El sector rural y la industria textil son sectores habituales para la trata de personas, aún en 2017 en Argentina. “Trabajaba desde las siete hasta la una o dos de la mañana [entre 18 y 19 horas], de lunes a sábado”, comenta Olga Cruz Ortiz, una trabajadora boliviana de 40 años. Hace 20 años que vive en Argentina. Llegó sin documentos y eso le impidió conseguir un trabajo formal. Por la larga jornada, pensó que le pagarían el doble, pero eso nunca sucedió.

Al arribar al país con sus dos hijos, la contrató un pariente de su misma nacionalidad que tenía un “taller familiar” en la ciudad de Buenos Aires. Olga no pensaba que iba a ser esclavizada por su propio primo. En efecto, se desempeñó durante cinco meses en una casa que fue adaptada para realizar actividades textiles en una de sus habitaciones. “Como no sabía usar las máquinas de coser, cocinaba y limpiaba todo el tiempo, para la casa y el taller”, relata.

En el lugar trabajaban “unos 12 trabajadores que solo paraban para ir al baño”, comenta, y añade: “Nadie se despegaba de su máquina, incluso comían sobre ella”. En las pocas horas que tenían para descansar, intentaban dormir: “Éramos tres o cuatro familias en una pieza con cuchetas para compartir”, recuerda.

“Los que estaban hace mucho tal vez trabajaban con retiro, pero los que no conocíamos nada teníamos que estar con cama adentro”. Y comenta la decepción de aquel momento: “Era una migrante que venía con un montón de sueños, y de pronto me encontraba encerraba entre cuatro paredes, con música, hilo y ruidos de máquinas. Otra cosa no teníamos”, se lamenta.

El control de los obreros, y sobre todo, su manipulación sicológica, son fundamentales para el capitalista: “Podíamos salir los domingos, pero solo con el dueño y dejando nuestras cosas en el taller”, explica. Sobre ese punto añade: “Nos decían que no conocíamos a dónde ir, que nos contrataron para trabajar, no para pasear”. Y sentencia: “En general, el trabajo esclavo es así, nunca te sueltan”.

Era una inmigrante ilegal y su jefe jugaba con esa desesperación: la trabajadora nunca denunciaría al explotador por miedo a sufrir una deportación. El capitalista también creía ser el dueño de su vida. A pesar de ello, Olga logró escapar: “Agarré a mis hijos y nunca más volví”. Luego hizo trabajos que no le requerían documentación, como limpieza de hogares, hasta que se unió a “La Alameda”, una cooperativa de trabajo textil que denuncia decenas de casos de explotación laboral. Actualmente trabaja en dos marcas de la organización, No Chains y Mundo Alameda, cuyo lema es: “Libre de trabajo esclavo”.

El caso más sonado acusa a los hermanos Daniel y Juliana Awada –actual esposa del Presidente Mauricio Macri–, por reducción a la servidumbre de costureros bolivianos en las reconocidas empresas Cheeky y Como Quieres que te Quiera. Fueron cuatro causas penales, pero a pesar de las cuantiosas pruebas, las archivaron. Todas comenzaron tiempo antes de que Awada se convirtiera en Primera Dama, pero perduraron en el tiempo.

Una de ellas, iniciada en 2007 junto al gobierno de la ciudad y la Defensoría del Pueblo, contó con el sobreseimiento de los acusados otorgado por el ex Juez Federal Guillermo Montenegro. Poco tiempo después, renunció a su cargo de magistrado y asumió el de ministro de Seguridad y Justicia de la ciudad, cuando Macri ganó las elecciones porteñas. Todo cuadra. Actualmente, Montenegro se postula a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.

El 80 por ciento de la ropa procedente de la industria textil es ilegal. Buena parte se produce en talleres clandestinos ubicados en la capital del país y provincia de Buenos Aires, con trabajadores de Bolivia y el norte de Argentina, para más de 110 marcas importantes. Solo en la ciudad más importante de Argentina hay 3.000 talleres textiles clandestinos, el gobierno porteño en 2015 registró 2.000 sin habilitar, pero se estima que son más, contando lo que no se han inspeccionado.

Hay un promedio de diez trabajadores por taller, por lo que se trata de 30.000 personas. Esto abarca a toda la industria, no solo a ferias populares. La trata termina en ventas de lugares de moda y grandes centros comerciales.

Lejos del ruido de las grandes ciudades, el panorama es todavía más complejo. Si bien es cierto que en la actualidad el Ministerio de Trabajo no brinda datos precisos, en 2014 –bajo el mandato de Cristina Kirchner– un informe sobre los asalariados agrarios expuso: “Solo un 36 por ciento terminó los estudios primarios”. En el documento también destaca los precarios sistemas de contratación, los bajos salarios, el escaso acceso a la salud y el desarraigo que padecen los trabajadores que abandonan sus comunidades. Incluso, muchos de ellos son empleados por temporadas específicas, produciendo aún más inestabilidad en su desarrollo personal.

Los altos índices de vulnerabilidad en el ámbito rural reflejan que este sector casi no tiene llegada a la Justicia para presentar demandas y lo que es peor: casi no conocen sus derechos laborales. El gobierno de Kirchner creó el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA), con el supuesto fin de controlar las irregularidades. Cuando asumió la presidencia Mauricio Macri en 2015, se reemplazó –fallo judicial mediante– por el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores (RENATRE), y aunque el nombre suene casi igual, la diferencia es que el Estado dejó de estar a cargo de los controles.

Ahora, el organismo que debe regular el mercado laboral está conformado por asociaciones como la Sociedad Rural Argentina (SRA) –compuesta por grandes terratenientes y empresarios del sector agropecuario– y el sindicato Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE). El gremio está dirigido por la patronal al servicio de sus intereses. Ambas entidades se negaron a contestar preguntas sobre el trabajo esclavo en Argentina. ¿Qué ocultan? ¿Qué es más importante que defender a los trabajadores que ellos mismos representan?

El sometimiento a los capitalistas rurales está garantizado por el poder político. No es casualidad que una de las primeras medidas del gobierno de Macri haya sido eliminar impuestos de exportación para los grandes sectores agropecuarios, lo que implicó en diciembre de 2015 la suma de 26.000 millones de pesos (unos 1.500 millones de dólares) transferidos directamente al sector.

Junto al desmantelamiento del organismo que se encargaba de fiscalizar el trabajo rural en la Argentina, son dos caras de la misma moneda. El disciplinamiento social es clave para mantener la explotación laboral. Si bien es cierto que las medidas de Kirchner no lograron mejorar las condiciones de vida de estos sectores en el corto plazo, Macri debía borrar al RENATEA porque atentaba contra esas ganancias extraordinarias del trabajo esclavo. Entre 2011 y 2015 se rescataron aproximadamente 1.000 trabajadores, hombres y mujeres, incluso niños, como potenciales víctimas de trata laboral.

La función central del ente era hacer un seguimiento de los casos y efectuar las denuncias penales correspondientes. Desde que asumió Macri no hay denuncias por trata laboral. Un juez federal de una zona caliente de la provincia de Buenos Aires cuenta que ya no hay denuncias; el RENATRE dejó de hacerlo.

Muchos trabajadores vuelven a tener miedo de denunciar a sus patrones por estar en condiciones infrahumanas. Además, es difícil que un obrero que probablemente no terminó la primaria se presente solo ante un juez. Esa persona está sola, no cuenta con un sindicato ni con el Estado, que garantizan el manto de impunidad.

Buena parte de los miembros del gobierno actual se enriquecieron a costa del sudor y maltrato campesino. El actual embajador argentino en España, Ramón Puerta, tiene un terreno en Misiones con más de 1.000 hectáreas. Contaba con 60 trabajadores, de los cuales 40 estaban obligados a vivir allí, en carpas, que en realidad eran lonas con palos. Dormían en el piso, o donde podían.

No tenían luz, tomaban agua sucia de pozo que no era potable. A muchos les habían prometido una paga semanal, cuando llegaron les dijeron que era quincenal y eran obligados a comprar utensilios de trabajo, más la comida, en una despensa que pertenecía al principal socio de Puerta. El dinero nunca salía del predio.

Al final de la jornada de trabajo contaban por un lado la cantidad de yerba cosechada, a eso le descontaban los víveres, alimentos y utensilios de trabajo, entonces la paga terminaba siendo baja, incluso en algunos casos negativa. También hay menores de edad que cuentan esta situación de explotación.

El noroeste  provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero– y nordeste argentino –principalmente Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones– son los territorios más críticos en cuanto a este flagelo, sumados a sectores de la provincia de Buenos Aires.

Para reclutar fuerza de trabajo, los capitalistas suelen buscar obreros baratos en distintos barrios, de a más de 100 kilómetros, y luego se los llevan a los campos. Los trasladan en camiones como ganado y al estar lejos de sus domicilios no tienen más que quedarse en las plantaciones.

En los campos de tarefa –yerba– cuando llega el RENATEA los capataces obligan a los trabajadores a correr y esconderse en el monte durante días.

No se debe pensar que esto es como un caso de explotación del siglo XIX. La explotación tiene que ver con las circunstancias que rodean a las personas. Ya no son necesarios los látigos y las cadenas; el sometimiento se ha modernizado.

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