Sí. Todo empezó por unos estudios que mostraban que la frecuencia de abuso a reos era mucho más alta en prisiones privadas que en las gestionadas por el gobierno. El Gobierno federal tuvo que pagar mucho dinero en indemnizaciones por los litigios que surgieron por violaciones de derechos a presos, por lo tanto, la Administración de Obama decidió terminar con estos contratos, pero con Trump se revocó esta decisión. Por otro lado, volviendo al tema de la industria penitenciaria y la alta población carcelaria, también la economía local de diferentes Estados muchas veces depende del hecho de contar con una prisión, sea de gestión pública o privada.

La prisión provee trabajo para las personas que trabajan en ellas, pero también para las industrias que se benefician de los las personas que visitan a familiares o amigos presos: restaurantes de comida rápida, hoteles, moteles, cadenas de autobuses… Existen pequeñas economías en sectores locales en los que el único negocio tal vez sea la prisión. Peor aún, el Gobierno federal, a la hora de determinar la población en el censo que vive en los distritos legislativos estatales para balancear la población para cada representante, cuenta también con las personas encarceladas como si fueran residentes del territorio donde está ubicada la cárcel, que suele estar a cinco o seis horas de los centros urbanos.

Volvamos ahora a la discriminación o criminalización de la población afroamericana y latina en el sistema penal. ¿Cuál es su punto de inicio?

Todo empieza precisamente con el perfil racial, es decir, el hecho de que la policía, ya sea estatal, federal o local, determina selectivamente cómo va a aplicar la ley penal, y muchas veces lo hacen basándose en estereotipos. Piensan que la cantidad de criminalidad en un vecindario tiene mucho que ver con la raza de las personas que viven en ese vecindario y tal vez con el hecho de que sean migrantes. Ese estereotipo ha sido probado muchas veces en las Cortes, incluso en litigios que hemos impulsado desde mi oficina. Es un prejuicio que no tiene sentido. Las personas cometen delitos sin importar su raza. El mejor ejemplo es el consumo de drogas. Se ha comprobado un sin número de veces que se da en igual proporción en cada raza y etnia en este país. Personas blancas americanas consumen, venden y compran drogas a sus vecinos blancos en proporciones iguales o incluso mayores que afroamericanos o latinos. Pero la aplicación de las leyes antidrogas se hace de manera totalmente selectiva.

Lo que se ve en las Cortes y en las cárceles es una gran mayoría de personas negras y latinoamericanas, la mayoría de veces por posesión de drogas. Segundo, también el sistema tiene mucho que ver con el poder económico, con tener dinero para pagar la fianza. Muchas personas están encarceladas porque no tienen dinero para pagar su libertad hasta que llegue la fecha de juicio. Las personas que se declaran culpables de delitos menores, que no tienen que ser por los que fueron acusados inicialmente, muchas veces lo hacen solo para salir libres de la cárcel antes, y no tienen  acceso al dinero para pagar la fianza.

También hemos visto que mostrar mano dura contra el crimen es una ventaja en el terreno político. Hay muchos candidatos que prefieren encarcelar sin preocuparse de lo que las acciones que se dan las prisiones para rehabilitar a los presos. Lo hacen a propósito porque la mano dura siempre atrae votos. En las elecciones que tuvimos esta semana [la entrevista se realizó el 10 de noviembre] en New Jersey, Pensilvania y Virginia, los candidatos republicanos hicieron todo lo posible para pintar con una criminalidad excesiva a las comunidades migrantes de latinos: los relacionan con la mara Salvatrucha 13, utilizan imágenes de latinos indocumentados a las que a veces les pasan un filtro para oscurecer su piel diciendo que estas personas van a traer violencia… El campo político está bien controlado por mensajes y propaganda que mueven estos estereotipos de criminalidad latina.

Y esto también ha ido a peor con Trump.

Exacto, especialmente ha ido a peor con Trump. Trump cuando era candidato ya dijo que los latinoamericanos eran violadores y asesinos. Cuando vino a Nueva York [en julio] para expresar su mano dura contra las maras y dijo claramente a la policía que la próxima vez que detuvieran a personas de este perfil no se apuraran si golpeaban sus cabezas contra el techo de la patrulla, que no se preocuparan de tratarlos de manera justa. Lo dijo así, promoviendo el abuso policial.

Justo con el tema de la violencia policial, desde muchos colectivos estadounidenses se lleva mucho tiempo denunciando abusos, especialmente contra población negra y latina. ¿Alguna respuesta?

Si, pero muchas veces la respuesta viene de nosotros, de los abogados de derechos civiles y constitucionales que no estamos afiliados al Gobierno y tenemos la capacidad de impulsar demandas.

Ahora mismo tenemos litigios pendientes en las Cortes federales por perfil racial en contra de la Policía y fiscales. Este perfil racial se puede observar en cada una de las fases: en la decisión de arrestar o no arrestar, de meter en prisión, de acusar y de qué cargos, a la hora de marcar fianza o no, de procesar o no a la persona, hasta la sentencia. En cada una de estas fases el análisis demográfico muestra que la comunidad afroamericana en particular, y también muchas veces la latinoamericana tiene más proporción de personas que son tratadas de manera mucho más dura que los blancos, incluso cuando los blancos tengan antecedentes y una acusación inicial más graves. Se ve cómo en las Cortes muchas veces ser blanco en este país tiene muchas ventajas. Y lo hemos visto muchas veces.

Cuando llegamos al segundo mandato de Obama se intentó vigilar las prácticas policiales. La administración de Obama hizo cosas que nunca se habían visto antes: el propio gobierno presentó litigios contra diferentes departamentos de policía –lo hicieron en Puerto Rico, en Nueva Orleans, en Chicago, en Los Ángeles, en New Jersey y en Nueva York– y Obama fue el primer presidente de la historia de Estados Unidos que ha visitado una prisión federal y ha hablado directamente con los presos. Hubo un cambio que no fue tan rápido, pero lo hubo. Y ahora, no solamente tenemos al señor Trump, sino también el fiscal general que él mismo nombró, Jeff Sessions, de Alabama, que es muy conservador. Su actitud es como si estuviera en los años 40 ó 50, de mano dura con el crimen, sin dar tregua, cuando todo demuestra que esta necesidad insaciable de castigar está proveyendo menos seguridad pública.

La Administración general no ve un problema en que la tasa de encarcelación de Estados Unidos sea la más alta del mundo. Tenemos menos del 5 por ciento de la población mundial pero tenemos el 25 por ciento de todas las personas encarceladas del mundo y 42 por ciento de todos los que poseen armas a nivel mundial están en este país. No conozco a ninguna persona que no esté directamente afectada. Todo el mundo conoce a gente o tiene algún familiar en prisión. Yo mismo tengo familiares en las prisiones y he sufrido esta persecución por perfil racial caminando por la calle. Hay una presencia policial excesiva que tiene consecuencias. Hay 2,2 millones en las cárceles, pero además hay otros 70 millones que tienen antecedentes penales, que han pasado por la cárcel, han sido arrestadas en algún momento, han estado bajo vigilancia o han pagado una multa. Esas personas están buscando trabajo y en muchos Estados permiten preguntar en las solicitudes de empleo, no solamente si se ha estado preso por un delito, sino si alguna vez ha sido arrestado. Decir que sí la mayoría de veces resulta en que no consigas el empleo.

En Estados Unidos los jueces tienen bastante poder de interpretación, ¿puede tener también influencia que la judicatura sea mayoritariamente blanca o que en algunos Estados los jueces sean elegidos por la población?

En algunas partes del país los jueces son elegidos por los votantes, como los fiscales, y eso tiene unas consecuencias bastante grandes en el campo del sistema penal. Cada uno compite por ser más severo que el otro. Pero en los últimos 20 ó 30 años hasta los jueces se quejan de que no tienen poder para desviarse de las sentencias imperativas [sentencias mínimas obligatorias] que provee la legislatura. Por ejemplo, en este país hasta recientemente, para personas que consumen cocaína la sentencia fue más severa si es fumada –crack– que si se ingiere por la nariz o boca. Esa diferencia fue establecida por el Congreso durante la ola de consumo de crack. Todos sabían que el crack era más económico y su uso era más habitual en comunidades afroamericanas y latinas que en las comunidades blancas. En este tema, por ejemplo, un juzgado federal no tiene posibilidad de evitar esa condena mínima obligatoria y está obligado a sentenciar con la misma mano dura.

https://elsaltodiario.com/racismo/juan-cartagena-en-ee-uu-el-perfil-racial-se-observa-desde-el-momento-de-la-detencion-hasta-la-sentencia