La posguerra de Siria ya está en marcha. Las fuerzas que han intervenido se preparan a marchas forzadas para sacar tajada de la situación y crear pequeños reinos de taifas. Basándose en fuentes kurdas, el sábado la agencia Reuters informaba de que el PKK/PYD prepara elecciones en Rojava para elegir consejos locales a finales de este verano, seguidas de otras nacionales para el 19 de enero del año que viene.
Los comicios en Siria se unen al referéndum previsto para setiembre en el Kudistán irakí, a pesar de la oposición del gobierno central y los partidos irakíes. Quedaba por saber el pronunciamiento de los turcomanos, que también se ha conocido este fin de semana, por lo menos la del Frente Turcomano Irakí.
Cuantitativamente los turcomanos son la tercera etnia de Irak, tras los árabes y los kurdos. Suman 1.500.000 habitantes y siempre se han opuesto a los planes kurdos. El año pasado Jassem Al-Bayati, diputado turcomano en el parlamento de Bagdad, acusaba a los kurdos de “expansionismo” y hace una semana el Frente publicaba un comunicado oficial en contra del referéndum; ahora hablan de un “apoyo condicional”.
La condición es significativa: el Frente Turcomano quiere compartir el gobierno de Kirkuk, donde se encuentran algunos de los pozos petrolíferos más importantes de Irak, según asegura la cadena kurda Rudaw. Para apoyar el referéndum el referido Frente iniciará un gira por Irán y Turquía a fin de reunirse con sus delegaciones e iniciar la campaña a favor de la independencia de Kurdistán.
Desde la misma creación de Irak, Kirkuk siempre ha sido una ciudad disputada entre árabes y kurdos, aunque la presencia turcomana es muy importante. Para los turcomanos, descendientes de los antiguos otomanos que dominaron Irak, es el centro de su cultura, mientras Talabani dice que Kirkuk es la “Jerusalén kurda” y, en efecto, hoy casi un 60 de la población es kurda… si es que se puede hablar de “población” en medio de una guerra con millones de desplazados.
Dado que la provincia de Kirkuk reúne también poblaciones asirias, aún queda por conocer su pronunciamiento al respecto, pero un siglo después bien podría cumplirse el reparto que los imperialistas británicos y franceses trataron de llevar a cabo en el Tratado de Sevres: un Kurdistán “autónomo” en cuyo seno los asirios estarían obligados a convivir (o malvivir).
¿Qué ocurrirá con los árabes de Kirkuk?, ¿seguirán al gobierno central y se opondrán a la anexión?, ¿deberán abandonar sus viviendas?
En entrevista para teleSUR, el secretario general del Partido Comunista Congolés, Sylvere Boswa condenó la «política criminal» del gobierno de Estados Unidos contra el pueblo libre e independiente de Venezuela y consideró que hay un complot organizado desde la Casa Blanca para dividir al pueblo de este país con el fin de colonizarlo económicamente, ante la crisis económica que enfrenta el imperalismo. Boswa consideró que es importante para el pueblo venezolano sacar las lecciones de lo que ocurrió en Libia, donde se derrocó al gobierno liderado por Muamar Gadafi. teleSUR
Madres contra la droga ante el pazo del narcotrafincante Laureano Oubiña en 1994.
La droga y el movimiento obrero: Hoy la heroína está volviendo a entrar en muchos hogares de España, a través de barrios obreros en una situación muy parecida a la década de los 80.
Hablar del movimiento obrero en España en la recién parida transición es hablar de asesinatos políticos, de diezma de una generación entera a lomos del caballo (introducido por el Estado), reconversiones industriales que destrozaron miles de hogares de la clase trabajadora con el engaño de la entrada en la Comunidad Económica Europea (en adelante CEE). Hablar de movimiento obrero es hablar de la intrahistoria de la clase obrera de España, de sus anhelos, su lucha y su militancia.
Manifestación por la vivienda en Vallecas (Madrid) organizada por los movimientos vecinales años 70.
En la recién estrenada década de los 80 la Unión de Centro Democrático (UCD) comenzaba sus planes de anexión de España a la CEE, argumentando una supuesta mejora de las condiciones de vida del pueblo español con la modernidad de la entrada en Europa, si bien laUCD no podía presentar este programa abiertamente a las masas que acaban de entrar en la supuesta democracia, con un movimiento obrero en alzas en gran parte del Estado, grupos armados revolucionarios sembrando poder popular, un movimiento vecinal reclamando su derecho a ser barrio y clase y un movimiento estudiantil y cultural reclamando su sitio en el espectro político. Para eso hacía falta un plan estratégico diferente, actores nuevos que dividieran a la clase obrera e ir insertando poco a poco la droga en las conciencias de clase.
A través de un pacto de la socialdemocracia europea (en su papel histórico de compañero de perpetuación y reproducción del sistema capitalista) consiguen aupar a la escena nacional a un Partido Socialista Obrero Español (PSOE) totalmente irrelevante hasta el momento, con la desaparición del marxismo de sus estatutos y la aprobación de (entre otros) Willy Brand oMitterrand, ambos dirigentes de la socialdemocracia europea, consiguen cambiar el terreno de juego del movimiento obrero en España.
Gracias a un aparato económico y comunicativo de carácter general el PSOE consigue llegar a la presidencia del gobierno en 1982 con Felipe González a la cabeza. Desbancando así alPartico Comunista de España (PCE) del juego parlamentario en el que se había encontrado cómodo hasta el momento. Con una imagen joven y combativa, cercana a los “nuevos tiempos” los “socialistas” habían conseguido tergiversar el apoyo de la clase obrera a la lucha popular, llegando a revindicar que la solución pasaba por la toma del poder ejecutivo y respaldando la constitución del 78, es decir perpetuando el régimen. La primera fase estaba completada.
Las reconversiones industriales.
Puerto Real (Cádiz) contra la reconversión naval, año 1987.
El PSOE si podía hacer lo que con la UCD el pueblo se hubiera levantado unido para derribarlo. El famoso referéndum de la OTAN y las reconversiones industriales destrozaron un movimiento obrero que se veía envuelto en el hambre y la miseria.
Comprando a dirigentes de los distintos planos de lucha popular con puestos fijos en ayuntamientos o consejerías, sillones en diferentes planos, desmantelaron sistemáticamente luchas que históricamente habían unido a la clase obrera.
Las reconversiones industriales de la época supusieron para cientos de familias de la clase obrera una pérdida de dignidad en sus vidas. Con el argumentario de la entrada en la CEE, muchas de las premisas para la misma pasaban por convertir a España en un país del tercer sector financiero. Las grandes fábricas y talleres fueron aniquilados, la economía tradicional fue desapareciendo poco a poco, la minería y la pesca dejaban de ser yacimientos de empleo para convertirse en subgéneros de trabajo. El Acta de Adhesión de España a las Comunidades Europeas se firmó en Madrid, el 12 de junio de 1985 por el presidente del gobierno Felipe González en el Salón de Columnas del Palacio Real, en ella se afirmaba que la industria naval, la siderurgia, textil y minería debía reconvertirse para poder ser miembro de pleno derecho de la misma.
En estos años se crea una red clandestina de tráfico de drogas vinculada a grupos sociales marginados y sectores de ciudadanos de ámbito geográfico perjudicados por las reconversiones industriales y económicas (Galicia, Canarias, País Vasco). Un ejemplo muy claro es la situación de los pescadores en Galicia. La reconversión naval, el agotamiento de los tradicionales caladeros debido a la sobrepesca y la contaminación marítima, y la ampliación a 200 millas de las aguas jurisdiccionales de muchos países, llevaron a la miseria y al paro a miles de familias trabajadoras. Esto ejemplo como tantos otros en las periferias obreras sirvió para el incipiente incremento en el consumo y venta de una nueva mercancía en España. La droga.
Las drogas en España, contextualización y respuesta.
El Estado decide reorientar la “Guerra contra las Drogas” hacia una doble óptica: represiva y terapéutica.
Desde mediados del siglo XX el consumo de droga en España había sido muy limitado por las políticas económicas del país, los consumidores como tal se abastecían de hachís a través de pequeños menudeos en las grandes ciudades. En materia de opiáceos (como pasaba en otros países de ámbito europeo) no había una demanda en las clases populares (como si pasaba con el hachís) y solo se abastecían de ellas la mediana y alta burguesía de España.
La historia más reciente sobre los consumidores de drogas comienza en el año 1973, en pleno tardofranquismo, cuando gobernaba el almirante Carrero Blanco. En ese año se introduce el fallido art. 344 bis, en el Código Penal, que castiga el consumo y tráfico de algunas drogas, para adaptar la legislación española al “Convenio Internacional de Viena” de 1961 y a la“Convención Intencional sobre sustancias psicotrópicas” de 1971.
Hasta ese año, también había en España el carnet de “extradosis” por el cual algunas personas consumidoras de opiáceos podían acceder a dosis legales de morfina en la farmacia. Es significativo que las primeras partidas de heroína en el mercado negro empezaran a circular en 1973.
Marcial Dorado, conocido narcotraficante, con el que sería presidente de la Xunta de Galicia, Nuñez Feijóo (PP) en un barco de recreo en 1995.
En los años 70 se siguió vendiendo en las farmacias españolas anfetaminas, a pesar de la prohibición internacional. Con la muerte de Franco en el año 1975 y el empiece de las reconversiones industriales muchos marineros se ven obligados a trabajar para subsistir en las incipientes redes de contrabando de hachís, creadas a partir de las mismas redes de contrabando de tabaco rubio americano que en Galicia existían desde los años 50. Los gerifaltes de estas redes siempre han mantenido una estrecha relación con el poder político y económico de la época franquista y posteriormente con sus sucesores (caciques de cada zona y miembros destacados de la UCD, Alianza Popular y en la actualidad del PP (Partido Popular).
En 1985 el primer gobierno del PSOE aprobó el “PIan Nacional contra la Droga”. Este plan es la respuesta del Estado ante el enorme aumento del consumo de drogas ilegales en los años 80. El estado decide reorientar la “Guerra contra las Drogas” hacia una doble óptica: represiva y terapéutica. A la vez que comienza a articularse todo un aparato para-gubernamental de asistencia a los “drogadictos”, en manos de sectas y grupos religiosos mesiánicos y redentoristas. El estado crea su propio aparato terapéutico-represivo a partir de un “lumpen” mafioso, universitario y político cercano al PSOE.
El estado crea su propio aparato terapéutico-represivo a partir de un “lumpen” mafioso, universitario y político cercano al PSOE.
La década de los años 80 fue una época terrible para los consumidores de drogas opiáceas. La aparición del VIH-SIDA, la reaparición de la tuberculosis, la extensión de las hepatitis y enfermedades infecciosas entre los usuarios de heroína callejera adulterada diezmó a toda una generación que venía del movimiento obrero exigiendo un cambio real en el sistema político, económico y social de España.
“Cuando seguías el origen de la heroína desde los barrios, siempre llegabas al mismo punto sin retorno: los cuarteles”.
Cuenta Carmen Díaz, presidenta de la Asociación de Madres Unidas contra la Droga, como ella junto con multitud de madres analfabetas en lo institucional pero con un instinto de barrio y clase que les hacía comprender la realidad realmente existente, como se tuvieron que unir, salir del miedo individual, a la lucha colectiva.
Carmen junto con las demás madres vieron como sus hijos luchaban en la calle, desde los barrios, luchando por un movimiento obrero que estaba siendo comprado por las instituciones, y fue precisamente cuando el relevo generacional estaba llegando cuando apareció la heroína. “Cuando seguías el origen de la heroína desde los barrios, siempre llegabas al mismo punto sin retorno: los cuarteles”. Desde Madres contra la Droga lo tuvieron claro desde el principio, sus hijos estaban siendo asesinados por el Estado. Ocuparon la bolsa con una sentada, caceroladas por los barrios, expulsión de los camellos que casualmente no eran del barrio ni se les había visto jamás por el mismo. Lucha de clases contra un enemigo que iba devorando todo a su paso.
Madres contra la droga ante la audiencia provincial en Galicia
La lucha en los barrios no se hizo esperar, desde los movimientos revolucionarios se hizo la lucha contra la heroína una bandera. La lucha que tuvoJarrai y la juventud vasca contra la heroína es muestra de ello, en Galicia, Madrid, Cadiz… se luchaba contra la droga desde los movimientos organizados, la batalla contra la droga causo la desarticulación de numerosos dirigentes de movimientos revolucionarios, el asesinato de muchos de ellos, pero también la lucha unitaria contra un enemigo común.
Hoy la heroína está volviendo a entrar en muchos hogares de España, a través de los barrios obreros en una situación muy parecida a la década de los 80, con un repunte del paro para la clase obrera, con una juventud que quiere volver a recuperar ese movimiento obrero, cuando la represión arrecia, el Estado vuelve a introducir la heroína.
La respuesta de la clase obrera debe ser la toma de la lucha en la calle, el mantenimiento de la respuesta popular, la creación de ese poder popular en todos los barrios y pueblos, centros de trabajo y de estudios, la respuesta debe ser la lucha de clases.
La introducción de una línea área de Turquía y la ampliación de las capacidades de los vuelos y nuevas frecuencias hacia La Habana contribuyeron a que el número de ingresos en el sector turístico superara el experimentado en igual periodo del año anterior. El siguiente trabajo ofrece los detalles.
Ha pasado medio siglo desde que Israel ocupó Cisjordania y Gaza, y casi siete décadas desde la limpieza étnica de 1948, la Nakba para los palestinos, que constituyó el principio de la discriminación, el despojo, el desplazamiento y el sufrimiento persistentes de los palestinos. Desde entonces, los inalienables derechos de los palestinos han figurado en el orden del día de la ONU. No obstante, la opresión de los palestinos continúa.
En mayo de este año el Centro Internacional de Justicia de Ginebra ha encargado un informe que ha recibido el título de “Por encima de la ley: La no implementación de las resoluciones de la ONU por parte de Israel” (*). El informe evalúa la aplicación por parte del estado de Israel de las resoluciones de los diversos organismos de la ONU (el Consejo de Seguridad, la Asamblea General, el Consejo de Derechos Humanos y el ECOSOC) que afectan a Palestina y a los derechos de los palestinos entre 1948 y 2017. El informe de 330 páginas se basa en estudios realizados sobre el terreno por expertos de la ONU, gobiernos y actores de la sociedad civil. En concreto, se centra en seis áreas temáticas que han sido abordadas periódicamente por las resoluciones de la ONU:
1. El derecho de los palestinos a la autodeterminación
2. El estatus legal, geográfico y demográfico de los “territorios palestinos ocupados”
3. Los palestinos refugiados y desplazados
4. Gobierno, recursos naturales y economía
5. Militarización y operaciones militares
6. Derechos humanos de los palestinos
La principal conclusión del estudio es que Israel ha hecho caso omiso descaradamente de todas las resoluciones de la ONU que critican sus actividades ilegales y sus consecuencias nefastas para los derechos inalienables del pueblo palestino desde 1948. El estudio también sostiene que la ocupación israelí de Palestina está íntimamente vinculada con su sistema de apartheid. La distinción legal israelí entre nacionalidad judía y los estatus de “ciudadanía” o “residencia” de los palestinos constituye la base de la discriminación de estos últimos. Este sistema está asimismo entrelazado con las políticas y las prácticas crecientemente antidemocráticas de Israel contra los disidentes políticos, incluyendo a los opositores judíos israelíes.
Las bases de las políticas y las prácticas israelíes características del colonialismo y el apartheid fueron establecidas hace casi siete décadas, con la Nakba de 1948. Ignorando la resolución sobre la partición de la ONU, Israel extendió sus fronteras más allá de las líneas establecidas por dicha resolución y se anexionó Jerusalén Occidental, que era contemplada en aquel plan bajo protección internacional.
Después de haber impuesto su ocupación militar sobre el restante territorio palestino en 1967, Israel puso en marcha medidas administrativas y legislativas con el objetivo de establecer un control permanente sobre toda Palestina, especialmente a través de su política de asentamientos. En los últimos años, Israel ha dado pasos para subvertir el derecho de autodeterminación de los palestinos en represalia por el reconocimiento explícito de dicho derecho por la comunidad internacional.
Tras su creación en 1948, el estado de Israel desarrolló rápidamente un marco legal para expropiar tierras y propiedades palestinas en beneficio de la colonización judía (primero dentro del territorio ocupado en 1948 y luego en el ocupado en 1967), en un intento de alterar ilegalmente el carácter, estatus colonización judía (primero dentro del territorio ocupado en 1948 y luego en el ocupado en 1967), en un intento de alterar ilegalmente el carácter, estatus y poblamiento de la Palestina histórica.
Basándose en leyes discriminatorias sobre la propiedad, órdenes militares y un régimen de planificación y zonificación propio del apartheid, Israel ha confiscado, expropiado o demolido de forma sistemática tierras y propiedades palestinas tanto en los territorios ocupados en 1948 como en los ocupados en 1967, construyendo y consolidando la ilegal colonización israelí. Estas medidas violan innumerables resoluciones de la ONU que establecen que la construcción de asentamientos israelíes no tiene validez legal y constituye una flagrante violación del derecho internacional, además de obstaculizar gravemente el logro de una paz justa, dura y comprehensiva. La reciente “legalización” retroactiva de asentamientos salvajes hasta ahora considerados ilegales por el estado de Israel, permitiendo así el robo de tierras palestinas privadas, representa la continuación de las violaciones a las que nos estamos refiriendo.
La política de asentamientos, en combinación con la creación de obstáculos físicos, socava la contigüidad del territorio palestino y fragmenta sus comunidades en pequeños enclaves aislados entre sí y controlados por la potencia ocupante, que están siendo rodeados, además, por masivos bloques de asentamientos, muros, puestos de control y vastas zonas de seguridad y carreteras de uso exclusivo para los colonos israelíes.
Los llamamientos de la comunidad internacional, incluido el Tribunal Internacional de Justicia, se los han llevado el viento ante la continuación de la expansión de los asentamientos y de la construcción del muro, que fragmentan el territorio palestino y separan a familias enteras.
Manifestación en defensa del uso de los pozos públicos. Fuente: condavisión.
¿Qué son las cooperativas?
Cuándo hablamos de cooperativas nos referimos a una asociación de personas físicas o jurídicas que, teniendo intereses o necesidades socio-económicas comunes, desarrollan una actividad empresarial, imputándose los resultados económicos a los socios, una vez atendidos los fondos comunitarios, en función de la actividad cooperativa que realizan.
Las cooperativas, con frecuencia, son presentadas como un modelo alternativo a la explotación capitalista, no obstante, estar constituidos en dicho régimen no impide la contratación de trabajadores externos a dicha asociación por lo que a priori, pese a su estructura más democrática, ya sabemos que no tiene porqué evitar la explotación de los trabajadores no socios.No se trata de la apropiación de los medios de producción por parte de la clase trabajadora, o al menos no tiene porqué ser así. Se entiende por régimen cooperativo un sistema horizontal y democrático entre los socios que son a su vez trabajadores de dicha organización empresarial pero no todos sus trabajadores tienen porqué ser socios. Y así está recogido por la ley. Sin embargo es habitual que exista una percepción diferente sobre lo qué significa este tipo de empresa.
Un ejemplo fue lo que ocurrió a finales de Agosto del año pasado cuando se produjo el asesinato del viceministro boliviano de interior, Rodolfo Illanes por parte de cooperativistas de la minería. Desde los medios se nos presentó el conflicto como una revuelta de trabajadores contra un gobierno que le era hostil. Y sin embargo, ¿era eso cierto? Entre las reivindicaciones de este grupo cooperativo se encontraban entre otros puntos la exigencia de no llevar adelante el proyecto de cambio en la Ley de Cooperativas por parte del gobierno deEvo Morales, que permitiría la asociación sindical de sus trabajadores (derecho que no tenían reconocido); Los cooperativista en la lucha por el rechazo de este principio añadieron nuevas exigencias: como la posibilidad de establecer lazos comerciales con multinacionales extranjeras y también rebajar los controles de impacto ambiental a los que son sometidos. Para más información y recordar este caso os invito a la lectura de este artículo. Pero este tipo de conflictos, salvando las distancias, no es exclusivo del país latinoaméricano.
Cooperativas como forma de reactivar la economía local de Huelva.
En la provincia de Huelva, debido a las altas cifras de paro se potenciaron durante los últimos años la creación de cooperativas agrícolas (en la mayoría de los casos destinado al cultivo de la fresa). El resultado fue un éxito numérico, estas cooperativas dedicadas a la agricultura intensiva superan ya en número a las de Almería, provincia estrella de este tipo de cultivo.
Cooperativas y trabajadores.
Estas cooperativas a su vez, como en el caso boliviano, cuentan con trabajadores externos, en el caso de Huelva en la mayoría de los casos inmigrantes traídos en origen o directamente inmigrantes en situación irregular. El nivel de explotación por tanto puede llegar a su nivel más alto por la vulnerabilidad en las que se encuentran los trabajadores de estas cooperativas, completamente ajenos a toda protección laboral por su condición de migrante o peor aún por su condición de estancia irregular. Como consecuencia directa aparecenpoblados chabolistas en las periferias de las zonas de invernadero donde malviven decenas de personas en condiciones infrahumanas.
Es muy difícil cuantificar el número de jornaleros migrantes en situación irregular que trabajan el campo onubense, ya que son trabajadores invisibles no sólo por no aparecer en estadísticas sino porque suelen ser reticentes a hablar y denunciar su situación por miedo a las consecuencias que de ello se deriven, del internamiento en un CIE a la deportación.
Poblado inmigrante en Mazagón, Huelva. Fuente: Blog Venustas, Firmitas, Utilitas.
Las cooperativas según la ley andaluza tienen un límite de contrataciones ajenas a la asociación, sin embargo en los campos de Huelva (como en otros lugares del Estado Español) las cuentas no salen.
Cooperativas y el problema de la tierra.
El régimen cooperativo no es una garantía de uso de tierra comunal como algunos parecen presentarlo, o no tiene porqué serlo, y menos en un país que aún hoy acoge más inmigración de la que exporta.
Además hay que añadir el problema de carácter ambiental que genera este tipo de cultivo y como se están perdiendo las reservas acuíferas de la zona. Esto llevó a un mayor control del uso del agua de los pozos públicos y a protestas masivas en consecuencia por parte de los cooperativistas. Su argumento era que se privilegiaba a las grandes empresas agrícolas que tienen sus propios pozos privados. El impacto ambiental del cultivo agrícola, sobre todo de la agricultura intensiva por su carácter especialmente devastador con el ecosistema, debe ser controlado más allá de estas cooperativas y desde ya, el acceso a un bien necesario para la supervivencia como es el agua debe estar por delante de cualquier maniobra empresarial.
No hay que olvidar que las cooperativas son un modelo empresarial privilegiado fiscalmente precisamente por su condición de estructura más participativa y democrática. Sin embargo, este modelo como vemos en este caso, no sólo no tiene porqué solucionar el problema del empleo, sino además puede originar los mismos problemas de carácter social, laboral y ambiental que cualquier otro tipo de organización empresarial capitalista. No es que sólo este tipo de organización realice estas acciones pero en sí no son una forma de frenarlas. La consideración pública que existe en el imaginario colectivo sobre las cooperativas a su vez provoca un trato especial por parte de la población y una explotación laboral más sutil, ya que seguimos asociando este modelo con un modelo horizontal, local y solidario y por ello obviamos las trampas que la legislación permite para que pese a tener múltiples socios el cooperativismo en nuestro sistema no garantice que no se vulneren los derechos de los trabajadores.
A su vez podemos incidir en el tradicional problema del reparto de la tierra y su vinculación con la explotación de clases. Probado está que un reparto sin control en un mercado capitalista aumenta la desigualdad ya que favorece la acumulación, destroza el ecosistema (el espacio donde los pueblos se desarrollan), y genera caciquismos entres los propietarios (colectivos o no) de la tierra y los que no lo son, nativos o migrantes. El régimen cooperativo no es una garantía de uso de tierra comunal como algunos parecen presentarlo, o no tiene porqué serlo, y menos en un país que aún hoy acoge más inmigración de la que exporta.
En un mercado deslocalizado y competitivo el control de los recursos y su distribución no se puede dejar en manos de la leyes de dicho mercado, asumir que modelos colaborativos, por el hecho de serlo, reducen la explotación se demuestra como un argumento falaz.
Por lo que sería necesario replantear ciertas cuestiones. Por un lado debemos revisar las exigencias en torno al régimen de cooperativas y enfrentar los discursos actuales que desde el “progresismo”, reformista o de tercera vía, sigue proponiendo el modelo de cooperativas como una forma de combate efectivo contra la explotación de clases dentro del propio sistema capitalista, dentro de las múltiples propuestas de economía colaborativa que se trabajan, o de repunte del empleo local sin tener en cuenta todos los factores. En un mercado deslocalizado y competitivo el control de los recursos y su distribución no se puede dejar en manos de la leyes de dicho mercado, asumir que modelos colaborativos, por el hecho de serlo, reducen la explotación se demuestra como un argumento falaz. El problema no es cuantitativo (de número de socios) es cualitativo en relación a la posibilidad de explotación que desarrolla el modelo. Por otro lado, ese viejo (y atemporal) eslogan de la “tierra para quién la trabaja” debería volver a nuestra lucha, porque al fin y al cabo, de eso se trataba, de repartir la tierra como medio de producción para trabajarla no para mantener caciquismos locales de los que en Andalucía, desgraciadamente, sabemos demasiado.
Los pueblos originarios escogen a sus representantes a través de asambleas simultáneas. | Foto: AVN
En la región occidente fueron escogidos Fredy Parapera, Indira Fernández, Nohelí Pocaterra y Aloha Núñez como representantes a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). En el oriente venezolano 1.050 voceros y voceras de comunidades indígenas llevan adelante la asamblea general para elegir a tres delegados.
Un total de ocho representantes de los pueblos y comunidades indígenas a la Asamblea Nacional Contituyente (ANC) son escogidos este martes mediante asambleas que se realizan de forma simultánea en las tres regiones de Venezuela donde se encuentran los pueblos originarios: Oriente, occidente y la zona sur.
La región occidente agrupa a los estados Zulia, Mérida y Trujillo; oriente, los estados Anzoátegui, Bolívar, Delta Amacuro, Monagas y Sucre; y sur, los estados Amazonas y Apure.
En la región occidente más de tres mil originarios de los pueblos Añú, Barí, Japreria, Yukpas y Wayuu, Wasabara, de los estados Mérida, Zulia y Trujillo se concentraron durante este martes en el Planetario Simón Bolívar del municipio Mara, estado Zulia, para escoger a Fredy Parapera, Indira Fernández, Nohelí Pocaterra y Aloha Núñez como sus representantes a la ANC que se activó el pasado domingo en el país caribeño.
En compañía de la rectora @taniadamelio estuvimos en la Asamblea General con los voceros de los Pueblos Indígenas de la Región Occidental. pic.twitter.com/38xvKFLi9y
«Después de 1.200 asambleas realizadas en la región de occidente, aquí estamos los delegados y delegadas de más de 1.200 comunidades indígenas de los estados Zulia, Mérida y Trujillo, garantizando que sigan adelante los derechos de los pueblos indígenas. Hoy con mucho amor decimos que los pueblos indígenas amamos a la Revolucion Bolivariana», expresó Aloha Núñez, constituyente electa durante este proceso.
El Zulia cuenta con el mayor porcentaje de la población indígenas de Venezuela, y confían en la ANC como vía para solucionar los problemas. pic.twitter.com/KoMM7VKfTJ
La rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE), Socorro Hernández, informó que en el oriente venezolano 1.050 voceros y voceras de comunidades indígenas, llevan adelante la asamblea general, apegada a sus costumbres y métodos ancestrales, para escoger tres representantes a la ANC, de 11 candidatos finales postulados.
«Acá nos encontramos observando cómo se desarrolla este lindo proceso de elección de los tres constituyentes indígenas por esta región oriental del país (…) Debemos recordar que esta elección se ha hecho de acuerdo con los métodos ancestrales de las comunidades indígenas», señaló Hernández.
Por otra parte, los delegados indígenas de los estados Amazonas y Apure eligieron a Nelson Mavio, de pueblo indígena Bareck, como representante indígena de la región sur del país.
Igualmente, Clara Vidal, Zoila Yanez y Elías Romero fueron electos este martes como los representantes de los pueblos indígenas en la región Oriental del país, conformada por los estados Monagas, Sucre, Anzoátegui, Delta Amacuro y Bolívar.
El sociólogo estadounidense, profesor James Petras, analiza semanalmente la realidad internacional en exclusiva en español por CX36 Radio Centenario. Usted puede escuchar este análisis en vivo, los lunes 11:30 horas (local) por el 1250 AM del Dial uruguayo y por www.radio36.com.uy ya que la emisora transmite las 24 horas online.
El presidente chino, Xi Jinping, ofrece un discurso en el Gran Salón del Pueblo de Pekín (capital de China), 1 de agosto de 2017.
El presidente de China recalca la preparación de su país para derrotar cualquier invasión, mientras Pekín mantiene una compleja relación con varios vecinos.
«El pueblo chino está lleno de paz, no planearemos nunca la agresión ni la expansión, pero confiamos en poder vencer cualquier invasión», ha declarado el presidente Xi Jinping en un discurso pronunciado este martes con motivo del 90º aniversario de la fundación del Ejército Popular de Liberación chino (EPL), sin nombrar ningún conflicto territorial en concreto.
Además, ha pedido a las Fuerzas Armadas chinas a estar preparadas para defender la integridad territorial y la soberanía del gigante asiático y ha asegurado la inversión para remodelar y modernizar las capacidades de su Ejército.
«El Ejército debe ser lo suficientemente valiente para cambiar e innovar. No debe estancarse en ningún momento o volverse rígido», ha manifestado el mandatario chino.
Estos comentarios se producen en momentos que China mantiene una compleja relación con otros vecinos sobre el mar de la China Meridional, cuya soberanía reclama Pekín.
«Nunca permitiremos a ningún pueblo, organización o partido político dividir una parte del territorio chino en momento ni forma alguna», ha agregado el jefe de Estado chino.
Con estas declaraciones el mandatario chino se ha referido a los nexos de China y Taiwán que han subido de voltaje después de que EE.UU. comunicara un polémico acuerdo con Taiwán que autoriza una gran venta de armas a la isla y el despliegue de naves de guerra en el mar de la China Meridional.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, abogó hoy por más unión y cooperación entre los Estados miembros del ALBA-TCP, a 21 años del surgimiento del bloque de integración creado por los comandantes Fidel Castro y Hugo Chávez.
Este domingo, convocados por el Partido de los Trabajadores (PT), el Frente Brasil Popular, Pueblo Sin Miedo, sindicatos y otros movimientos sociales, miles de brasileños se movilizan para rechazar lo que catalogan como una ofensiva derechista desde el Congreso de la nación. Al frente de sus exigencias figura el rechazo al Proyecto de Ley de Dosimetría, que pretende reducir las penas de los condenados por los actos golpistas del 8 de enero de 2023 y beneficiar al expresidente Jair Bolsonaro.
La escalada de terrorismo en ciertas zonas fronterizas de África Occidental está alterando el equilibrio regional. Los grupos yihadistas, antes confinados en la región del Sahel, ahora incursionan cada vez más en países costeros. Esta evolución se pone claramente de manifiesto en las observaciones publicadas el jueves por Alded, que registra los conflictos a nivel mundial.