenía sustitutos», escribió Pellegrini.
Desmintió las afirmaciones de que los cazas transferidos estaban averiados, subrayando que pudieron volar por sus propios medios hasta Ucrania. Al mismo tiempo, el presidente se negó a participar en las disputas políticas y penales en torno a esta decisión, pero señaló que los ciudadanos tienen derecho a saber si el Gobierno de entonces tenía las facultades necesarias.
Recordemos que en 2024 las autoridades eslovacas iniciaron una investigación policial sobre las acciones del anterior gabinete de ministros en relación con la transferencia de equipo militar a Ucrania, pero en noviembre de 2025 las fuerzas del orden no encontraron indicios de delito en estas decisiones.
Sanitarios y ciudadanos madrileños sostienen pancartas en defensa de la salud pública y se movilizaron en una multitudinaria marcha que recorrió este domingo el centro de la capital española. Foto: EFE.
Madrid vivió este domingo 08 de febrero, una jornada de intensa movilización en defensa del derecho a la salud y contra la gestión de Isabel Díaz Ayuso. Convocada por sindicatos y asociaciones vecinales, la marcha recorrió el centro de la capital bajo el lema «Salvar la sanidad pública madrileña». Mientras los organizadores cifraron la asistencia en 80.000 personas, las autoridades rebajaron el dato a 8.000 asistentes, en una jornada marcada por la exigencia de proteger el sistema público.
Los manifestantes denunciaron una brecha creciente en el acceso a la atención médica, señalando que la salud se está convirtiendo en un privilegio de quienes poseen recursos financieros. Profesionales del sector advirtieron que la falta de personal y medios técnicos está asfixiando los centros de salud y hospitales. El deterioro es visible en las demoras de hasta 24 días para obtener una cita médica, lo que pone en riesgo la detección temprana de enfermedades graves.
Las demandas centrales incluyeron un aumento inmediato de la financiación pública y el cese de las transferencias de recursos hacia el sector privado. Los portavoces insistieron en la necesidad de reforzar la atención primaria y reducir las listas de espera para cirugías y pruebas diagnósticas. Asimismo, se reclamó una ampliación urgente de la red de salud mental, defendiendo que la asistencia sanitaria debe ser tratada como un patrimonio colectivo e innegociable.
La protesta también visibilizó las precarias condiciones laborales de los sanitarios, quienes enfrentan jornadas extenuantes que impiden la conciliación familiar. Los manifestantes exigieron un plan de gestión consensuado que ponga límites al poder de la industria sanitaria y garantice el bienestar de los trabajadores. El sentimiento generalizado es de abandono por parte del Gobierno regional, al que acusan de favorecer intereses corporativos por encima de las necesidades básicas de la población madrileña.
En el plano político, figuras de la izquierda se sumaron a la caminata para denunciar que la salud pública está bajo «el asedio de los buitres» financieros. Los líderes señalaron que la administración de Ayuso está transformando un derecho universal en un negocio rentable para grandes empresas y aseguradoras privadas. Criticaron que las élites económicas estén capturando los recursos del Estado, debilitando la estructura social y el carácter solidario de la sanidad pública.
La movilización concluyó con el compromiso de mantener la resistencia en las calles, calificando la recuperación del sistema sanitario como una urgencia social ineludible. Los organizadores recalcaron que esta protesta es parte de una lucha permanente contra el desmantelamiento de los servicios públicos esenciales. Con esta acción, el pueblo madrileño ratifica su rechazo a las lógicas de mercado que pretenden privatizar los pilares fundamentales de la seguridad social y los derechos humanos.
La semana pasada publicamos las declaraciones de Lavrov afirmando que Estados Unidos ya no era un intermediario fiable en las negociaciones sobre la Guerra de Ucrania. Trump se había comprometido a desempeñar ese papel en las negociaciones de Alaska. Debía presionar a Zelensky para que se retirara del Donbas, a cambio de un alto el fuego declarado por Putin.
La Asamblea Nacional (parlamento) de Nicaragua respaldó, por unanimidad, la declaración de la Duma Estatal de Rusia en rechazo al endurecimiento de la política de asfixia que aplica el Gobierno de Estados Unidos contra Cuba.
O labirinto do INSS: cando o Estado abandona á clase traballadora
Hai unha mentira que se repite constantemente en España: que vivimos nun Estado do...
